En el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) están cajoneando las denuncias presentadas hace casi dos años por mal desempeño en sus funciones contra dos jueces misóginos. Los magistrados protegidos son Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8. Las maniobras dilatorias que impiden avanzar en la investigación –un proceso que podría derivar en la apertura de un jury y su posterior destitución—tienen nombre y apellido: corren por cuenta del diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) presidente de la Comisión de Acusación, donde se debe tratar el expediente. Frente a este panorama, este miércoles Amnistía Internacional, envió una carta dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, y al mismo Tonelli, en la que detalla la gravedad de los pronunciamientos judiciales de Rizzi y Anzoátegui.

Tonelli había convocado a una reunión de la Comisión de Acusación para este jueves: una vez más en el temario del día no incluyó el tratamiento de la acusación contra ambos magistrados, realizada por la diputada del Frente de Todos y consejera Vanesa Siley. Finalmente, la reunión de Acusación se postergó para el jueves de la semana próxima.

“Es muy preocupante advertir que la investigación no está en agenda del Consejo de la Magistratura. Van casi dos años de un silencio institucional que convalida jueces misóginos. Es el caldo perfecto para abrevar más violencias de género. Necesitamos que los resortes constitucionales para revisar la conducta de los magistrados funcionen, si no es una fábrica de violencia institucional que habilita más subalternidad cada día. Es inaceptable que miren para otro lado en vez de hacer su trabajo. No investigar es también una forma de pervertir la administración de justicia”, señaló a Página/12 la abogada Soledad Deza, de la ONG feminista de Tucumán Mujeres x Mujeres. Deza hizo la primera denuncia contra Rizzo y Anzoátegui el 8 de octubre de 2020. Luego se sumaron otras denuncias de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, del gremio de judiciales SITRAJU, de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez y del fiscal César Troncoso.

¿Por qué fueron denunciados?

Se cuestionan sus pronunciamientos en dos fallos, donde se alejan de la ley y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en términos de derechos humanos. Siguiendo sus preceptos morales,en una causa en la que se investigaba un abuso sexual sufrido por una niña entre los 5 y los 14 años de parte de su hermanastro, terminaron denunciando a funcionarios y organismos del Estado que le garantizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos que hicieron el aborto legal. Como consecuencia de los abusos la niña había quedado embarazada. Además, los jueces aludieron al entonces Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo como a un “manual de salvajadas inhumanas”.

Con este fallo los nombres de Anzoátegui y Rizzi inauguraron el Registro Púbico de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a la violencia de género, creado por el Consejo de la Magistratura el 8 de marzo de 2021, en el marco de la conmoción social causada por el femicidio de la adolescente ÚrsulaBahillo, a manos de su ex novio, el policía Ezequiel Martínez, en la localidad bonaerense de Rojas, luego de que ella y su madre hicieran numerosas denuncias contra el agresor, que fueron minimizadas y desestimadas por la justicia. Este femicidio derivó en una convocatoria del colectivo Ni Una Menos a marchar frente al Palacio de Tribunales. Con la creación del Registro el CM pretendió dar un mensaje a la sociedad de que le preocupan el problema de la violencia de género. ¿Puro pinkwashing?

Este año Antozoátegui y Rizzi volvieron a ser denunciados en el Consejo de la Magistratura por otro fallo, de mayo, en el que se negaron a aplicar la figura de femicidio porque consideraron, entre otras barbaridades, que el concepto de violencia de género responde a “una ideología falaz”.

Tonelli viene frenando el avance de la investigación, como lo relató la periodista Irina Hauser. Primero quiso que el expediente quedara en la Comisión de Disciplina, donde se le podría aplicar una sanción menor. En una votación, finalmente perdió su postura y se resolvió que el caso se radicara en la Comisión de Acusación, que él comanda. Para que avance el proceso se debe aprobar en esa comisión el pedido de acusación, realizado por Siley. Pero Tonelli se resiste a incluirlo en el temario.

Una vez que se apruebe en ese ámbito, pasaría al plenario del Consejo de la Magistratura, para que ambos jueces reciban la acusación y se puedan defender. Recién en esa instancia, el plenario del CM debería votar si corresponde o no la apertura de un juicio político, otra sanción o nada.