T.D. tiene 36 años, una situación de consumos problemáticos que le impiden hacerse cargo de sus hijos y ahora, una acusación por homicidio calificado que la dejó en prisión preventiva por 45 días. Tras el hallazgo de dos fetos enterrados en el patio de una casa en Cañada de Gómez, la instaron a declarar cuando estaba internada -en pleno puerperio- y sin la asistencia letrada. La imputación generó críticas del Servicio Público de la Defensa Penal, que pide que se investigue como aborto. Al mismo tiempo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito de Rosario expresó su "preocupación frente al accionar de la fiscal Gabriela Lescano" y pidió que se considere el "vulnerable estado de salud" de la mujer detenida, "que está transitando el estado de puerperio y además atraviesa un cuadro de consumo problemático". La defensora pública Florencia Chaumet señaló: "Hay casos en los que advertimos más vulnerabilidad que en otros y acá, veníamos preparados incluso para discutir la calificación por un aborto, porque nos parecía prematura".

La abogada entendió que "hay elementos para suponer que acá hay una cuestión de salud integral de la mujer, lo que convierte al aborto legal, sin plazos". Por eso, pidió "una junta médica urgente" y también plantearon "la imposibilidad fáctica de que ella conociera cuál era la semana gestacional de este embarazo". Es que Fiscalía difundió ayer que se trataba de dos bebés nacidos con vida, con un tiempo gestacional de 30 semanas. 

Por su parte, la Campaña por el Derecho al Aborto hizo "un llamado al respeto y cumplimiento absoluto de las normas legales en la investigación de lo sucedido. Y a salvaguardar los derechos de una persona que es víctima a su vez de una situación de desamparo". 

Chaumet señaló también que "la teoría de la fiscalía es que habrían nacido los fetos con vida, si bien el el accionar que se le imputa a nuestra defendida es una maniobra abortiva habiendo ingerido, supuestamente, pastillas. La fiscal entiende que, como nacieron con vida, esto lo convierte en un homicidio". 

Dede la defensa cuestionaron "la criminalización de lo que entendemos es un aborto". Además, señalaron distintas falencias estatales. "De las propias pruebas o evidencias que menciona la fiscal surge que nuestra defendida no tuvo ningún control obstétrico. No había forma de que ella supiera de cuántas semanas estaba y evidentemente acá había una voluntad interrumpir un embarazo", dijo Chaumet y señaló que "lo hizo de la peor de las maneras, la más riesgosa para la salud y la vida de esta mujer".

Para la defensora pública, es de esperar que esta situación "conlleve a un replanteo acerca de qué se está garantizando y qué se está cumpliendo de las obligaciones que impuso la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hace ya casi hace dos años". Y describió que "en este caso, es una mujer absolutamente vulnerable desde un montón de sentidos, en cuya vida están ausentes las instituciones. Debemos replantearnos por qué el estado recién está interviniendo solo para criminalizarla y prisionalizarla".

En el mismo sentido, también cuestionó la decisión del juez Álvaro Campos de disponer la prisión preventiva durante 45 días. "Podría haberse dispuesto la libertad o alguna medida alternativa, inclusive con una calificación grave, porque estamos hablando de dos personas sin antecedentes penales".

Desde el Servicio Público de la Defensa Penal advierten la criminalización de personas de los sectores populares. "En este caso hay más condiciones de vulnerabilidad, hay un problema de consumo problemático, ella no pudo seguir haciéndose cargo de sus otros hijos menores de edad por esta situación y se los entregó a distintas personas. Es imposible que el Estado en alguno de sus de sus niveles u órdenes no supiera de la situación realmente preocupante que vivía esta mujer y de cómo ella podría haber tenido acceso a la información para interrumpir su embarazo antes de la semana 14. Es más, nos preguntamos cómo una mujer luego cinco partos no tiene o no se le brindó información acerca de métodos anticonceptivos". La abogada consideró que "esta es la peor de las maneras para intervenir, criminalizándola".