Carlos Augusto Facio es uno de los vecinos más conocidos en Dolores. Juez penal durante muchos años, se lo suele ver paseando con su escarabajo descapotable o tomando un café en alguna de las confiterías de la ciudad. Fue también quien recibió el 25 de diciembre de 1978 a Nora Cortiñas y a otras dos Madres de Plaza de Mayo, que viajaron hasta allá al enterarse de la aparición de una serie de cuerpos en la costa de Santa Teresita. Pese a las promesas de que les permitiría ver los cadáveres para saber si se trataba de quienes ellas buscaban con desesperación, eso nunca sucedió. Ahora Facio fue llamado a indagatoria por el juez federal Martín Bava, que subroga en Dolores, por haberles dado cobertura a quienes se deshacían de las personas a las que habían secuestrado a través de la siniestra metodología de los vuelos de la muerte.

Ni Navidad ni Año Nuevo existían para las Madres en su búsqueda. El 25 de diciembre de 1978, Norita consiguió que Facio las recibiera junto con Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello, dos de sus compañeras, después de leer en los diarios sobre el hallazgo de los cuerpos. Al ver que no iba a ser la justicia la que investigaría quiénes eran esos hombres y mujeres cuyos restos habían aparecido en la costa argentina, fue Norita quien viajó hacia Santa Teresita para reconstruir lo sucedido.

Allí se entrevistó con residentes de la zona y supo que los cadáveres habían sido vistos por unos muchachos que estaban pescando. Como pudieron, arrimaron los cuerpos hasta la costa y dieron aviso del macabro descubrimiento que habían hecho. Los vecinos también le contaron a la integrante de Madres de Plaza de Mayo que había helicópteros de las Fuerzas Armadas que sobrevolaban la zona. “Tenemos sobrados motivos para pensar que entre estas víctimas pueden estar nuestros hijos o los de varios miles de padres cuyos nombres o datos poseemos”, le dijeron las Madres al juez después de las averiguaciones que hizo Norita. Sin embargo, el juez Facio nunca las llamó para identificarlos. Las investigaciones se cerraron y los cuerpos se enterraron en el cementerio de General Lavalle, en el de General Madariaga y en el de Villa Gesell.

En total fueron catorce los cuerpos que salieron del mar en diciembre de 1978. Diez de ellos fueron identificados gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según la reconstrucción hecha varios fueron víctimas que pasaron por los centros clandestinos conocidos como Club Atlético-El Banco-Olimpo (ABO).

Después de años sin rendir cuentas, Facio deberá presentarse el 22 de septiembre ante Bava, que lo acusa de no haber investigado para identificar a quiénes pertenecían los cuerpos que aparecieron en las costas ni quiénes fueron los responsables de esas muertes. Para Bava, su colega simuló un principio de actuación de justicia.

Facio no es el único civil llamado a indagatoria. En su misma situación está el exdirector de Catastro de General Lavalle Juan Domingo Montenegro. El nombre del exfuncionario municipal aparece, como reveló Página/12, en un documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) –que aportó la Comisión Provincial por la Memoria– como parte de quienes se reunieron con un agente de la Bonaerense para articular cómo hacer desaparecer constancias de enterramientos ilegales ante una inminente visita de Emilio Mignone, el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al cementerio de Lavalle en noviembre de 1982. “En lo que hace a las licencias de inhumación, el Intendente no tiene problemas, según expresó, en hacerlas desaparecer, ya que, de todos modos, están registradas en el libro y así se eliminaría la muerte violenta y pasarían a ser simplemente cadáveres que aparecieron en la playa”, explicaba el agente de la DIPPBA encargado del plan de encubrimiento.

Junto con Facio y Montenegro será indagado el médico policial Miguel Cabral, acusado de falsear las causas de muerte en certificados que se expidieron en la zona de Pinamar y Villa Gesell. Con ellos fueron llamados a declarar como sospechosos ocho agentes policiales que se desempeñaron en distintas localidades de la costa: Santiago Piñero (Pinamar), Mario Castronuovo (Santa Teresita), Ednio José Llorens (San Clemente), Francisco Aristegui (La Lucila), Domingo Martínez (San Bernardo), Alberto Martínez (San Clemente), Edgardo Emilio Luchetti (San Clemente) y José Antonio Estrada (Santa Teresita). Sus declaraciones comenzarán el próximo 1 de septiembre.

La causa sobre los cuerpos aparecidos en la costa se inició en 2011 después de una presentación de la fiscalía federal de Mar del Plata, que se hizo eco de una serie de denuncias que habían surgido durante los Juicios por la Verdad que se llevaron adelante en esa ciudad balnearia. Los querellantes Gloria León y Pablo Llonto fueron quienes empujaron el avance de la investigación. La fiscala Laura Mazzaferri había pedido una serie de medidas en esa línea antes del inicio de la feria de julio.

El mes pasado, en un fallo histórico, un tribunal oral de San Martín condenó a cuatro integrantes del Batallón de Aviación de Ejército con sede en Campo de Mayo por su responsabilidad en los vuelos de la muerte que partían de esa guarnición –reconociendo que esa mecánica fue utilizada como fase de eliminación final de las víctimas de la dictadura–.