Desde Santa Fe

La sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados suspendió ayer por tres meses en sus cargos y sin goce de haberes, a dos fiscales de la ciudad de San Lorenzo por “mal desempeño de sus funciones” y les prohibió el ingreso a “cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación” en ese lapso. Una de las sancionadas es la fiscal Melisa Serena, que está imputada por “incumplimiento de deberes” y “no investigar delitos” en la causa del juego clandestino en la que sus colegas de Rosario Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, pidieron el desafuero del senador Armando Traferri para imputarlo como supuesto “organizador” de la banda, en diciembre de 2020. El otro es el fiscal Juan Carlos Ledesma, a quien se le reprochan “omisiones” y “negligencia”, entre otros hechos, en una investigación por “delitos contra la integridad sexual” de dos niñas de 15 y 5 años, de Capitán Bermúdez. Ledesma comenzará a cumplir la pena a partir de hoy, apenas sea notificado de la medida, mientras que Serena lo hará desde el 1º de noviembre, por pedido de la fiscal general de Rosario María Eugenia Iribarren “para no interrumpir” supuestas investigaciones en curso.

La fiscal Serena quedó bajo la lupa en abril de 2021, cuando Schiappa Pietra y Edery accedieron a una prueba clave: un chat entre ella y otro de los imputados en la investigación del juego clandestino: Nelson Ugolini (el ex secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad) que le sugería que se hiciera la “boluda” y "estire la oreja” en la trama que involucra a Traferri. “¿Qué pretende el pelotudo de (el ex ministro de Seguridad Marcelo) Sain? ¿Qué nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir contra Traferrí?”, le respondió Serena a Ugolini.

La diputada socialista Gisel Mahmud –que investigó a Serena- había solicitado la cesantía de la fiscal, cuando formalizó su acusación ante la comisión bicameral de Acuerdos, el 2 de junio. Pero ayer en el debate, aceptó que la suspendan en el cargo por 90 días y recién a partir del 1º de noviembre, sin explicar porqué cambió de opinión, en tres meses.

Serena es la cuarta fiscal sancionada por la causa del juego ilegal, pero la primera que seguirá en el MPA después de la suspensión de 90 días. Los otros tres fueron destituidos de sus cargos: el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal (en agosto de 2020), su ex mano derecha Ponce Asahad (en octubre de 2020) y el fiscal de Reconquista Rodrigo González (en agosto de 2021). González fue imputado por el fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo, por supuesta “asociación ilícita” y “encubrimiento” de una “organización criminal” dedicada a la explotación de casinos clandestinos que lidera el empresario Leonardo Peiti.

En el recinto, Serena y Ledesma (su ex jefe en la Fiscalía de San Lorenzo) fueron suspendidos por la mayoría de ambas Cámaras, con la abstención de ocho diputados: Fabián Palo Oliver (UCR), Mónica Peralta (GEN), Matilde Bruera y Paola Bravo (Partido Justicialista), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura) y Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (Igualdad). Los ocho coincidieron en impugnar la facultad de la Legislatura para sancionar a los fiscales de la provincia, mientras que Bruera dijo que el procedimiento era “inconstitucional” porque violenta las normas del “debido proceso” y el “derecho de defensa”.

El primer dictamen que votó la asamblea fue la suspensión de Ledesma. El secretario parlamentario Rafael Gutiérrez (hijo del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe) leyó el despacho de la comisión de Acuerdos y sus firmantes: los senadores Alcides Calvo, Rubén Pirola y Joaquin Gramajo (PJ) y Lisandro Enrico (UCR) y los diputados Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido, Julián Galdeano (UCR), Clara García, Leonella Cattalini (PS), Gabriel Real (PDP) y el antiderechos Nicolás Mayoraz. Tras repasar los once nombres, Gutiérrez hizo una pausa y agregó: “Y nadie más”. El que faltaba era el jefe del bloque peronista Leandro Busatto. El segundo dictamen que propuso suspender a la fiscal Serena también las mismas firmas, menos una: faltaba la diputada socialista García.

Su colega del PS, Gisel Mahmud -en su rol de acusadora- imputó a la fiscal Serena un “mal desempeño de sus funciones, no sólo en su idoneidad técnica y profesional, sino también la idoneidad moral” que puso “en riesgo el accionar del MPA”. Y planteó a su “entender” que la sanción que le correspondía era “la remoción o la suspensión”. En el escrito en que la acusó, el 2 de junio, Mahmud pidió sólo la primera pena: la “remoción” de Serena y su “inhabilitación para acceder a cargos del MPA por diez años”. Ayer, agregó la suspensión, pero sin explicar por qué admitió una sanción menor a la que había propuesto hace tres meses.

La legisladora mencionó las pruebas contra Serena, entre ellas el chat entre la fiscal y Ugolini y señaló otras dos imputaciones que ya había señalado en la acusación: “Intentó ejercer influencia sobre sus superiores respecto de un procedimiento disciplinario que estaba en curso” y “pretendió obtener favores improcedentes de sus superiores del MPA”.

Mahmud agregó un cuarto hecho más “reciente que tiene una gravedad notoria y manifiesta en una causa de abuso sexual a una niña de San Lorenzo, que sufrió dos ataques sexuales distintos y en el primero intervino Serena”. Su accionar fue “negligente”, dijo al citar a otro fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente que advirtió que su colega “indagó sobre la supuesta mendacidad de la víctima” y “no persiguió al acusado”.

Meses después, la niña sufrió un segundo abuso del mismo acusado. “Por este hecho que consideramos muy grave y un mal desempeño de la fiscal Serena, que si hubiera aplicado los protocolos vigentes para víctimas de violencia de género y protección de niñas, niños y adolescentes, posiblemente el segundo hecho de abuso de esta menor se hubiera podido evitar”, reveló Mahmud.

A pesar de lo que la legisladora pidió en junio la cesantía de Serena, ayer la suspendieron por 90 días, pero recién a partir del 1º de noviembre.