Un estudio desde la criminología y la seguridad pública como política de Estado indagó en la violencia narco que asuela Rosario, en tanto ciudad cuya tasa de homicidios cuadriplica el promedio país, y concluyó en que una de las primeras medidas a tomar debería ser quitar a la Policía local del medio y aplicar la Ley de Seguridad Interior para asignarle la calle a fuerzas federales. El análisis llegó en vísperas del desplazamiento del jefe de la Unidad Regional II, tres meses después de haber asumido. Pero el asunto –sostiene el dossier– viene de mucho antes.
"Rosario, un sueño de paz" se llama el informe elaborado por la ONG Observatorio de Política Criminal, dirigido por Ariel Larroude, abogado, consultor en políticas de seguridad pública, y ex director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Empieza por contemplar el empobrecimiento que las crisis económicas de los '80 y principios de los '90 causó en los barrios periféricos, donde hoy se cuentan los muertos por la violencia urbana, varones pobres de entre 15 y 29 años, en su mayoría. No es menor el dato de que de los 112 asentamientos de población excluida que registra el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), 49 se fueron armando y consolidando entre 1990 y 2016: indicio de la expansión la pobreza, pero también del polo de atracción que ha significado Rosario para las migraciones internas.
El estudio también sopesa la condición de ciudad sin el esqueleto burocrático estatal que sí posee, por ejemplo, Santa Fe como ciudad capital. Es un rasgo que ya otros han apuntado: como la ciudad no tiene un colchón de empleo público suficiente como para sostener más o menos estable su actividad, la población rosarina sufre más que otras cualquier sacudón de crisis económicas. También puede aprovecharlas más, por imperio del predominio del sector privado de la economía, aunque ahí ya haya que revisar qué tan equitativa es la distribución de la riqueza que genera.
Y este punto es, justo, lo que extraña a los ojos porteños la cuestión Rosario. Una ciudad en el centro de uno de los mayores complejos agroexportadores del mundo, con una tasa de 18 homicidios cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que el promedio nacional. Al cierre de esta nota, el departamento contaba 83 asesinatos en menos de cuatro meses que lleva el 2022. "Tiene riqueza agroindustrial, una enorme circulación de dinero, y sin embargo una violencia mayor que muchos municipios del conurbano bonaerense con dinámicas más complejas. En todas las ciudades se vende droga, Córdoba, Buenos Aires, pero no tienen este índice de homicidios. Lo que pasa en estas es que la policía regula el delito, y en Rosario hace tiempo que ya no", plantea Larroude.
Su análisis asume que desde los '90 o 2000 hacia aquí, el narco se expandió puesto que Argentina en esos años dejó de ser un lugar de tránsito para ser un país de producción y consumo de estupefacientes. En Santa Fe, la población que consumió marihuana en 2011 fue el 2,4% del total, en 2017 esa proporción creció al 9,6%. De la misma manera, la población que consumió cocaína en 2010 fue el 1,1% del total, y para 2017 esa proporción creció al 1,8%.
Ocho meses le llevó a este criminalista entender el problema de Rosario y elaborar el informe que en pocos días vendrá a presentar. "Trato de poner en palabras lo que desde CABA no se llega a comprender", dijo.
Pasaron cosas
Entre la bibliografía consultada, se cuenta un trabajo del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain: Entre mitos y fabulaciones políticas: el control del narcotráfico en Argentina (2003-2017).
El estudio del Observatorio de Política Criminal postula que en los barrios rosarinos, en los últimos 30 años, el Estado en su faz policial avanzó como agente de intervención ante la conflictividad social, en detrimento de políticas públicas de desarrollo social. "Esta transmutación fue la que le permitió a la policía santafesina, y en estos últimos años también a la mismísima criminalidad, acumular un poder tan exorbitante para administrar no solo esa potencialidad violenta de los barrios más humildes, sino también fomentar que la misma se convierta en redituable en términos económicos", plantea.
El dossier marca también cómo se expandió el narcomenudeo a nivel capilar en la geografía urbana de esta y otras ciudades. "Desde principios del 2000 en sus periferias comenzaron a instalarse cocinas y laboratorios de drogas a cargo de organizaciones criminales pequeñas y rudimentarias, pero de base parental. Es decir: familias que comenzaron a tener como medio de vida el comercio de estupefacientes a mediana y baja escala, principalmente para abastecer a los mercados de cercanía", señala.
Esa proliferación propició la disputa por los mercados y en consecuencia disparó la violencia armada, multiplicó la oferta y bajó el precio.
La violencia urbana en Rosario se explica menos por la delincuencia ordinaria que por cuestiones de la criminalidad organizada. El 60% de los homicidios responde al patrón del narcotráfico o el narcomenudeo, y el 77% ha sido premeditado y planificado. De allí se infiere que "hay una estructura corrupta que involucra a las agencias estatales: fuerzas de seguridad, parte de la Justicia (federal y provincial) y la clase política". Casi todos los crímenes ocurren en la calle, lo que da la pauta de la naturalización que Rosario ha hecho de sus códigos de violencia.
