La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien denunció la ruptura de orden constitucional y violaciones a los derechos humanos en su país con el gobierno de Nicolás Maduro trazó una analogía entre el proceso que amenaza con destituirla y el escenario de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. “Se da una situación similar, con procedimientos inconstitucionales. Gils Carbó ha dicho que para su destitución se requiere una mayoría parlamentaria y en Venezuela también la Constitución contempla la destitución de la fiscal general a través del Congreso”, explicó, alarmada el proceso que advierte de “judicialización de la política”. A Ortega ya la está juzgado con un procedimiento fuera de las reglas –según detalló– el Tribunal Supremo de Justicia al que ella misma denunció por  anular al Poder Legislativo y trasladarle sus facultades al Ejecutivo a través de una sentencia y, en otra, darle potestades penales al Presidente.  Ortega tiene sus cuentas embargadas y le prohibieron la salida del país, por lo que no podrá estar mañana en la asamblea extraordinaria convocada en Buenos Aires por la Asociación Iberoamericana de ministerios públicos para tratar su situación. Hablaría por videoconferencia.  

El mismo paralelismo había trazado el lunes Gils Carbó, cuando crecían las versiones de su inminente citación a indagatoria y su posible destitución por decreto. Así como la procuradora argentina dijo que desconocería una expulsión por decreto, Ortega Díaz dijo que hará lo propio si el tribunal supremo define echarla. “Yo desconozco la legitimidad de esos magistrados, en consecuencia desconozco sus  decisiones”, anunció en Radio con Vos. 

“Parece que en definitiva todo aquello que constituya un obstáculo para los gobiernos, si no lo pueden derrotar por la vía electoral, lo derrotan por la vía penal. Es derecho penal del enemigo. Un destacado jurista argentino, el doctor (Raúl) Zaffaroni, aborda muy ampliamente este tema. Es lo que se pretende hacer tanto en Argentina como en Venezuela”, evaluó. En su caso, explicó, podrían destituirla de un momento a otro, ya que terminó el plazo del “antejuicio” que puso el tribunal para expedirse. “Podrían ordenar mi detención también. Sería inconstitucional, pero podrían hacerlo”, agregó. Su mandato debería durar hasta 2021. 

Ortega Díaz cuenta que siempre comulgó con los postulados humanistas de Hugo Chávez. “Pero se han venido desdibujando con el actual gobierno –acotó–. Nos encontramos con una grave violación a los derechos humanos. Y lo más grave es que pretenden invadir la independencia de otros poderes para favorecer la permanencia del Ejecutivo en el poder. Yo hice un juramento ante la Constitución, de cumplir con ella y con todo el cuerpo de leyes. Frente a decisiones y acciones que contrariaban la Constitución tuve que salirle al frente porque era mi deber, y sigue siendo mi deber mantener la institucionalidad.” 

Las primeras denuncias de la fiscal fueron por la designación de los jueces del Superior por no cumplir con requisitos para el cargo y luego se sumaron denuncias por el fallo que declaró a la Asamblea Nacional en “desacato” para trasladarle sus facultades al Ejecutivo y al superior tribunal, a cualquier órgano o persona; o mismo con las facultades penales del ministerio público. Todo esto, dice, empeora “la severa crisis en Venezuela, de alimentos, medicina, seguridad; requerimos de un canal humanitario”. Le preocupa el llamado a una asamblea constituyente que “viola la constitución” y la falta de elecciones regionales.