A pesar del intento de bloqueo de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados retomó el demorado debate de la Ley de Humedales. Luego de haber sido freezada por presión de los gobernadores del Norte Grande, la iniciativa había quedado en una suerte de limbo parlamentario en el que la falta de acuerdos con los sectores más reactivos a la ley amenazaban con repetir el final anunciado de los últimos 10 años: la pérdida del estado parlamentario. Una vez aprobado el Presupuesto, sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con la discusión convocando a una reunión informativa en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. Al final, solo terminaron dando el presente las dos primeras, ya que el presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, se valió de una serie de excusas procedimentales para dar el faltazo y vaciar la convocatoria. A pesar de las ausencias se definió volver a convocar a una reunión el próximo jueves con el objetivo, ahora sí, de emitir dictamen. "No vamos a permitir que la cajoneen de nuevo", aseguró Leonardo Grosso.

La reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados estaba cargada de expectativa. La última vez que se habían reunido en el plenario de comisiones, les diputades habían acordado que volverían a verse las caras una semana después y emitirían dictamen. En el medio, sin embargo, los 10 gobernadores del Norte --8 peronistas, 2 radicales-- metieron la cola y, desde Estados Unidos, sacaron un comunicado advirtiendo que la ley de Humedales no podía ir contra la autoridad de las provincias. El debate, ahí, se suspendió temporalmente, a la expectativa de que poder convocar a los gobernadores para que participaran y emitieran opinión. Según precisó Grosso, la comisión de Recursos Naturales les mandó tres invitaciones distintas pero nunca recibió respuesta. Finalmente, se terminó convocando a que el jueves a las 11 se volviera a reunir el plenario de comisiones. Pero no fueron todes: Juntos por el Cambio apostó a boicotear el encuentro y decidió no participar. 

"Desconocemos esta convocatoria", sostuvo Soledad Carrizo (UCR), la única diputada de JxC que, junto a Danya Tavela y Dolores Martínez (Evolución), había participado del encuentro con el objetivo de dejar asentado el pretexto reglamentario que Buryaile había utilizado para justificar la no participación de la comisión de Agricultura. El argumento era que, caída la última reunión de septiembre, el cuarto intermedio del emplazamiento votado por la mayoría en el recinto había caducado. "Yo lamento que los colegas de Cambiemos hayan abandonado la agenda ambiental. La única explicación posible  es que quieren poner la unidad por sobre todo: si hay un tema que los divide no lo tratan. Pero nosotros no podemos estar atados a la estrategia electoral de una facción política. Dan lástima muchachos, es inaceptable", les recriminó Graciela Camaño (Identidad bonaerense) en uno de los discursos más encendidos de la jornada. Además de ratificar que la reunión era "reglamentaria", la diputada insistió con que había que dictaminar antes del 30 de noviembre si no se quería que el proyecto perdiera --una vez más-- estado parlamentario. "Esa es la verdad de la milanesa", zanjó.

"Están ganando tiempo para llegar al 20 de noviembre. No solo los diputados de JxC sino también algunos gobiernos provinciales que no quieren que esta ley salga. Y hay que decirlo con todas las letras. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser parte de la historia de dilación de la ley de Humedales en este Congreso?", subió el tono, mientras tanto, Grosso (quien también es el presidente de la comisión de Recursos Naturales). Sin escaparle al hecho que la mayoría de los gobernadores que están haciendo lobby contra la ley son peronistas --fundamentalmente de provincias mineras o agropecuarias--, el diputado oficialista blanqueó que había pedido que las provincias participaran del debate pero que nunca había recibido respuesta. Solo la provincia de Buenos Aires envió una representante al encuentro: la ministra de Ambiente (y larga impulsora de la Ley de Humedales), Daniela Vilar. También participaron, por otro lado, varios intendentes cordobeses y santafesinos de la ribera del Paraná. 

"Necesitamos que el Estado regule la explotación de los bienes comunes naturales con algunos presupuestos mínimos. No existe la dicotomía entre ambientalismo y productivismo, no hay hippies con OSDE y ecocidas asesinos", señaló Vilar, exdiputada nacional que trabajó junto a Grosso el dictamen de 2020 que, luego, se convertiría el principal proyecto durante la discusión de este año. La ministra bonaerense aprovechó también para desmentir los dos principales mitos --o preocupaciones-- que dispersan aquellos que se oponen a que haya una ley de Humedales. Uno, que es antiproductivista: "Hoy no se puede entender la producción de una manera que no sea sustentable", insistió. Dos, que va contra las autoridades provinciales y su control sobre los recursos naturales: "Son presupuestos mínimos para la conservación de los humedales y por supuesto que la competencia de aplicación la tienen las provincias", resaltó.´

El debate, después, giró en gran medida respecto a las culpas y responsabilidades que les cabía a cada sector por la constante dilatación de la Ley de Humedales. Dilatación que, en la práctica, es sinónimo de sentencia de muerte. "Para subirse al tren de la alegría ambientalista están todos, pero cuando hay que resolver y poner la firma desaparecen", sostuvo, enojado, Grosso en un momento. "Claramente JxC mostró la hilacha", sumó Enrique Estévez (Partido Socialista), el diputado santafesino que pidió originalmente el emplazamiento que daría inicio al debate. Más allá de los reclamos, al final, se terminó definiendo convocar a un nuevo cuarto intermedio y retomar la discusión el próximo jueves a las 13. El objetivo del FdT es dictaminar, aunque para ello tendrá que volver a encabezar duras negociaciones con diputados de su propio bloque si quiere conseguir las firmas que le faltan.