"En una sociedad hiperviolenta, con llamativa facilidad para acceder a las armas de fuego, se supone que las fuerzas de seguridad han delegado el monopolio de la fuerza en distintas bandas criminales para que estas diriman sus conflictos al margen de la ley. En Rosario hay un oligopolio de la fuerza, entre la policía y las bandas criminales. Hay muchas personas con capacidad para matar", dedujo el autor del informe en charla con Rosario/12.
La conclusión científica es: "El Estado, en Rosario, ya no posee ese monopolio coercitivo de la fuerza sino que lo comparte, por delegación o debilidad, justamente con esa sociedad que debe tutelar pero a la vez reprender si sus acciones se expresan al margen del derecho". Y cuando dice "esa sociedad que debe tutelar" alude a las estructuras del crimen organizado.
Por otra parte, al informe no escapa que "la violencia y el volumen de dinero generado a través del narcotráfico, impusieron a la fuerza un nuevo actor emergido desde la periferia rosarina que hoy se codea con el sector agroindustrial de la ciudad, siendo las cuevas financieras su punto de conexión para el lavado de activos y los negocios en común".
La doble faz de la Rosario que alguna vez se autoproclamó "la mejor ciudad para vivir", cuando todo era ser sede del Congreso de la Lengua Española mientras la gestión Lifschitz desactivaba el programa Crecer, de contención y promoción social.
La diferencia con el también estigmatizado conurbano bonaerense es que –según plantea el documento– allí la Policía regula el delito: decide qué pasa y qué no pasa en la calle. "Participa de los negocios ilegales, pero sabe dónde poner el freno para que el delito no se complejice tanto y que el territorio se torne ingobernable", resumió su autor.
"En Rosario eso no sucedió. Ni la cúpula policial actuó ante los primeros hechos de violencia letal como un cuerpo homogéneo capaz de regular el territorio, ni la clase política hizo lo necesario para evitar más derramamiento de sangre, cuestión que produjo un desmanejo notorio en el control de la criminalidad de la ciudad ribereña", examinó.
"La policía desde 2013 en adelante está atomizada –añadió Larroude–, hay divisiones que tienen mucho más poder territorial que el mismo Ministerio de Seguridad. Esto es transversal a la idea partidaria. Y Nación no ha sabido qué hacer mas que enviar agentes federales, y eso no resuelve el problema. Para detectar qué barcaza trae la droga por el río no hacen falta mil gendarmes en la costa, hace falta análisis criminal".
Por lo tanto, "el cambio de paradigma del consumo y comercialización de drogas en las ciudades argentinas", "la atomización del control territorial por parte de la policía", y "la consolidación de un orden económico violento y clandestino" parieron este presente de violencia criminal descontrolada.
El pronóstico, aquí no es promisorio: "Mientras esta situación de anomia y atomización policial perdure –apunta el estudio–, será imposible para cualquier bandera política impactar de lleno en la criminalidad. Ello, toda vez que los elementos con los que cuenta la provincia para llevar adelante dicha iniciativa están corroídos desde hace por lo menos diez años".
Propuestas de solución
El Observatorio de Política Criminal concluye con propuestas que su autor enumeró de manera resumida para esta nota, pero que se desarrollan en las 56 carillas del informe.
"Proponemos la creación de un comité de crisis en el marco de la Ley de Seguridad Interior, para que las fuerzas federales se hagan cargo de la seguridad ciudadana en Santa Fe el tiempo que haga falta. En este nivel de violencia, la Policía de Rosario no puede seguir operando, por el nivel de connivencia con el delito y porque las nuevas camadas de policías crecen en un territorio contaminado, atomizado", dijo Larroude y comentó el caso extremo del chico de 14 años que la semana pasada asesinó a sangre fría con 4 balazos a una joven de 25 que le recriminó que hiciera alarde de andar armado por el barrio Bella Vista.
Consideró necesario sostener la campaña de desarme civil pero con "un buen incentivo económico que aliente a la gente a sacarse el arma de encima: hay 1,5 millón de armas sin registrar".
Otra pata del asunto sería reformar la ley 23.737 que establece la penalidad de los estupefacientes. "Es obsoleta, legitima la persecución al consumidor, en lugar de darle herramientas al Estado para perseguir la trama compleja del delito. La persecución al consumo incrementa el valor del estupefaciente porque es el valor que paga el que comercializa para poner ese bien a la venta. Si está perseguido por la policía, es más por el riesgo que le genera poner eso en la calle. Hace falta entonces una discusión seria sobre esto", planteó Larroude.
Postula la regionalización operativa de las fuerzas de seguridad para la prevención y represión de los delitos vinculados a la narcocriminalidad. "Que se entienda el entramado del fenómeno, el río Paraná, las rutas nacionales por donde ingresa la droga".
Por último, un asunto clave: "Hay que fortalecer las estructuras del Estado con capacidad de hacer análisis criminal, es un nivel más complejo de política de seguridad que poner o sacar policías de la calle. Abrir una discusión seria sobre el rol de la Inteligencia Criminal en Argentina", finalizó.
