“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente”, expresó Gustavo Petro el domingo 7 en su primer discurso como nuevo presidente de Colombia.

El consumo de drogas y cómo enfrentar al narcotráfico fueron parte de la campaña electoral colombiana y Petro habló más de una vez sobre su visión del tema. Al asumir el gobierno, dijo que espera que su administración sea recordada porque apostó a la vida y a la paz. Y esa paz implica cambios en “la política contra las drogas por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas”.

El Equipo Intersectorial de Política de Drogas, que trabajó en la transición de gobierno, elaboró un documento en el que realizan un diagnóstico de la situación actual del país respecto al tema y plantean una serie de recomendaciones al nuevo gobierno, entre las que figuran “para la criminalización de la política de drogas y de las comunidades productoras de plantas ancestrales”, impulsar una política de reducción de riesgos y daños, así como una serie de cambios institucionales.

“Colombia planteará globalmente la revisión y el replanteamiento de la política de drogas derivada de las convenciones internacionales, sin detrimento de sus acciones soberanas para la regulación interna. Esta tarea, que busca la abolición de la prohibición al comercio mundial y legal de las drogas y cambiar el paradigma de guerra, se propone inicie haciendo causa común con los demás países latinoamericanos productores, comercializadores y consumidores afectados por la producción y comercio internacional, hoy restringidos, de cocaína y cannabis”, se afirma en el informe que resume la visión de Petro sobre el tema.

El equipo planteó realizar un foro continental en el que participen los presidentes de Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Honduras y México, “para diseñar una ruta de cambio hacia la paz del paradigma global sobre las drogas prohibidas”.

Este cambio de enfoque que plantea la administración de Petro es seguido con atención por Estados Unidos, un socio estratégico de Colombia en el tema. El martes, el gobierno de Joe Biden aprobó un decreto que renueva los planes de cooperación con Colombia en materia de política antidrogas y lucha contra el narcotráfico.

En tanto, el senador del Partido Republicano estadounidense, Ted Cruz, advirtió que si Petro “reversa la cooperación en tráfico de drogas” se “asegurará que no obtenga más dinero para antinarcóticos” desde su país. “No estoy interesado en dar a los izquierdistas antiestadounidenses dólares de los contribuyentes como ayuda”, aseguró Cruz.

Este miércoles, Petro habló del tema durante una actividad con alcaldes. “¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia, sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Qué, va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis? ¿O van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? ¿Por qué no pueden?”, se preguntó.

Agregó que llegado el momento habría que “soltar mucha gente de las cárceles porque simplemente se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal”.

Criminalización

En el documento, elaborado por técnicos cercanos a Petro, se señala que la institucionalidad en drogas tiene un alto grado de “dispersión” y que el Ministerio de Defensa es el mayor beneficiario del presupuesto, lo que evidencia la “concentración de la política en las acciones punitivas”.

Además, afirman que el gobierno de Iván Duque “continuó la política de criminalizar a los consumidores y a los cultivadores de coca para cocaína y cannabis”, en contravención a los mandatos constitucionales y jurisprudenciales.

Los técnicos del gobierno entrante afirmaron que la administración de Duque les mintió en algunos temas y hasta hay posibles actos de “corrupción”, que no se detallaron.

Además, el equipo trabajó con expertos y funcionarios de los gobiernos de Bolivia, Perú y Uruguay para analizar posibles cambios institucionales.

Propuestas

En las recomendaciones, se plantea formular una nueva política de drogas que se rija por principios como la prevalencia de los derechos humanos, la participación de las comunidades afectadas por la prohibición, no criminalizar a los pequeños productores y consumidores, dar carácter sagrado a las plantas ancestrales y tener una política transversal con enfoques de salud pública, étnico, de género, ambiental y territorial.

En materia institucional se propone unificar la coordinación de la política en la Presidencia de la República.

Se plantea además “parar la criminalización de la política de drogas y de las comunidades productoras de plantas ancestrales; como de los consumidores de sustancias psicoactivas, así como la erradicación forzada manual y la aspersión aérea y terrestre con glifosato”.

Otra medida pasa por buscar “fortalecer los programas preventivos integrales basados en evidencia que faciliten y amplíen el acceso de los consumidores a acciones de reducción de riesgos y daños”.

Todo este nuevo enfoque debe partir del “respeto ambiental” que esté en sinergia con la reforma agraria y la adecuación de tierras. También se propone destinar recursos para investigación y desarrollo tecnológico para la industrialización de las plantas ancestrales (como la hoja de coca o la ayahuasca) y otros desarrollos alternativos.