Desde Lima

Ofensiva fiscal contra el presidente Pedro Castillo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este martes una acusación constitucional contra Castillo por corrupción. Le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, por el supuesto direccionamiento ilegal de obras públicas para favorecer a empresarios allegados y recibir a cambio beneficios económicos. La fiscalía acusa a Castillo de encabezar una supuesta organización criminal que manejaba las licitaciones. “Aquí hay persecución. Pero aquí estamos y si hay que dar nuestra sangre la daremos”, fue la primera reacción de Castillo luego de esta acusación fiscal. 

El entorno de Castillo

La acusación de la fiscalía incluye a los exministros de Transportes, Juan Silva, prófugo desde julio pasado, y de Vivienda, Gainer Alvarado, con impedimento de salida del país. El entorno familiar más cercano al presidente también está incluido en la acusación fiscal. La cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, está en prisión preventiva desde agosto, y contra la primera dama Lilian Paredes hay un pedido de impedimento de salida del país que se debe resolver en los próximos días. Otros dos cuñados y dos sobrinos del jefe de Estado, uno de ellos prófugo, también son sindicados por la fiscalía de formar parte de esa supuesta trama de corrupción.

En un país con seis expresidentes condenados o procesados por corrupción, es la primera vez que un presidente en ejercicio del cargo es acusado ante el Congreso por corrupción. Esto se debe a que la cuestionada Constitución hecha por el régimen fujimorista solamente permite acusar constitucionalmente al presidente por traición, impedir las elecciones o cerrar ilegalmente el Congreso, no se incluye la posibilidad de una acusación constitucional y juicio político de destitución por cargos de corrupción. Se escuchan voces que proponen incumplir el artículo constitucional, cuestionado pero vigente, que impide procesar al presidente en ejercicio por cargos como los presentados por la fiscalía contra Castillo y así dar luz verde a un proceso para buscar su destitución. A diferencia de la destitución por incapacidad moral que requiere dos tercios de la cámara, 87 votos, la acusación constitucional necesita 66 votos para ser aprobada. Pero es un proceso bastante más largo. No se descarta insistir en el camino del proceso sumario de destitución del presidente por incapacidad moral -intentado ya dos veces sin éxito por la extrema derecha- a partir de esta acusación fiscal.

La fiscal Benavides que ha acusado a Castillo de corrupción está seriamente cuestionada. Ha sido denunciada por haber destituido a la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, y por obstruir las investigaciones a una mafia judicial ligada al fujimorismo. Sin embargo, ponerse a la cabeza de las acusaciones penales contra Castillo le ha dado a esta cuestionada fiscal la protección de la mayoría opositora parlamentaria y gran parte de los medios frente a los graves cargos en su contra. Acusar a Castillo parece ser esencial para su propia sobrevivencia eludiendo las acusaciones en su contra. Los serios cuestionamientos a la fiscal de la Nación enturbian la investigación contra el presidente y su entorno por cargos de corrupción en los que hay indicios que complican al gobierno y deben ser investigados.

La acusación fiscal contra Castillo se presentó al Congreso horas después que la fiscalía allanó la casa de la hermana del presidente, detuvo a cinco cercanos colaboradores del mandatario e intervino las viviendas y oficinas de seis legisladores de un partido opositor que se han opuesto a los intentos de la ultraderecha parlamentaria de destituir a Castillo. La madre del presidente, Mavila Terrones, que se encontraba en la casa de su hija, ubicada en un barrio popular, recuperándose de una reciente operación, cuando la vivienda fue intervenida por los fiscales y la policía, se descompuso y debió ser llevada de urgencia a un hospital, hasta donde llegó el mandatario para verla. Castillo responsabilizó a la fiscalía por la salud de su madre. La fiscalía justificó el allanamiento a la casa de la hermana de Castillo que no está investigada señalando que buscaba documentos que puedan estar relacionados con los sobrinos del presidente incluidos en las investigaciones de corrupción.

"La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre", escribió el presidente por Twitter, protestando contra la actuación fiscal. Uno de los abogados del mandatario, Eduardo Pachas, calificó, a su salida de la casa de la hermana del jefe de Estado, como “excesiva” y “no legal” la intervención fiscal.

Los detenidos en el operativo fiscal son los hasta hace poco asesores del presidente Biberto Castillo y Eder Vitón; el exjefe del gabinete técnico de la presidencia y hasta ayer asesor en el Ministerio de Justicia, Auner Vásquez; el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo; y el empresario Jenin Cabrera, señalado como uno de los financistas de la campaña electoral de Castillo y denunciado de haberse favorecido con licitaciones irregulares. Un sexto personaje muy cercano a Castillo que iba a ser detenido, el empresario Segundo Sánchez, no fue encontrado y se encuentra prófugo. Estos seis estrechos colaboradores del mandatario acusados de corrupción por la fiscalía son conocidos como “el gabinete en las sombras” y se les adjudica una gran influencia sobre las decisiones del gobierno.

La fiscalía acusa, basada en el testimonio de una colaboradora, a los seis congresistas del partido opositor de centroderecha Acción Popular cuyas oficinas y viviendas fueron allanadas de haber beneficiado a sus allegados con obras públicas y puestos en el gobierno a cambio de apoyar al Ejecutivo, incluyendo, según la fiscalía, su voto en contra de los dos pedidos de destitución de presidente promovidos por la ultraderecha. A partir de esta acusación fiscal, los impulsores de la destitución del presidente promueven la narrativa de culpar de acuerdos oscuros con el gobierno y corrupción no solamente a los seis implicados en esta acusación, sino en general a quienes sin ser del oficialismo se oponen a la destitución del presidente. Un acto de presión contra esos congresistas para que cambien su postura y apoyen la destitución de Castillo.