A siete años de los asesinatos de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco en Villa Lugano, el policía federal Daniel Veyga fue absuelto por el Tribunal Oral Criminal Número 16, al dar como válida la versión del acusado, en la que se presentó como víctima de un robo, del que logró defenderse descargando su arma reglamentaria en la cabeza de los jóvenes de 18 y 25 años. La fiscal Helena Díaz Cano había solicitado 9 años de prisión; el abogado de la querella, Matías Busso, pidió condena perpetua. En medio de un fuertísimo operativo policial, la sentencia del TOC 16 —cuyos argumentos se conocerán más adelante—, exculpó al policía y desde mañana “podrá volver a la fuerza y va a recibir una indemnización por hacerlo”, señaló Busso.  “Muchas gracias”, fueron las palabras finales del policía en la audiencia previa a la sentencia.  

“El fallo genera mucho dolor y bronca, porque no se ajustó a derecho ya que entendemos que había elementos para una condena, pero también porque la absolución está rodeada de los maltratos del Poder Judicial hacia los familiares. Nunca se los trató como víctimas sino como delincuentes, por pertenecer a un sector humilde”, lamentó el abogado querellante en diálogo con PáginaI12.

Se llegó al juicio oral a partir del video presentado como prueba por la familia, donde se ve como en la noche del 8 de julio de 2009, antes de ser asesinados, los jóvenes fueron humillados, torturados. Además, durante las audiencias, los peritos confirmaron que los disparos hechos con la pistola reglamentaria del federal fueron a con intención de matar. Sin embargo, el abogado querellante lamentó que “el tribunal tenía el fallo antes de los alegatos, se notó en el trato hacia la familia”.  

Desde el 6 de junio, el juicio oral se desarrolló en una sala con capacidad limitada para unas pocas personas, “no había lugar ni para los familiares”, indicó Busso.  Tras las primeras audiencias, la familia alertó por la dura restricción del tribunal —integrado por María Cristina Bértola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani— al ingreso de los medios de comunicación o acciones como las de pedir una cámara de fotos para borrar los archivos, luego de que se tomaran imágenes del acusado. La denuncia fue respaldada públicamente por medios alternativos y por referentes de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas.

“Kiki” y Ezequiel fueron asesinados en Villa Lugano el 8 de julio de 2009, pero sus cuerpos no fueron encontrados hasta el 14 de septiembre del mismo año: Lezcano enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita y Blanco en la morgue judicial también como NN. Antes de que por impulso de las familias los cuerpos fueran hallados, Veyga —policía de la comisaría 12ª— se había presentado ante el juzgado de Fernando Cubas, entonces a cargo de la causa, para contar su versión de los hechos y por la que lo absolvió en 2011.

En noviembre de 2012, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal —a partir del video de la noche del 8 de julio presentado por la familia— revocó el sobreseimiento, apartó de la causa a Cubas y abrió el camino para que Veyga llegue al banquillo de los acusados. El TOC 16 volvió a absolverlo, aunque en la sentencia reconoció irregularidades en el procedimiento de investigación y envió la investigación al Ministerio de Seguridad.

“La Federal investigó los asesinatos, la misma fuerza a la que pertenecía Veyga. El sumario estuvo los primeros 12 días en la comisaría, no se mandó a constatar el lugar del hecho. Durante el juicio surgió que la primera persona que llega a asistir a Veyga tras los asesinatos fue su hermano, que también es policía de la Federal”, describió Busso a la espera de los argumentos de la sentencia.