El Observatorio de Política Criminal, que en abril publicó un estudio sobre la expansión del narcotráfico y sus derivaciones violentas en Rosario, avizora meses de alta complejidad, a caballo de un ritmo récord de homicidios que cuenta a esta altura del año con unas 170 muertes violentas y –en su análisis– un poder político que no reacciona en consecuencia. Sus propuestas –este medio las publicó– apuntan a quitar a la Policía de Santa Fe del medio debido a su grado de connivencia con el crimen organizado, y aplicar la Ley de Seguridad Interior para asignarle la calle rosarina a fuerzas federales, entre otras medidas. Incluso, se le anima a un debate difícil como la edad de imputabilidad penal. "Hay que discutirlo porque la derecha ya tiene la respuesta, así que hay que dar el debate", dijo su director. 

"El problema rosarino de base es que la Policia no regula el delito, a diferencia de las policías de otros lugares donde igual participa del delito pero pacta niveles tolerables de violencia. En Rosario no, la policía alimenta la disputa del territorio, y eso se resuelve con toda violencia, en la que las víctimas son jóvenes de sectores marginados. A este ritmo, su tasa de homicidios llegará a 20 cada 100 mil habitantes, el año pasado fue 18 cada 100 mil. Mucho más que La Matanza (5/100.000) o Quilmes (6/100.000), por citar lugares calientes del conurbano bonaerense", dijo Ariel Larroude, el director de esta ONG que el miércoles a las 18.30 brindará una charla vía streaming, convocado por el Foro Regional Rosario. Para participar, hay que inscribirse en este link.

Larroude es docente y consultor en Política Criminal y Seguridad Ciudadana, asesor externo del Ministerio de Seguridad de la Nación, y ex director de Política Criminal durante 2020 y 2021. En diálogo con este diario, celebró que su informe Rosario, un sueño de paz motivara al menos un llamado para indagar en el asunto, aunque se extrañó de que el interés no proviniera ni del gobierno provincial ni municipal, dado que sus personeros han hecho campaña con la seguridad pública como leit motiv.

El convite llega al cabo de unos días de intensa sucesión de asesinatos, hasta con tres o cuatro por día como se ha visto. En palabras del analista, esto puede ponerse peor. "Cuando hicimos el informe veíamos que por lo sucedido en el verano y otras cuestiones técnicas podíamos estar ante uno de los años más complejos en cuanto a homicidios. Lamentablemente, vamos comprobando que no estábamos errados. La situación es muy complicada y todavía no llegamos a diciembre, que habitualmente es un mes muy caliente en este sentido", dijo. 

En la matanza de los últimos días, algunos casos tuvieron alto impacto, como el de un niño de 13 años en barrio Emaús, una chica de 15 en barrio Bolatti y la mujer que esperaba el colectivo y fue asesinada en medio de una balacera en zona sur. Ante ello, Larroude encuadró esas calamidades como "el proceso de violencia natural en las rencillas del narcomenudeo, con participación de niños y jóvenes en esas estructuras criminales, directamente o como involuntarios testigos, propio de los barrios más carenciados".

"Esa conflictividad también pasa en Buenos Aires, pero en Rosario es más compleja, agrega lamentablemente un nuevo foco de conflicto: la edad de las víctimas", agregó Larroude.  

Inusual fuera de las tribunas punitivas y de derecha, el director del Observatorio alentó un debate de alta polémica: la punibilidad de los adolescentes. "La democracia necesita un debate sobre la minoridad, cómo contener a los chicos que están expuestos a esta rutina violenta. Cómo empezar desde el Estado a poner límites, no para que el menor sea reprimido, sino para que las agencias sociales intervengan en el territorio con inteligencia y eficacia tal que la situación no se agrave más de lo que está", definió.

Por lo tanto, para Larroude, "a partir de 14 años de edad, solo para casos graves como el homicidio, se puede discutir en un debate democrático si es necesario bajar o no el límite de imputabilidad. Hace falta ese debate, como hace falta también debatir la ley de drogas, y re debatir la ley de salud mental, como hace falta debatir otras leyes en Argentina que hacen al problema que padece Rosario". Así planteó que "la idea de penalizar sin abrir antes un marco de contención y trabajo para estos pibes que padecen la violencia puede resultar más grave aún que lo que estamos viviendo".

En sencillo, lo que el observador plantea es evitar que los niños y adolescentes asuman el "oficio narco" como una salida de vida mejor que las opciones que pueda proponerles la economía formal, la sociedad integrada. "No es fácil en un contexto de contrucción de identidades, de masculinidades en la que hasta ahora esos chicos entienden que solo generan respeto a través del miedo", razonó Larroude.

Consciente de que más de uno se eriza ante la reapertura de este debate, Larroude advirtió: "No hay que esquivar el hecho de discutir qué hacer si un chico de 14 años mata y se vuelve a la casa en un par de días. Porque la derecha ya tiene preparada la respuesta, entonces hay que dar el debate. No se trata tampoco de meter preso a los pibes sin otras políticas públicas que lleguen antes. Porque si no, vamos a tener pibes pobres detenidos que luego volverán a la sociedad civil y sin herramientas otra vez. No digo para todo, pero en el caso de delitos graves, creo que sí hay que dar el debate, por que si no parece que le escapamos al problemas. Y la verdad es que quien más sufre la delincuencia son los sectores más vulnerables de la población", concluyó. 

Negritos y lavadores VIP

Dicho esto, Larroude apuntó a la doble moral que campea en el análisis del vulgo y de la prensa hegemónica sobre la génesis del crimen organizado. "Rosario se expone como un foco violento quizás porque el establishment rosarino prefiere que se muestre su problema de violencia urbana como un asunto entre negritos de la periferia, y no también como un problema grande que proviene del lavado de activos de la agroindustria, que en la city se encuentra con el lavado narco. Y si no, reparemos en tantas torres de departamentos vacíos junto al río, y los cargamentos de droga que se incautan en Europa pero que antes pasaron por el río Paraná", observó. 

Larroude trazó diferencias entre el desempeño policial en Rosario con el de otras ciudades. "En Rosario participa del delito pero no regula el territorio porque es notoria su connivencia en favor de unos y en desmedro de otros. Genera competencia, y cuando el control está atomizado la muerte es inevitable porque el territorio está en disputa. Falta un control piramidal que sí lo tienen otras policías", trazó el analista.

"En Buenos Aires la policía trabaja de manera piramidal, recauda por jerarquía, pacta con delincuentes niveles de violencia como para garantizar gobernabilidad. En Rosario no, porque hay varias potestades represivas y la policía está involucrada con uno de los bandos en pugna", afirmó sin querer entrar en nombres propios.

Por último, repasó con tono crítico la descentralización policial que Santa Fe realizó en 2011. "Era cuando más se necesitaba centralizar y piramidalizar. Después vino el triple crimen de Villa Moreno y la seguidilla de asesinatos y venganzas hasta hoy. Fue la génesis de una policía que pasó a autogestionarse atomizada y de manera anárquica", culminó.