Tras un cuarto intermedio la semana pasada en el plenario de comisiones donde se discute la ley de Humedales, se espera que este jueves se firme un dictamen de consenso en Diputados.

El oficialismo es optimista y confía en que con el acompañamiento de bloques provinciales tendrán los votos necesarios para dictaminar. Creen que será así a pesar de que hubo varios gobernadores que expresaron su preocupación por las consecuencias que la iniciativa podría tener sobre sus economías.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, se debate internamente para definir una postura unificada. Hay un sector más "duro" referenciado en Ricardo Buryaile que, reproduciendo los reparos de varios sectores productivos, acusa al proyecto oficialista de querer prohibir la actividad económica en las zonas declaradas como humedales. Se estima que más de un 20 por ciento del territorio de la Argentina son humedales.

En este contexto, la diputada del interbloque Federal, Graciela Camaño, aseguró que no llama la atención esta nueva cruzada contra la Ley de Humedales y por AM750 recordó que “los diputados nunca quisieron tratar” este proyecto.

La legisladora respondió algunas de las acusaciones que caen sobre la iniciativa. En este sentido, aclaró que no es una ley que “impide los incendios” ni que busca “ponerle un alambrado” a los humedales.

“Hay una realidad que está vinculada, que es el cambio climático. Lo tenemos todos los días en la vida. Períodos de sequía que destruyen la producción, períodos de inundaciones. Cada vez vamos a tener menos costa porque las aguas suben. Estamos explotando la minería, destruyendo el ambiente”, advirtió.

Camaño explicó que la ley trabaja sobre una serie de presupuestos mínimos para el uso sustentable de los humedales, ya que está comprobado que es una tierra que le aporta oxigenación al planeta y mitiga los gases de efecto invernadero.

La diputada explicó con un ejemplo: “Si te dicen que estás enfermo, ves cómo te cuidas. Si seguís como estás, te morís. Si seguimos así, produciremos los próximos 10 años y después habrá un páramo. Ocurre en cualquier lugar del planeta”.

Las consecuencias sociales del daño a los suelos serían, para la legisladora, el aumento de las migraciones, y, por consecuencia, poblaciones empobrecidas.

“Si los sectores de la producción no entienden eso, y usan de manera sostenible el planeta, no nos queda mucho más tiempo. No todos tienen la confusión ideológica de suponer que cuidar el ambiente es no producir. Por supuesto que hay extremistas, pero creo que hay dirigentes empresariales que entienden de qué se trata porque lo sufren”, finalizó.