Los partidos que respaldan el borrador de la nueva Constitución de Chile, que se someterá a votación en menos de un mes, dieron a conocer este jueves los ajustes que impulsarían sobre el texto si este es aprobado.

De acuerdo con las encuestas, el borrador constitucional no cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobado en el plebiscito del 4 de setiembre. Ante esta situación, semanas atrás los sectores que lo respaldan empezaron a trabajar en plantear qué ajustes le harían al texto elaborado por la Convención Constitucional.

Los partidos que firman el documento con las modificaciones, que forman parte del oficialismo, señalan que el acuerdo "aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía", con lo cual está "contribuyendo al voto responsable e informado".

"Las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional", añaden las formaciones, dejando la puerta abierta a modificaciones posteriores.

En vistas de la posibilidad de que se apruebe una nueva Constitución y de los cambios que proponen quienes están a favor y en contra, el Congreso de Chile aprobó este miércoles una reducción de los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional. Hasta ahora eran requeridos dos tercios de los 50 senadores y los 155 diputados; la norma aprobada establece que serán cuatro séptimos. Esto implica que en la Cámara de Diputados los votos necesarios pasarán de 104 a 89 y, en el Senado (cuya eliminación propone el borrador de la Constitución), el cambio será de 34 a 29.

Cuestiones indígenas

Varios de los debates en torno al borrador de la nueva Constitución se centran en las potestades que le atribuye a los pueblos originarios respecto a cuándo tienen que ser consultados antes de la toma de decisiones, la autonomía de sus territorios y el alcance de su sistema de justicia.

Quienes respaldan la opción del Apruebo aseguran que las potestades que se entregan a los pueblos originarios están bien delimitados en el documento, pero los impulsores del Rechazo aseguran que la actual redacción les otorga demasiada autonomía y exige su aval para cualquier reforma de la Constitución.

En cuanto a la consulta y el consentimiento previo, el artículo 66 del borrador establece que los pueblos originarios “tienen derecho” a ser consultados previamente ante “medidas administrativas y legislativas que les afectasen”, mientras el 191 añade que “deberán ser consultados” y dar consentimiento con respecto a “aquellas materias o asuntos que les afecten” en sus derechos reconocidos en la Constitución. En el acuerdo presentado este jueves se establece que el texto será modificado para aclarar “que el verdadero sentido y alcance” de la consulta “se refiere solo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”. Con respecto al consentimiento previo, “se establecerá explícitamente que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Otra limitación propuesta por el acuerdo recae sobre las autonomías territoriales. El borrador constitucional les atribuye en su artículo 187 “autonomía política, administrativa y financiera”, a la vez que aclara que “en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión

territorial”. Aún así, quienes impulsan el Apruebo proponen que haya una modificación posterior del texto que “establecerá expresamente” que las atribuciones de la autonomía territorial indígena “deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile” y en ningún caso “puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional”.

La restricción más importante en este apartado refiere a la justicia indígena. El artículo 309 del borrador indica que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”. En el acuerdo, se señala que si se aprueba el texto “no existirán regímenes de justicia paralelos”, que la justicia indígena “solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales” y que “siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.

El acuerdo incluye otros cambios que refieren a la justicia. El primero de ellos es reemplazar el nombre propuesto de “Sistemas de Justicia” por “Poder Judicial”. El segundo, “revisar la composición del Consejo de la Justicia”, órgano encargado de “los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina” en el sistema judicial, para asegurar que la mayoría de sus 17 integrantes sean jueces. El tercero, “implementar el recurso de tutela”, una acción legal prevista en la Constitución vigente a la que recurren los chilenos cuando perciben violaciones a sus derechos, que el borrador de la nueva Constitución modificaba en varios aspectos, lo que generó críticas entre juristas.

Pensiones, sistema de salud y educación

El sistema de pensiones fue uno de los focos del estallido social de 2019, que derivó en la reforma constitucional, y la propuesta sobre este tema generó mucha expectativa. Sin embargo, el borrador de la carta magna le dedica únicamente el artículo 45, en el cual apunta que “la ley establecerá un sistema de seguridad público” y que la política de seguridad social será definida por el Estado. En otro artículo, el 33, se indica que las personas mayores tienen derecho “a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”.

Desde el Rechazo se señala que el planteo es muy vago y deja la política de seguridad social sujeta a los gobiernos de turno; también surgieron voces críticas con señalamientos similares desde los sectores más a la izquierda del Apruebo, que esperaban otro tipo de garantías para los pensionados. Quienes se oponen al actual borrador constitucional también reclamaron en su momento que la Constitución garantizara la existencia de un sistema de pensiones privado (que rige actualmente en Chile) y que los fondos de los trabajadores en ese sistema son inexpropiables.

El acuerdo al que llegaron los partidos del Apruebo garantiza la existencia de las administradoras de fondos de pensiones, al establecer que “la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto”, que seguirá teniendo “un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

Otro punto central en los debates sobre el borrador constitucional ha sido la propiedad privada de las viviendas. El documento indica en su artículo 51 que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna” y que “el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno”, lo que fue utilizado por algunos de los que rechazan el texto para asegurar que se atentaba contra el derecho a la propiedad privada. Se llegó a decir que el Estado se podía arrogar la posibilidad de recurrir a expropiaciones de segundas o terceras viviendas para entregarlas a personas con menos recursos.

En el acuerdo presentado este jueves se propone modificar la nueva Constitución para “asegurar explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Acerca del sistema de salud y la educación, el documento indica que se legislará para asegurar que se respetará la participación de los sectores privados en ambos sectores. En el caso de la salud, “la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados”; con respecto a la educación, “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado”.

Reelección, seguridad y gasto público

“Acordamos que para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los propios procesos político-electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente”, indican los sectores que respaldan el Apruebo en el documento presentado este jueves. El borrador constitucional que será sometido a plebiscito habilita la reelección inmediata y establece una serie de limitaciones para quien ocupe la Presidencia y quiera optar por un nuevo mandato. Las agrupaciones también se comprometen a “analizar” la propuesta de nuevo sistema político incluida en el borrador para “lograr el mejor equilibrio”, especialmente en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana y atribución de funciones a las distintas entidades territoriales.

En este sentido, desde ya se propone eliminar las atribuciones vinculadas al gasto público que se atribuyen en el borrador constitucional a los parlamentarios, así como limitar las que se otorgan a las entidades territoriales.

También se incluye en el acuerdo un aspecto vinculado a la seguridad, ya que se propone incluir expresamente en la eventual nueva Constitución la figura de “estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar (...) en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”. El borrador no impedía esta posibilidad, pero los sectores que rechazan el documento reclamaban que estuviera expresamente planteada, ya que este mecanismo ha sido utilizado de forma reiterada tanto por el anterior gobierno como por el actual.