Como era de esperarse, en tanto se repite como una práctica casi instalada cada vez que el reclamo de la falta de políticas públicas llega a la Justicia, la Fiscalía de Estado salteña apeló la sentencia de la jueza de familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, que apunta a que se cumpla la Ley de Salud Mental.

La sentencia, sin embargo, es con efecto devolutivo. Esto quiere decir que el Ministerio de Salud deberá cumplir con las disposiciones del fallo así este se encuentre apelado. El próximo paso a cumplir por la provincia es la presentación de un Plan de Salud Mental en diez días. Este lineamiento de las políticas públicas, a su vez, deberá enmarcarse en el objetivo establecido por la Ley de Salud Mental que impone que el presupuesto para el sector debe ser el 10 por ciento del total de la partida presupuestaria destinada a la cartera sanitaria provincial. Según lo explicitado por la jueza en su fallo del lunes pasado, las partidas destinadas a Salud Mental de la provincia no llegan al 0,4 por ciento. Esa fue la cifra que indicó al menos la actual secretaria de Salud Mental, Irma Silva, en algunos medios.

Este cálculo fue el que tuvo que hacer la jueza ante las esquivas respuestas que elevó la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Economía de la provincia tras las consultas que se hicieron durante el proceso del amparo, conducta que fue observada por la jueza en su sentencia.

“Todo lo que se incumple es desobediencia judicial”, dijo Carriquiry al hablar con Salta/12 al sostener que en caso de que la provincia no presente el Plan solicitado, también se puede incurrir en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Carriquiry hizo lugar a un recurso de amparo que presentaron los asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz. El caso que impulsó el inicio de las actuaciones fue el de una mujer que al no tener lugar de internación por su padecimiento mental, fue retenida tres días en una camilla en la guardia del Hospital oranense San Vicente de Paul. Desde ese momento los asesores comenzaron a solicitar políticas públicas para contener a los pacientes del departamento con padecimientos mentales, pero ante la falta de respuestas satisfactorias es que decidieron presentar el recurso de amparo.

En la audiencia pública convocada por Carriquiry, y a la que no asistió representante alguno de la provincia, vecinos del departamento comentaron las constantes vulneraciones de sus parientes con padecimientos mentales y, por extensión, de su familia.

Al ser consultada por la posición que demostró la provincia a través de sus representantes durante el proceso que se siguió en el amparo, la magistrada indicó que la “sensación es ese vacío por la desidia que uno ve de parte, en este caso, del Estado o de quienes son los responsables de aplicar las políticas públicas para que la Ley se cumpla”. En este punto, Carriquiry manifestó que de todas maneras la responsabilidad es compartida y no de uno solo por ello “no debemos mirar para el costado” ante una problemática de vulnerabilidad extrema.

El Comité contra la Tortura, a cargo de fiscalizar

Uno de los órganos que deberá hacerse cargo de la fiscalización de que se cumpla con la aplicación de la sentencia enmarcada en la Ley de Salud Mental es el Comité contra la Tortura de la provincia. Ello, hasta tanto funcione en el Órgano de Revisión de Salud Mental, cuya creación fue sancionada recientemente en la Legislatura Provincial y promulgada el 14 de Julio pasado. Como aún resta designar a quienes formarán parte de ese Órgano, se dispuso que el Comité contra la Tortura se encuentre a cargo.

El vicepresidente del Comité, Ramón Corregidor, indicó a este medio que recientemente y antes de la inspección ocular ordenada por Carriquiry en el marco del amparo, el cuerpo que integra hizo una inspección al Hospital Miguel Ragone (de referencia para pacientes con padecimiento mental, ubicado en Salta Capital). Allí se coincidió con la jueza en la falta de políticas de Estado, equipos interdisciplinarios en toda la provincia, o de las condiciones óptimas del Hospital para funcionar. Tras la inspección del Comité “hemos hecho recomendaciones” al Ejecutivo provincial, para que se intervenga en la situación y se optimice para la atención.

El informe de los trabajadores

El lunes pasado, coincidiendo con la fecha del fallo de Carriquiry, los trabajadores del Ragone viralizaron un documento ante la situación que se vive en el Hospital de referencia en el tratamiento de pacientes con padecimientos mentales.

Entre otras conclusiones insistieron en la falta de respuestas por el estado del Hospital y las versiones de “cierre”, que luego se aclaró desde la cartera sanitaria, implicarían “reconversión” de la institución desmanicomializada.

Indica el documento que “hasta la fecha no hemos sido recibidos por el equipo gerencial que desestimó nuestro reclamo además de calumniar a los trabajadores”, al recordar que hay denuncias por acoso laboral. Añadieron que la comunicación directa con autoridades del Ministerio de Salud Pública o de Salud Mental es inexistente. Que faltan auditorías desde 2014 para poder conocer el manejo de los fondos. Entre otras irregularidades señalaron "horas guardias y jefaturas pagadas a quienes no las cumplen y viceversa”. Denunciaron la falta de políticas que acompañen la “desmanicomialización”, y también la falta de convocatoria a quienes forman parte del sector en el servicio público de Salud.

“El desinterés político histórico de las autoridades de turno de la salud pública, incluida la actual gerencia del hospital no hacen más que vulnerar diariamente todos los derechos de las usuarias y usuarios que habitan en esos pabellones por más de 30 años”, sostuvieron al indicar que la propiedad del inmueble en donde funciona el Hospital es “una donación con usufructo para la atención de patologías mentales, no pudiendo destinarse el predio para otras finalidades”.

Los trabajadores concluyeron que la actual situación es “insostenible con el pasar de los años, en el tiempo del olvido y decadencia que tiene nuestra salud pública. No deja de sorprendernos la falta de compromiso con la problemática de salud mental de funcionarios que permanecen en silencio”.