En menos de 24 horas, la Cámara Federal porteña, Sala I, la llamada Sala M (por macrista) de Comodoro Py, le pegó dos golpes a la investigación sobre la tentativa de asesinato de Cristina Kirchner. Este martes, ordenó la libertad de los integrantes de Revolución Federal que probadamente hablaban de matar a la vicepresidenta. “No se verifica de momento la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones" (la del intento de magnicidio y las violentas acciones de Revolución Federal) y "no hay peligro procesal" en las libertades, dictaminaron los camaristas. Así liberaron a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabina Basile. Ni siquiera se dignaron a poner en la resolución que hay que profundizar la investigación para determinar si hay relación entre el ataque, Revolución Federal, el financiamiento de la agrupación, el ultraderechista-patovica Hernán Carrol y los sectores más duros de Juntos por el Cambio. Y esa postura de la Cámara Federal es coherente con lo que los mismos magistrados --Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens-- resolvieron el lunes: sugerirle a la jueza María Eugenia Capuchetti que eleve cuanto antes a juicio la causa por el atentado. O sea, como si todo se circunscribiera a los tres detenidos por el ataque --Fernando Sabag, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo--, en lugar de esperar a poder analizar todas sus vinculaciones. Con un agregado insólito de la Cámara: que debe profundizarse la investigación de la custodia, los integrantes de la Policía Federal y los jóvenes de La Campora que rodeaban a  CFK el 1 de septiembre.

Los liberados

El fiscal Gerardo Pollicita había acusado al grupo de Revolución Federal de ser parte de “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. Se les imputó el delito de intimidación pública que prevé una pena de tres a ocho años de prisión “al que organizare o tomare parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Además, con el agravante previsto para “quien aliente a la persecución contra una persona o grupo a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

Como se sabe, en los intercambios del grupo se mencionaba la idea de matar a CFK, a Máximo Kirchner y a Alberto Fernández. El grupo produjo hechos de violencia contra la Casa Rosada, la asunción de Sergio Massa, la de Silvina Batakis, así como agresiones contra otras figuras políticas. En la marcha de antorchas contra la Casa Rosada, con tentativa de incendio incluido, estaba presente Brenda Uliarte, protagonista del ataque a CFK. 

Pese a todos estos elementos, los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens --los dos primeros trasladados ilegalmente por Mauricio Macri, en tanto que Llorens jugó de arquero en la quinta del exmandatario-- resolvieron otorgar la libertad a los cuatro integrantes detenidos: Morel, Sosa, Guerra y Basile. Son cuatro resoluciones cortas, de cuatro páginas cada una, con dos argumentos:

* No hay peligro procesal, es decir que se fuguen o que alteren la causa judicial.

* No se han encontrado vínculos con el ataque a CFK.

Nada de profundizar la pesquisa, buscar vínculos, analizar el financiamiento. El intento de matar a la vicepresidenta queda en un lejanísimo plano y los camaristas protagonizan otro evidente recorte de la investigación.

Este martes mismo, la Cámara de Casación, que administra el edificio de Comodoro Py, con la firma de Alejandro Slokar, ordenó que se sacaran las banderas de Revolución Federal que puso un grupo en apoyo a sus integrantes. Las banderas estaban colocadas en las rejas del edificio de Retiro. Justamente Casación consideró que se trata de una organización violenta imputada por intimidación pública.

Hacer un juicio cuanto antes

Un día antes, el lunes, la Cámara M produjo otra resolución escandalosa, dirigida a Capuchetti. “Con la premura que el caso impone -dice el texto-, eleve estas actuaciones respecto de los imputados cuyas situaciones procesales se encuentran resueltas a la instancia del debate oral y público, esto sin perjuicio de continuar con las diligencias pertinentes en los demás legajos de investigación formados al efecto y profundizar agotando cualquier hipótesis que pueda vincularse con este hecho de gravedad institucional”.

En otros términos, le indicaron a la jueza que haga cuanto antes un juicio como si el ataque contra la vicepresidenta hubiera sido perpetrado sólo por los tres detenidos, “tres loquitos”, y no una operación en la que hubo otros protagonistas que alentaron, financiaron las actividades del grupo y tal vez el plan mismo del magnicidio. El mensaje es “cortemos acá la investigación”. Lo otro, quedará para más adelante, ya veremos, tal vez, en algún momento lo analizaremos.

Investigar a los kirchneristas

Esa decisión de Bruglia, Bertuzzi y Llorens fue acompañada, en otra parte del texto, de una sugerencia a la jueza: profundice la investigación, pero de los más cercanos a CFK. Dice así: “ahondar las encuestas en orden a otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández”. Tácitamente mencionan a los custodios de la Policía Federal -que tuvo obvias falencias en su actuación-, dependiente del Poder Ejecutivo, y a los jóvenes de La Cámpora que rodeaban a CFK aquel 1 de septiembre. 

Es casi una provocación.

Dividir los expedientes

O sea que la Cámara manda a investigar kirchneristas y no tira de los hilos que aparecieron:

* La anticipación del diputado Gerardo Milman del ataque a CFK, no sólo por la denuncia de un testigo que lo escuchó decir “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, sino que doce días antes presentó un asombroso proyecto en el que habla de “un falso ataque a Cristina”.

* La insólita transferencia de Caputo Hermanos a Revolución Federal a cambio de muebles que no se sabe si se hicieron o si, en realidad, escondieron un envío de dinero para fomentar las violentas actividades del grupo.

* El pedido de Sabag para que su defensa la pague el patovica Hernán Carrol, alineado con Javier Milei y Patricia Bullrich.

* La presencia de Brenda Uliarte en una marcha y en una fiesta de Revolución Federal.

Todos estos elementos los pretende dejar a un costado la Cámara Federal: impulsa un juicio ya, contra los tres que actuaron en la esquina de Juncal y Uruguay. Ni siquiera Bruglia, Bertuzzi y Llorens reclaman que se esclarezca quiénes son las otras personas que hicieron inteligencia en esa misma esquina, varios días antes. Porque está claro que el carro con la venta de copos estuvo en Juncal y Uruguay los días 23, 27, 28 de agosto viendo cómo llegaba la vicepresidenta al edificio en el que vive.

La Cámara M quiere cerrar el paquete cuanto antes: juzgar a tres lobos solitarios que salieron de la nada. Y dejar todo ahí.