El martes de la semana pasada desde la Comunidad Territorios Originarios Wichí, ubicada en la ruta nacional 86, en el departamento San Martín, se aplaudía la decisión de la Secretaría de Ambiente de poner un cartel de “clausura” en el acceso a una superficie de más de 500 hectáreas en la que hay tala ilegal de madera. El cartel duró, como mucho, dos días. Fue destruido y, por lo que se supo, la actividad ilegal destructiva continuó.

El aviso de la comunidad afectada por la tala llegó justo cuando se encontraba en Tartagal un equipo de la Policía Rural, Ambiental y de Protección de Bienes Culturales de la provincia. Fueron los efectivos de este cuerpo quienes se acercaron en horas de la noche del jueves último a realizar un operativo. “Llegan a secuestrar un tractor que llevaba madera”, dijo a Salta/12 Fernanda Vargas, una de las abogadas que acompaña a la comunidad wichí que decidió defender su territorio de la destrucción del desmonte o la tala.

Ese día el tractor fue ubicado en el kilómetro 5 de la ruta 86 y cuando se dispusieron a secuestrarlo, hubo incidentes dado que se agredió y amenazó al cacique de la comunidad Territorios Originarios Wichí, Juan de Dios López. La abogada contó que en ese momento también fueron agredidos los agentes estatales a cargo del operativo.

Frente a los hechos, se labró un acta de infracción en ese mismo momento y el viernes en la mañana, la abogada se presentó con López en la Comisaría 42, de Tartagal, para denunciar los hechos acontecidos. Incluso los miembros del equipo que actuó fueron mencionados como testigos de la amenaza a Juan de Dios López, a quien los taladores advirtieron que “irían a su comunidad y le quemarían todo”, contó Vargas.

El sábado, en un nuevo recorrido por el territorio, desde este cuerpo de la Policía se informó a la comunidad que nuevamente se había descubierto a dos personas con motosierras talando el monte.

“Dan ganas de llorar porque no queda nada”, dijo la letrada al indicar que desde la radio La Voz Indígena y la Fundación ARETEDE se busca prevenir sobre los problemas ambientales.

Sucede que quienes están realizando esta tala del monte son miembros de las mismas comunidades originarias que, ante la falta de trabajo y la necesidad de recursos económicos para subsistir, hacen la “changa” (siempre pagada fuera de la ley, sin beneficio alguno) que involucra la tala de madera.

En esas circunstancias, quienes terminan confrontando cuerpo a cuerpo son miembros de las propias comunidades, mientras que aquellos que se benefician con este trabajo siguen siendo desconocidos.

Guías falsificadas

El producto talado de manera ilegal es vendido como postes a fincas locales y de la pampa húmeda que, irónicamente, son las que se dedicaron antes al desmonte para la producción agrícola o ganadera. La madera es trasladada con papeles falsos que se utilizan para justificar la carga.

El director general de Planificación Territorial de la Secretaria de Ambiente, Ignacio Goitia, contó a Salta/12 que el lunes de la semana pasada se envió a un grupo de agentes del organismo provincial a constatar el nivel de daño en las tierras. “El nivel de tala es impresionante, como la depredación que hicieron. Se cortó fuera de los diámetros permitidos. La comunidad (Territorios Originarios Wichí) se dedica a hacer miel y voltearon todos los árboles que le permitían seguir con eso”, sostuvo.

Al ser consultado por el paso de la madera en camiones con guías que justifican su traslado, afirmó que se trabaja en la posibilidad de mejorar el sistema para evitar que sean falsificadas, además de utilizar un papel especial. “Nos indican que las falsificaciones (de las guías de la carga) las hacen en Bolivia”. Añadió que la situación está denunciada en la justicia por falsificación de instrumento público desde fines del año pasado.

El problema es que “no podemos calcular lo que sale de la provincia”, en cantidad de madera. Tampoco lo que se viene talando. Ni siquiera por imágenes satelitales, dado que, afirmó, es imposible detectar la actividad. Y es que estas imágenes recién logran captar la actividad cuando hay un mínimo de mil metros cuadrados de desmonte.