Un escándalo jurídico

Fernando Carrera fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia tras un proceso aberrante, una muestra de cómo funcionan las fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial. El caso es conocido, fue divulgado por la película “El Rati Horror Show” que pudo ser la clave para que Carrera saliera del infierno, tras un cúmulo de padecimientos. Se lo acusó de haber robado una suma irrisoria de dinero y, en el intento de fuga. haber asesinado a tres personas que embistió con su auto. La versión del acusado es diferente: no era él el ladrón, fue perseguido y brutalmente agredido y baleado por policías de civil, quedó inconsciente, chocó sin quererlo ni saberlo.

Los hechos ocurrieron en enero de 2005. La causa judicial duró más de once años. Durante más de siete, Carrera  estuvo preso.
Los zigzagueos del expediente superan cualquier ficción. Una primera sentencia lo condenó a 30 años de prisión, siendo un trabajador con familia y sin antecedentes penales.
La Corte suspendió esa primera condena y ordenó liberarlo en 2012, cuando ya había pagado más tiempo que el que  hubiera podido cumplir el autor primerizo de un homicidio simple.
La causa siguió a paso de tortuga y la Cámara de Casación redujo la condena (hay que decirlo así, aunque suene a sarcasmo) a quince años de cárcel.
La Corte, con majestuosa parsimonia, tardó más de dos años en dictar resolución definitiva, que ya contamos. Carrera estaba en libertad pero sometido a la angustia de seguir bajo sospecha y sin certezas.
 Nada menos parecido a la justicia que el periplo reseñado. Como apunta el mismo Carrera, quedan víctimas que tienen derecho a saber qué pasó y, eventualmente, esperar que se encuentren culpables. Nada indica que ese desenlace sea accesible a años luz de la tragedia, incluso es posible que las responsabilidades penales estén prescriptas.
 La prolongación de la causa, culpa concurrente de todos los tribunales que intervinieron, acrecentó la afrenta: siete años de cárcel a un inocente.


Nada de eso entorpeció los discursos apologéticos de su presidente Ricardo Lorenzetti, en la VII Conferencia Nacional de Jueces, que dividió sus actividades entre la Ciudad Autónoma y La Plata. Quienes pasearon por el cuarto piso del Palacio de Justicia  pudieron ver nutridos stands que vendían el Código Civil y Comercial, comentado por Lorenzetti, una colección que vale una pequeña fortuna. Un gesto chocante, por decirlo con mansedumbre.
En su salsa, Lorenzetti señaló con el dedo a los otros poderes del Estado. Y promovió un panel sobre lucha contra la corrupción, con la presencia señera de su cofrade y contertulio habitual, el juez federal Claudio Bonadio. Este cronista no estuvo presente por  lo que ignora si el magistrado,  también favorito del gobierno de Mauricio Macri, firmó autógrafos. Podría haberlo hecho sobre servilletas, un detalle simpático para redondear la velada.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