A través de la red twitter, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que el próximo jueves se informará, por la Secretaría de Energía, cuándo será la entrada en vigencia del régimen de segmentación de tarifas para el servicio domiciliario de luz y gas. "La segmentación y el tope de subsidio tendrá un criterio federal con comprensión climática", precisó en uno de sus tuits, dando a entender que los valores no serán los mismos ni únicos para todo el país. "En el caso del agua, (la segmentación de tarifas) regirá desde el 1º de septiembre", indicó. 

Quizás por la cercanía con la máxima autoridad de Aysa (Malena Galmarini, su esposa), Massa pudo asegurar con precisión la fecha de puesta en vigencia del nuevo régimen tarifario y ya a partir del mes que viene. Porque en el caso de las prestadoras del servicio domiciliario de luz y gas arrecian los interrogantes. No hubo un intercambio de información ni consultas con las empresas de energía acerca de las dificultades y posibilidades de implementar el sistema con los datos hasta aquí disponibles, ni una evaluación acerca de cuánto tiempo demorarían las mismas en adaptar sus sistemas de facturación a las nuevas modalidades. Téngase en cuenta que las distribuidoras no son sólo grandes empresas como las que atienden a los clientes del AMBA, sino que en grandes extensiones del interior el servicio se presta a través de cooperativas que, incluso, prestan más de un servicio.

No es el único interrogante que queda abierto. El otro, y no menor, es quién será el secretario de Energía que el jueves haga los anuncios. Ya que en las últimas horas abundaron los comentarios e informaciones de que el actual titular del área, Darío Martínez, sólo esperaba que se le designase el reemplazante para dejar el cargo. Y en fuentes oficiales, la única información concreta que se daba en estas últimas horas era que "posiblemente no haya novedades en el fin de semana, el anuncio se hará el lunes". No puede descartarse totalmente su confirmación en el cargo. Pero tampoco que a Martínez lo acompañen en su salida varios miembros de la segunda y terceras líneas de la Secretaría. En este último caso, ya estaríamos hablando de un replanteo de toda la política energética. De todo ello, circulan profusamente versiones, y de calificadas fuentes.

A propósito de la política energética, Massa recordó, en su hilo de tuits, que ya elevó a Presidencia el decreto del régimen para el sector hidrocarburos. "Es clave el aumento de nuestras exportaciones en ese sector, en un mundo que vive una feroz crisis energética", enfatizó.

"A la segmentación se agregan topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. Quien menos consume o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga", señaló el ministro explicando el sentido de poner un máximo de consumo subsidiado por hogar de 400kwh por mes para los grupos familiares que, por nivel de ingresos, les asista el derecho a mantener el subsidio. 

Un criterio similar se aplicará al consumo de gas, aunque en este caso la cuestión de la definición de límites de consumo subsidiado por regiones pasará a ser fundamental para mantener cierta equidad en el nuevo régimen tarifario. Dicho a grandes rasgos: el consumo medio de gas natural en los hogares de la Patagonia es aproximadamente el doble del consumo medio en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, el consumo medio en las provincias del norte es alrededor de la mitad del consumo de un hogar de CABA. Las diferencias climáticas marcan diferencias tajantes entre unos y otros.

Y no es el único aspecto a tener en cuenta. En vastas zonas del interior del país, incluso de Neuquén --principal provincia productora de gas de la Argentina--, no llega el suministro de gas por redes, lo que eleva sustancialmente el consumo eléctrico. Prácticamente no hay hogar, aunque sea mínimamente equipado, que no supere largamente los 400 kwh de consumo eléctrico mensual. ¿Habrá un reconocimiento a esta situación en la definición del cuadro tarifario? En el extremo, muchas de estas zonas sin gas tampoco tienen agua corriente, con lo cual suelen recurrir al uso de motores para obtener el fluido de los pozos de agua. Nada es sencillo y, mucho menos, de implementación inmediata, por más que el Fondo Monetario reclame modificaciones urgentes. 

De todos modos, la apuesta del gobierno es a un ordenamiento del sistema, acompañado de un mejor uso y más racional de los recursos, con resultados favorables tanto en términos de distribución como de ahorro fiscal. "Si ahorramos agua y energía, y ordenamos el sistema de distribución de subsidios protegiendo la tarifa social, el Estado se ahorrará $500.000 millones al año", fue el cálculo que Sergio Massa hizo público en la noche del sábado a través de su cuenta de twitter.