A dos semanas del regreso de los focos de incendio activos frente a la ciudad de Rosario en las islas del Delta del Paraná, expertos advierten que se vive una situación de “terrorismo ambiental” y exigen incorporar la figura de “ecocidio” al Código Penal, con penas de hasta 25 años de cárcel y multas millonarias para quienes provoquen daños graves al medioambiente. Mientras la Justicia federal sigue sin identificar a los responsables, autoridades santafesinas revelaron diez sitios en los que se produjeron 59 focos de incendio en los últimos dos años, que coinciden con las zonas donde se incrementó la carga ganadera del humedal casi un 50 por ciento en los últimos cinco años.
Parte del drama ambiental que enfrenta Rosario por los incendios en Victoria, Entre Ríos, llegó esta semana al área metropolitana de Buenos Aires, donde las espesas columnas de humo se apoderaron del aire por más de 24 horas. “Hay una situación de terrorismo ambiental, es insostenible, se genera un daño desproporcionado”, se indignó el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías de Bueno.
Ante la consulta de Página/12, el abogado calculó que sólo en la última semana se quemaron unas 15 mil hectáreas en distintos puntos frente a Rosario, Villa Constitución y San Nicolás, que se suman a las más de 10 mil de la semana pasada, cuando se reiniciaron los focos de incendio en las islas. Se estima que desde que comenzó el año ya se vieron afectadas más de 100 mil hectáreas, aunque en los últimos dos años y medio ya suman más de un millón.
Terrorismo ambiental por los incendios en el Delta
Para De Bueno, la destrucción del humedal – uno de los más importantes de la región -, la baja calidad del aire y la desidia conforman un escenario de “terrorismo ambiental”. “Es uno de los mayores pulmones verdes que tenemos y que produce aire puro”, afirmó. La semana pasada, en el peor momento de los incendios, los niveles de contaminación en el aire que respiraban los rosarinos eran cinco veces superiores a lo tolerable según la reglamentación vigente en Santa Fe.
“Hay una desidia sin precedentes y una falta total de presencia del Estado, pareciera increíble que no haya respuestas. Ante una situación como la que vivimos, no sé si no amerita una intervención del Poder Ejecutivo para que el Ejército asista a la zona y resuelva el problema”, deslizó De Bueno, que considera fundamental la creación de una fuerza de seguridad táctica presente en la zona para capturar a quienes inician las quemas.
Tal como publicó la semana pasada Página/12, las razones por las que se inician fuegos en las islas del Delta son dos: por un lado, la limpieza de los campos para ampliar la frontera ganadera; y por el otro, la especulación inmobiliaria. “Se quintuplicó la carga ganadera, quieren ‘pampeanizar’ la zona”, advirtió Ivo Peruggino, de la Multisectorial por los Humedales, ante la consulta de este medio. En este sentido, el periodista Juan Chiummiento reveló este jueves que en los últimos cinco años la población vacuna en los humedales del delta creció de 130.992 a 191.662 vacas, según datos oficiales de Senasa.
Las manos detrás del fuego en el Delta
Chiummiento publicó esta semana un mapa que combina información satelital de la NASA que en tiempo real informa sobre focos de incendio en toco el mundo con el detalle de quiénes son las empresas con explotaciones agropecuarias en la zona (no son los propietarios de los terrenos, sino los responsables de la producción), con información aportada por el Senasa.
El registro es clave, sobre todo porque desde hace más de dos años el Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié le reclama al gobierno de Entre Ríos que aporte información catastral que permita conocer quiénes son los propietarios de las tierras afectadas. Hasta ahora, esos datos no fueron remitidos ni a la cartera de Ambiente ni a ninguno de los juzgados donde tramitan las causas por los incendios, en las que prácticamente no hubo detenidos (recién esta semana apresaron a cuatro integrantes de una familia de pequeños productores que argumentaron que iniciaron un foco como “cortafuegos” para proteger su reducida producción y una propiedad).
En este sentido, un informe de Defensa Civil de Rosario reveló este miércoles que en los últimos dos años se produjeron 59 focos de incendio en los mismos diez lugares. Los datos coinciden con el mapa desarrollado por Chiummento.
- En una zona ubicada frente a Rosario, a 20 kilómetros, los focos del 7 de agosto ya se habían repetido en diciembre, noviembre y octubre de 2021; y en octubre, septiembre, julio, junio y marzo de 2020.
- Frente a Pueblo Esther hubo 12 focos entre enero de 2020 y diciembre de 2021.
- Otros nueve focos en los últimos dos años se registraron en los márgenes del Arroyo Careaga, frente a las localidades de Puerto San Martín y Timbúes.
- A 40 kilómetros al norte de Rosario, en los márgenes de la Laguna de los Franceses frente a la localidad de Maciel hubo incendios entre el 9 y el 13 de julio, aunque tampoco eran los primeros: entre julio de 2020 y junio de 2022 ya habían habido otros tres grandes focos.
- En tanto, a 50 kilómetros al sureste de Rosario, frente a San Nicolás y Villa Constitución, hubo 15 focos de incendio entre enero de 2020 y julio pasado.
Las causas en la Justicia
En la Justicia federal hay al menos tres causas en marcha por los incendios: una iniciada en 2020, y dos de 2022, una de abril y otra de julio.
- Tal como publicó este medio, uno de los expedientes tiene como imputado a Pablo Rufino Baggio, por el presunto delito de “incendio u otro estrago”. El expediente tramita desde junio de 2020 en el juzgado Federal Nº2 de Paraná, a cargo del juez Daniel Edgardo Alonso. El Ministerio de Ambiente es querellante y todos los señalados negaron la responsabilidad y aseguraron vivir en otra ciudad.
- Otra causa investiga quemas intencionales en Diamante y Victoria, con un modus operandi similar, aunque en los meses de junio y julio de este año. El expediente está en manos del juez federal de Paraná Nº1, Leandro Ríos, y hasta ahora no fueron identificadas las personas.
- El tercer expediente es el que está en manos del juez Federico Martín, del juzgado Federal de Victoria, y se inició el 1 de abril pasado. También apunta a incendios en Victoria, pero no se logró individualizar a los responsables.
- Por los últimos focos, este fin de semana detuvieron a cuatro personas, en el marco de una causa que está en manos del juez Martín, y cuya instrucción está en manos del fiscal Claudio Kishimoto.
Ecocidio, la figura que buscan incorporar al Código Penal
Mientras los incendios se multiplican, un grupo de investigadores y abogados ambientalistas impulsan un proyecto para incorporar la calificación de Ecocidio al Código Penal, una figura que comenzó a debatirse en varios países de la región.
La iniciativa, a la que tuvo acceso Página/12, parte de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático y, de avanzar, incluiría una pena de tres años y medio a diez años de cárcel para los responsables por cometer “cualquier acto ilícito o arbitrario a sabiendas de que existen grandes posibilidades que cause daño grave que sea extenso o duradero al ambiente”. Además, incorpora multas que irán de $300 mil a $2.000.000.
Las penas por el Ecocidio serán mayores – de 8 a 20 años de cárcel y multas de hasta $5 millones – si el daño es grave y provoca cambios adversos, perturbaciones y efectos serios para la vida humana o de cualquier especie o recurso presente en la zona. Si además interviniera un funcionario público, la pena sería de 10 a 25 años de cárcel, si se cometiera en una zona protegida o reserva natural, entre otros elementos.
“Lo que está pasando no tiene nombre, es terrible, no se puede creer: el Estado está absolutamente ausente y quienes encienden fuegos cometen un abuso que no tiene nombre”, enfatizó De Bueno.
