Dos proyectos de ley sobre el boleto de transporte gratuito para estudiantes de todos los niveles educativos, universitarios incluidos, avanzaron un paso esta semana en el Congreso. En la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen de mayoría que recibió el apoyo de todos los bloques opositores y reúne diversas propuestas presentadas en los últimos años. El dictamen de minoría acompañó al proyecto impulsado por la presidencia de la Federación Universitaria Argentina –que dirige Franja Morada– y contó con el voto de la UCR. La única fuerza política que rechazó ambas propuestas fue el PRO. 

“Serán beneficiarios del Boleto Educativo Gratuito Universal y Nacional (Begun) todos los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal, de gestión cooperativa, y de gestión social, en todos sus niveles y modalidades”, señala el segundo artículo del proyecto de ley con dictamen mayoritario, una síntesis –elaborada por el presidente de la Comisión de Transporte, Facundo Moyano– de las múltiples propuestas de boleto educativo presentadas por diferentes bloques parlamentarios en los últimos tiempos. 

“Es una lucha de años, pero hoy es primordial que los estudiantes tengan acceso al transporte gratuito, en un contexto donde todo aumenta y cuesta un montón mantener la regularidad en los estudios”, dijo a PáginaI12 Gonzalo Amador, uno de los referentes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), fuerza que tiene la secretaría general de la FUA. Amador, que estuvo presente en la comisión donde se trató el tema, valoró que en la provincia de Buenos Aires se haya aprobado el boleto estudiantil, pero marcó sus “limitaciones”, porque al ser provincial no incluye al servicio de trenes –dependiente del Estado nacional– ni a los colectivos interurbanos –los que también circulan por la Capital Federal–. 

“Todo movimiento político siempre dice que la educación es lo primero –dijo Amador–, en ese sentido el boleto gratuito es darle importancia a la educación. El PRO, al rechazarlo, claramente se ubica en otra vereda.”

La principal diferencia entre los proyectos de mayoría y minoría es que el primero incluye a docentes y trabajadores no docentes, mientras que el segundo se concentra en los estudiantes.

Ezequiel Marín, vicepresidente de la FUA y dirigente de Franja Morada, quien también estuvo presente en la comisión, dijo que el objetivo es que el boleto estudiantil “pueda aprobarse”. Explicó que el proyecto que se aprobó con dictamen de mayoría incluye “hasta pasajes de avión” (el artículo 3º dice que el beneficio incluirá al menos dos pasajes de “transporte público aéreo en vuelos de cabotaje” para estudiantes de universidades públicas distantes de sus hogares, siempre que se trate de carreras que no se dicten en sus lugares de origen), por lo que su aprobación sería “muy difícil”. También desde el radicalismo, la diputada Carla Carranza, que integra la Comisión de Transporte y votó el dictamen de minoría, afirmó que “los docentes y no docentes deberían tener contemplado en su salario el costo de los viajes, que para eso debe ser digno”, y remarcó que las políticas en Argentina se piensan “como emergencia y no como desarrollo”, por eso no cree conveniente “mezclar el derecho de los estudiantes” con un posible boleto para docentes y trabajadores de instituciones educativas.

Si bien ya hay diferentes distritos donde el boleto estudiantil existe, en general funciona en forma parcial, no se extiende a todas las localidades de la jurisdicción, cubre solamente ciertos niveles educativos o un porcentaje de las tarifas, o concede un número de viajes al mes muy bajo. Por ejemplo, en Córdoba existe el boleto educativo; alumnos, docentes y no docentes no abonan el pasaje: sin embargo, los estudiantes advierten que las empresas pasan ese costo al resto de los usuarios del servicio.

Ahora, ambos proyectos con dictamen deberán ser tratados por las comisiones de Presupuesto y luego de Educación. La principal traba para que haya un “acuerdo político” amplio que permita la puesta en marcha del boleto educativo es el rechazo del macrismo, que se refugió en el argumento de que la cuestión depende de las jurisdicciones locales, que en muchas ya hay iniciativas en marcha, que los sectores sociales de bajos ingresos cuentan  con “la tarifa social federal” de transporte. Los diputados del PRO también fundaron su rechazo en que “los estudiantes universitarios pertenecientes a los sectores más vulnerables contarán con los beneficios establecidos por el plan Progresar”. Casualmente, en las últimas semanas estudiantes e instituciones educativas de todo el país denunciaron –como informó este diario– que el Gobierno dejó de pagar las becas del Progresar.