El consensualismo de Alberto Fernández y el desorden macroeconómico legado por el ministro Martín Guzmán evaporaron buena parte del capital político del Frente de Todos, al tiempo que la escasez de dólares y la corrida cambiaria terminó de encadenar la agenda política del gobierno al FMI. Sergio Massa, ostentando una voluntad de poder de la que careció el presidente, dejó atado su futuro político al éxito de su gestión, a la cual se postuló para enfrentar la crisis producida por la falta de divisas y la inflación.

Con la decisión de evitar la devaluación que hubiera hundido al gobierno en una espiral inflacionaria, Massa se propuso fortalecer las reservas y, siguiendo los acuerdos firmados con el FMI, reducir el déficit fiscal. La cuestión de la inflación, que golpea más directamente a los trabajadores, quedó pospuesta para más adelante.

Para fortalecer las reservas, el nuevo ministro de Economía viene incrementando la oferta de dólares vía liquidación de exportaciones del sector agropecuario y apunta a destrabar préstamos e inversiones multilaterales. En un mediano plazo, espera conseguir más dólares, necesarios para cumplir los acuerdos con el FMI, a partir del incremento de las exportaciones de cereales, minería e hidrocarburos y de industrias no convencionales como la del software.

Un precario orden

Liberado de las trabas impuestas por el exsecretario de asuntos estratégicos, Gustavo Beliz, ahora Massa consiguió que Claver-Carone, director del BID, efectivizara el préstamo para Argentina. Paralelamente, CFK y el embajador argentino en Pekín lograron destrabar la financiación china para la construcción del complejo hidroeléctrico santacruceño Kirchner-Cepernic y la central nuclear Atucha III, de importancia estratégica para el autoabastecimiento energético. 

Junto con la aceleración de la venta de la cosecha gracias al dólar preferencial que el gobierno estableció para la soja, parece que el objetivo que se planteó el ministro de conseguir 5 mil millones de dólares para octubre es alcanzable.

La estrategia de seducción al poder económico que pergeñó Sergio Massa incluye también a parte del empresariado argentino, como Daniel Vila, José Luis Manzano y el banquero Jorge Brito hijo, al tiempo que teje una mejor relación con la UIA. En todo caso, más allá de sectores del poder económico que aún apuestan a la devaluación, el debut de Sergio Massa frente a la cartera económica fue exitoso si se lo evalúa en relación a la urgencia que lo llevó al poder.

Al mismo tiempo, varios indicadores económicos son positivos. El PIB creció más del 6 por ciento en los últimos cinco meses, destacándose actividades generadoras de empleo como la industria y la construcción. También los ingresos tributarios subieron por encima de la inflación por vigesimotercer mes consecutivo, con un índice de más de 20 puntos el último año, teniendo un lugar destacado lo que Alejandro Rofman llama “los impuestos progresivos”, aquellos que afectan a los sectores de mayores ingresos. 

Existen, además, otros datos alentadores, como la expansión de YPF o la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Pero, sin duda, el dato más positivo es la caída del desempleo que, se redujo al 6,7 por ciento, el menor nivel desde el 2015. De hecho, en su informe de agosto, la CEPAL pronostica en el 2022 un crecimiento para el país superior al promedio regional, sólo superado por Venezuela, Uruguay, Colombia, Panamá y Honduras. Sin embargo, la pobreza no desciende.

Dos caras

El panorama optimista del crecimiento de la macroeconomía se ve empañado por una alta inflación que torna evidente un fenómeno común en América Latina pero relativamente nuevo en el país, aunque con tendencia a naturalizarse: la existencia de trabajadores pobres a pesar de tener empleo de tiempo completo. Este fenómeno fue mencionado por Sergio Massa en la reunión del Consejo de las Américas, en donde reconoció la caída del ingreso en más de 20 puntos en un marco de fuerte crecimiento económico.

En este dualismo convive una explosión de consumo de sectores de las clases medias en supermercados, ocio y restaurantes con el empobrecimiento de jubilados y aquellos trabajadores, la mayoría, cuyos salarios no han acompañado el crecimiento de la inflación, sufriendo un deterioro sostenido desde 2015.

