Referentes del sector industrial expusieron ayer sus opiniones ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados –Obras Públicas, Pymes y Presupuesto y Hacienda– sobre el proyecto de ley de Compre Argentino. 

La propuesta enviada por el Gobierno promueve que el grado de ventaja o preferencia de precios en las compras o licitaciones del Estado hacia los productores nacionales se eleve de 7 al 12 por ciento para las pymes y del 5 al 8 por ciento en el caso de las grandes empresas. La iniciativa establece un piso de 1,3 millones de pesos en cada licitación para que opere el régimen. Por debajo de ese monto, no hay preferencia para la industria nacional. En el encuentro estuvieron referentes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Coincidieron en la necesidad de que se amplíe más el margen de preferencias. 

La semana pasada el secretario de Industria del Ministerio de la Producción, Martín Etchegoyen, concurrió a la Cámara baja a exponer ante los diputados que integran esas mismas comisiones los alcances del proyecto, y aseguró que la iniciativa “es esencial para el desarrollo productivo del país”. Según prometió en esa oportunidad, con este proyecto “las pymes tendrán 70 por ciento de preferencia en las compras del Estado”, ya que se extiende el porcentaje de preferencias para ese segmento productivo.

De todos modos, las cámaras solicitaron la ampliación de los sujetos alcanzados en la ley y la suba de los márgenes de preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional. “Tenemos la convicción de que esta ley tiene que servir para mejorar puestos de trabajo”, sostuvo Juan Carlos Lascurain, titular de Admira. El empresario metalúrgico explicó que el pedio de que se incrementen los márgenes de preferencia responde a “la presión fiscal que tenemos los industriales”. En este sentido, pidió que sea “más bondadoso” para el sector de las pequeñas y medianas empresas. Además, propuso la creación de una “comisión asesora no vinculante que nos permita participar”.

Desde la Unión Industrial, su economista en jefe, Diego Coatz, se manifestó esperanzado en que el proyecto represente un “salto de calidad para el marco del desarrollo productivo”. “Esperemos que se pueda avanzar rápidamente con este proyecto”, dijo y coincidió con Lascurain en que “la presión tributaria es muy elevada en Argentina”. En ese contexto se sumó al reclamo de que los márgenes de preferencia deben ampliarse al menos 5 por ciento. 

Carlos Venier, de la CAME, sostuvo que todos los industriales coinciden en que los sujetos alcanzados tienen que ser la mayor cantidad. “Los servicios públicos tienen que estar todos encasillados en este Compre Nacional (Compre Argentino)”. Por otra parte, recomendó que para la realización de obras tengan preferencia las empresas que se encuentran en dichas regiones.