Desde Santa Fe

Volvió a Santa Fe el sargento del Ejército Jorge Balla, que en el último año y medio cumplió su condena a “prisión perpetua” -por los “homicidios doblemente calificados” de cuatro dirigentes montoneros en 1977- en un departamento céntrico de la ciudad de San Francisco, donde fue desalojado por el propietario. La mudanza se concretó ayer en un operativo de Gendarmería Nacional dispuesto por el Tribunal Oral de Santa Fe, que lo condenó en agosto de 2019 por la masacre de Ituzaingó y Las Heras. “El genocida Balla ya no reside en San Francisco”, anunció en sus redes el concejal del Frente de Todos Andrés Romero, quien alertó sobre la presencia del nuevo vecino y logró que el Concejo Municipal de San Francisco lo declare “persona no grata” en mayo de 2021. “Hoy podemos decir que luego de las distintas acciones realizadas el genocida Balla tuve que retirarse de la ciudad. Los y las vecinas de San Francisco se merecen vivir tranquilos y en paz. Para los genocidas vamos a seguir exigiendo cárcel común”, enfatizó Romero.

Radio Estación de San Francisco informó que Balla fue asistido en la mudanza “por un grupo de al menos cinco personas que trataron de no llamar la atención, pero los movimientos sobresalieron en la calle. ‘Cargaron algunos muebles en una camioneta de color y se fueron a eso de las 8.30 de la mañana. Eran como cinco o seis personas, cargaron los muebles, mientras estaban atentos a los movimientos’”, comentó una vecina de la zona. “Balla fue trasladado por Gendarmería, mientras que parte de su familia se fue en un vehículo particular para dirigirse a su nuevo destino, que sería la ciudad de Santa Fe”, agregó la emisora.

La resolución del Tribunal de Santa Fe que ordenó su cambio de residencia para cumplir la domiciliaria se basa en el pedido del represor por la sentencia de desalojo en un juicio que le inició el dueño del departamento que alquilaba en San Francisco, Alberto Esper. Más, diferentes acciones de repudio que sumó en esa ciudad en los últimos meses, entre ellas de los organismos de derechos humanos y del Concejo Municipal. Balla estará bajo la tutela de uno de sus hijos, Maximiliano Balla, pero en otra ciudad.

Según informó el abogado propietario del departamento, Néstor Gómez, la mudanza se concretó “con personal de Gendarmería Nacional, bajo las órdenes del Tribunal Oral de Santa Fe”.

La sentencia de desalojo es de junio. La firmó el juez Civil y Comercial de San Francisco, Pedro Chialvo, en un juicio que le inició Esper porque le habían ocultado que le alquilaron el departamento "para que viviera un condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad”. El alquiler lo concretó la esposa de Balla, sin mencionar la situación de su esposo y por eso, el juez Chialvo "ordenó que debía dejar el inmueble, en un plazo de diez días”.

El fallo de Chialvo remarca que Esper desconocía la presencia de Balla en el departamento, ya que al momento de celebrar el contrato de locación, la esposa del militar “ocultó maliciosamente el verdadero destino que le iba a dar a la vivienda”.

La sentencia agrega que el locador, de haber conocido el verdadero destino del inmueble, no hubiera celebrado el acto jurídico. “Su engaño o dolo fue determinante para la concreción del contrato, lo que evidencia la mala fe de la demandada al momento de celebrar el contrato, viciando por dolo su eficacia”.

La sentencia del juez Chialvo fue apelada por la defensa de Balla, a cargo del abogado Alejandro Testa. Por lo tanto, la orden de desalojo no estaba firme. Sin embargo, Balla regresó a Santa Fe tras cumplir la prisión domiciliara –desde mayo de 2021- en el departamento de Esper que le pidió el desalojo al enterarse que era un condenado por crímenes del terrorismo de estado.