Los economistas explican este fenómeno de distintas maneras, desde el aumento de la masa salarial por el crecimiento del empleo hasta la incitación al consumo que trae aparejado un contexto de alta inflación. En todo caso, lo que es indudable es que se cristaliza en Argentina el modelo de desarrollo típicamente latinoamericano cuyo ejemplo paradigmático es Brasil: el crecimiento económico amplía, en lugar de reducir, los índices de desigualdad.

El centro CIFRA-CTA refleja este fenómeno con un dato: durante el período comprendido entre la llegada de Macri al gobierno hasta el fin de la pandemia (2016-2021) la participación en el ingreso nacional del capital se incrementó del 40,2 por ciento al 47 por ciento, mientras que la del trabajo, en cambio, descendió del 51,8 al 43 por ciento. La explicación de este incremento de la desigualdad hay que buscarla en el régimen de valorización financiera que desembocó en el mega endeudamiento con el FMI, la pandemia y los coletazos de la guerra en Ucrania.

El ajuste

Ante la presión del FMI, se han tomado medidas de estabilización de la economía de corte ortodoxo, principalmente fuertes recortes del gasto público y de la emisión monetaria. Se espera con ellas cumplir con la meta exigida por el Fondo de reducir el déficit fiscal al 2,5 por ciento del PBI. Coherente con su postura ideológica, el ministro Massa no incrementó la presión impositiva sobre los grandes contribuyentes para mejorar la recaudación, sino que, como ya se mencionó, apostó a los incentivos para que los exportadores liquiden los dólares.

Con esa misma lógica, desapareció de la agenda del Ministerio de Economía la ley que grava a la renta inesperada, anunciada en su momento por el presidente Fernández, y la ley que busca crear un fondo para pagar al FMI con los dólares fugados durante el gobierno de Macri, que impulsa el bloque de senadores del Frente de Todos (FdT). En su lugar, Massa prefirió impulsar un régimen de anticipo del pago del impuesto a las ganancias para las empresas.

Tampoco en lo relacionado con la inflación, el punto más débil de la gestión económica, el nuevo ministro se inclina por medidas coercitivas. Su estrategia sigue siendo convencer al establishment para llegar acuerdos de precios. En este tema, que golpea fuertemente los ingresos populares, la urgencia ha sido menor y las definiciones se han aplazado para adelante, mientras se diseñaron algunas medidas compensatorias como el adelantamiento de paritarias y los bonos para jubilados. Sin embargo, hasta ahora, la inflación sigue ocupando un lugar principal en el estado de ánimo de los ciudadanos. 

Acorralado por la corrida cambiaria, con una escasez de divisas autogenerada por el descuido de las reservas durante la gestión de Guzmán y presionado por el FMI, Massa implementó una fuerte reducción del gasto público. La lógica de la necesidad llevo a que el Frente de Todos se resignara a esta medida de emergencia para frenar la ofensiva destituyente del neoliberalismo radical que, ante la nueva coyuntura, no hesita en prometer el fin del sindicalismo y los derechos laborales o privatizar los recursos naturales del país.

Nuevo escenario

La emergencia de Massa renovó la capacidad de gestión y, sobre todo, la llegada a la mayor parte del establishment nacional y buena parte del internacional. En la medida en que el Poder Ejecutivo potenció sus rasgos institucionalistas y abandonó la interpelación popular y la decisión de disciplinar a los poderes fácticos, se configuró un escenario donde se hizo indispensable un nombre que reemplazara la política de masas con la capacidad de tejer acuerdos con los factores de poder.

Al mismo tiempo, la coalición de derecha compuesta por la alianza entre Juntos por el Cambio, grandes medios de comunicación y vastos sectores del Poder Judicial quisieron asegurarse de inhabilitar a la figura más potente del oficialismo a través de un juicio plagado de irregularidades. De esta forma, la corrida económica, neutralizada por la designación de Massa frente al Ministerio de Economía, se complementaba con lo que ya es un clásico latinoamericano: el lawfare.

