El 26 de agosto pasado en el marco de la ejecución de una orden de desalojo a una familia campesina de Roversi, localidad santiagueña ubicada en el departamento de Moreno (en el límite de Santiago del Estero y el Chaco), la dirigente campesina y actual secretaria de Género y Diversidad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), Deolinda Carrizo, quedó con un pedido de detención vigente.

La situación de Carrizo se suma así a la de otros funcionarios denunciados penalmente por la defensa de los derechos de pequeños productores rurales frente a disposiciones judiciales que, en su mayoría, atacan esos derechos reconocidos a nivel internacional. 

Tal es el caso de la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la SAFCI, María José Castillo, y del titular de la SAFCI, Miguel Gómez, quienes fueron denunciados penalmente por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el marco del conflicto que se suscitó por la certificación de la SAFCI que avala la posesión de tierras de Palma Sola de unos 70 campesinos. 

En este caso, la denuncia también se hizo contra Cecilia Iriarte, de la Administración de Parques Nacionales. Para Morales, los funcionarios cometieron “abuso de autoridad”, por certificar esta posesión.

“Ya hay relevados 190 conflictos de tierras en todo el país”, dijo a Salta/12 María José Castillo, al señalar que el 70 por ciento de esa conflictividad se concentra en las provincias del norte.

Si bien Santiago del Estero quedó ahora en la mira por la el pedido de detención de Carrizo, histórica dirigenta campesina de aquella provincia, ayer hubo cortes de rutas por el caso de la familia Medina de esta provincia por un lado, pero también por el pedido de desalojo de la cabritera Lucy Robles, que vive en el departamento tucumano de Lamadrid, en el límite con Santiago del Estero. 

Ambos casos se diferencian sutilmente de la situación del campesinado de Salta que, pese al accionar de parte de los representantes del Poder Judicial, cuenta con el artículo 9 de la Ley Provincial 7658, que dispone la suspensión de desalojos y que en estos 12 años se logró hacer cumplir a fuerza de reclamos y movilización.

En esta normativa subyace, como explicó Castillo, la presunción de la existencia de engaños a quienes poseen las tierras para que renuncien a sus derechos. La estrategia, que se ejecuta con ayuda de intermediarios de las zonas rurales, tiene como fin que mediante mediante engaños campesinos poseedores firmen documentos en los que renuncian a los derechos sobre la tierra. Castillo consideró que al menos en este punto, la ley salteña representa un avance respecto de las demás normativas.

Frente a la persecución a Carrizo, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se reflexionó que la orden de detención se enmarca “en una avanzada contra las mujeres que luchan y representan a los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. No es casualidad que, así como sufre persecución la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se encarnicen con una referente del pueblo campesino e indígena”.

Además de Carrizo, en el caso de Santiago del Estero hay otras siete órdenes de detención de miembros de la familia que se pretende desalojar, que integran el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), y de un representante indígena que fue al lugar para manifestar su apoyo.

El sesgo de la Justicia

Castillo entendió que pese a la nueva normativa y los pactos internacionales que apuntan a la protección del campesinado y la soberanía alimentaria, se vislumbran en los conflictos por lo menos dos factores que inciden en la resolución a favor de los desalojos de familias rurales: el sesgo de la Justicia desde un punto de vista ideológico, que la lleva a desconocer la calidad de poseedores de quienes integran el campesinado por un lado, y el ardid del que se sirve gran parte del empresariado para que quienes poseen las tierras pierdan sus derechos sobre ellas.

Este es el caso de Noemí Belizán y Carlos Medina, quienes hace 25 años ocupan y trabajan unas 212 hectáreas y viven en el campo junto a cuatro de sus ocho hijos, y un nieto de seis años. Crían vacas y gallinas. En 2019 firmaron dos comodatos en los que Marcelino Ríos se presentó como titular de la tierra. Sin embargo, no hay elementos suficientes que indiquen que Ríos sea dueño de esa superficie. Pese a ello, la Justicia falló a su favor. A entender de los funcionarios nacionales, detrás de este caso se encuentra un empresario de la zona que quiere apropiarse de la tierra.

En Tucumán, en tanto, Lucy Robles y su marido Benjamín Pérez fueron a vivir y en el paraje El Oasis, de Lamadrid, en 1991. Llegaron primero como trabajadores rurales y tuvieron 3 hijos. Actualmente la familia, conformada por 8 adultos y cuatro niños, es poseedora de 73 hectáreas en las cuales crían cabras, ovejas, chanchos, gallinas; hacen quesos para la venta, venden carne de cabrito, y arrope de algarroba y chañar.

Las organizaciones campesinas detallaron que en 2013 la justicia tucumana reconoció que la familia vive y produce allí desde los 90. Pero pese a ello no reconoció su derecho a la posesión veinteañal. La decisión judicial quedó firme desde 2018 y el año pasado se dictó el desalojo, pero fue suspendido por razones humanitarias. Los titulares registrales volvieron a insistir, y por ahora se lorgó la suspensión de la medida por una movilización que realizaron las organizaciones campesinas.

El riesgo sobre la soberanía alimentaria

Desde las organizaciones se indicó que Robles fue premiada por la calidad de sus quesos de cabra. “Si ella desaparece, desaparece el chorizo de cabrito, el queso de cabra, el arrope de algarroba y chañar. Se pierde la posibilidad de acceder a alimentos sanos y de calidad que se abastecen de manera local”, dijo Castillo al referirse a la situación de la mujer y su familia.

El riesgo de los desalojos se extiende además sobre todo el campesinado argentino, pese a existir la Ley de Agricultura Familiar a nivel nacional, ignorada la mayoría de las veces por la Justicia. Ello pese a que es una ley “al menos de presupuestos mínimos”, explicó Castillo. La exigencia de las organizaciones, en tanto, es que se la reglamente y se disponga de una partida presupuestaria para hacerla cumplir.

La funcionaria nacional recordó que, además de la pérdida de posibilidades de avanzar en la soberanía alimentaria, tras los desalojos de pequeños productores siguen los desmontes, la plantación de monocultivos, con la consiguiente mayor incidencia que tienen estas actividades sobre el cambio climático.