Lo arbitrario del juicio, como la inclusión de pruebas a última hora, lazos de amistad manifiestos entre el juez y el fiscal y ambos con el expresidente Macri, la negativa a realizar pericias y el rechazo a la solicitud de ampliar la indagatoria, entre muchos otros, pero sobre todo la fuerte relación emocional tejida entre CFK y la militancia produjo una intensa movilización espontánea en defensa de la vicepresidenta. 

Tras los jóvenes vinieron otros actores políticos. Todos los dirigentes de la alianza gobernante dejaron sus no pocas diferencias y salieron a apoyar enfáticamente a la vicepresidenta. También los dirigentes sindicales, los movimientos sociales, personajes de la cultura, intendentes y líderes políticos mundiales. Este giro político al interior de la alianza de gobierno se profundizó luego del intento de magnicidio, que de haberse concretado hubiera hundido al país en la noche más oscura desde la última dictadura militar.

Hegel decía que, en ocasiones, la Historia encuentra maneras impensadas de hacer evolucionar a las sociedades. Actualmente la filosofía de la historia hegeliana está muy discutida, pero no hay duda de que el ataque a CFK tocó un límite que sacudió la apatía que la pandemia, la crisis económica y el exagerado institucionalismo del gobierno habían producido en la muy politizada sociedad argentina. La jugada de la oposición que buscaba ‘jubilar’ a CFK resultó en todo lo contrario, su retorno al centro de la escena. El consensualismo que primó en el gobierno de Alberto Fernández es posible que tenga que convivir con un movimiento popular revitalizado.

Giro político

Aparecen nuevos elementos en la coyuntura política. Aunque no hay duda de la importancia política de la figura de CFK, por voluntad propia la vicepresidenta se había colocado en un segundo plano, con intervenciones esporádicas cuando consideraba indispensable corregir el rumbo del gobierno. El pedido de condena y proscripción para ocupar cargos públicos que hizo la fiscalía de la causa ‘Vialidad’ la volvió a poner en el centro de la escena, donde la presión de la militancia puede obligarla a salir del silenciamiento que se había impuesto. De todas maneras, todavía no está claro el efecto que en este sentido tendrá el intento de asesinato.

Son conocidas las diferencias que hay en el interior del FDT. La persecución a CFK jugó como un factor de unidad donde todas las tendencias salieron a apoyarla enfáticamente. El ataque a CFK despertó a las bases más cercanas al kirchnerismo, devolviéndole una épica que, en su estilo acuerdista, el presidente no consideró necesario estimular.

Para Sergio Massa, el retorno de la centralidad de CFK no es una buena noticia. Si hasta ahora su estrategia económica centrada en la seducción de un sector del establishment era indiscutida, dado que no parecía haber otra alternativa ni liderazgo, CFK reaparece como una candidata competitiva hacia el 2023 si Massa no logra controlar la inflación. Por el mismo motivo tampoco es buena noticia para la oposición.

En todo caso, lo más destacado del nuevo escenario es el retorno de las bases a las calles. El lawfare desató una importante movilización espontánea. Pero ninguna movilización puede mantenerse durante demasiado tiempo sin objetivos inmediatos. El retorno de las bases de FDT a las calles abre una posibilidad de que el gobierno retome la iniciativa política para interlocutar con los actores económicos, yendo más allá de los acuerdos entre caballeros.

Dado el escenario abierto por el renacimiento de la épica en el seno del movimiento popular, con la economía en crecimiento, el reforzamiento de la unidad del peronismo y la poderosa condena internacional suscitada por la persecución a CFK, es hora de que el gobierno pase a la ofensiva. 

El lugar de Alberto Fernández como presidente de la CELAC proporciona un foro privilegiado para iniciar un movimiento regional contra el lawfare y concitar la solidaridad para la inminente necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI. Sacar a la política de los gabinetes técnicos para sumar al movimiento popular y recomponer el salario de los trabajadores es el camino para superar la brecha entre economía y política.

* Docente e investigador del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina.