El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó el proyecto de ordenanza que otorga en concesión hasta el 31 de diciembre de 2023 el uso de los locales emplazados en el Parque San Martín a los vendedores que actualmente realizan su actividad comercial en el lugar. Se trata de al menos 220 comercios ubicados en el pasaje Beltrán, entre la Avenida San Martín y el pasaje Chiclana. 

La decisión surgió porque el 31 de diciembre vence la prórroga dispuesta por la Municipalidad de Salta el año pasado, además de que el gobierno de Bettina Romero tiene la intención de remover a los trabajadores del lugar, en el marco de su política de poner "orden" en la ciudad, que apunta a impedir el trabajo de puesteros y vendedores ambulantes en el centro y macrocentro de la capital provincial. 

El autor del proyecto, el concejal José García, también presidente del bloque Unidos por Salta, expresó que el tratamiento de la iniciativa tiene que ver con una temática que "hace mucho tiempo está esperando una solución definitiva". Después de que el Ejecutivo municipal manifestara su intención de no prorrogar la concesión e intervenir en el lugar a través de la interventora de Espacios Públicos Susana Pontussi, García sostuvo que no se debe "poner todo el peso sólo a los trabajadores sobre lo que se hizo mal". 

El concejal contó que -desde que asumió el año pasado- tanto él como el cuerpo deliberativo pidieron diversos informes para saber cómo estaba la situación. También recordó que se armaron mesas ampliadas de diálogo con todos los sectores e incluso la Municipalidad adelantó que tenía un plan estratégico que se apoyaba en la reubicación de los trabajadores. 

"Ese plan no llegó", aseguró García, refiriéndose al apuro que empezó a manifestar el gobierno de la ciudad para no continuar cediendo el espacio público del Parque. 

En 2008 se aprobó la ordenanza 13.341 como una alternativa de reubicación para los vendedores ambulantes que recorrían el centro salteño. En ese momento se dispuso que 126 trabajadores iban a tener un puesto en la zona por un período de tres años. Tras ese vencimiento, se sucedieron prórrogas de un año, dos años o de 18 meses. Además, el número de feriantes aumento, llegando a ser de entre 220 y 270. 

"No los voy a poner a los trabajadores de la economía popular nunca en un rango de problemas", aseguró García. Por ello, cuestionó que desde la Municipalidad no se presentaron alternativas a las familias de los trabajadores, por ejemplo: remodelar el lugar o cambiar la ubicación, sino que primó "el que se les diga que se tienen que ir sí o sí, sin más". 

El edil aclaró que con la nueva ordenanza no se busca fomentar la ilegalidad ni hacer invasión del espacio público. "La intención (del proyecto) es la empatía para con la tranquilidad de los trabajadores del Parque San Martín", expresó. 

En el artículo 2, el proyecto señala que el Ejecutivo Municipal tendrá a su cargo la administración de los locales, para lo cual designará un funcionario con competencia como administrador. Este tendrá la función específica de supervisar y velar por el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y normativa vigente

Por su parte, la presidenta del bloque Salta Independiente, Paula Benavides, dio su apoyo a la iniciativa y criticó la ausencia de un plan de parte de la Municipalidad. La concejala contó que recién este último martes, la interventora Pontussi los citó para dar a conocer la situación. Aún así, "no hemos tenido una respuesta precisa y acorde a lo que estamos solicitando", conocer la alternativa que se les iba a dar a las familias, dijo. 

De acuerdo a lo expuesto por Pontussi, más de 200 los trabajadores están actualmente en el Parque. En algunos casos se presentan irregularidades, como el caso de que un espacio asignado a una persona fue cedida a otra, o que se tienen deudas tributarias que van desde los 5 mil pesos a 280 mil pesos. 

"Le preguntamos precisamente cuál es el plan que tienen y no tienen un plan", advirtió Benavides. En ese sentido dijo que "si tanto nos preocupa la situación, el Ejecutivo Municipal tiene todas las potestades del control pero hasta el momento no las ha ejercido". Por tal razón, pidió la incorporación de un nuevo artículo, en el que se deje expresado que la Municipalidad de Salta deberá presentar un plan estratégico que contemple el reordenamiento del espacio público, en un plazo no mayor a 6 meses. 

En tanto, la edila Carolina Am (UPS), recordó lo sucedido en 2017, cuando se eliminó la tracción a sangre y se estableció el Plan de Reconversión de la familia carrera. "Eso fue una perspectiva empática del diálogo", aseguró, y añadió que en cambio, con la situación de los puesteros del Parque "en ningún lado está una alternativa o soluciones superadoras". "Estoy a favor para que salga esta ordenanza siempre en el marco de buscar soluciones conjuntas", expresó. 

El bloque opositor

Por su parte, la totalidad del bloque de Juntos por el Cambio+ (JxC+) se opuso a la iniciativa. Su presidente, José Gauffín, manifestó que se estaba legislando sobre uno de los "manejos más irregulares que ha tenido la administración pública municipal desde hace 14 años". Sostuvo que desde ese momento, se vino suscitando un "enorme desconcierto" tanto desde la gestión interna de la feria como de la administración municipal. 

Aseguró que la intendencia de Romero no quedó exenta y demostró que "una vez más se durmieron" en la búsqueda del "orden". Dicha palabra empezó a aparecer con mayor fuerza en los discursos oficiales desde que sucedió el asesinato del joven Nahuel Vilte, en octubre de 2021, por un conflicto entre los puesteros del lugar. 

Para Gauffín, no existió eficiencia desde el gobierno municipal en el manejo del tema y tampoco se presentó un plan claro sobre lo que se quiere hacer ahora con los trabajadores del Parque. Sin embargo, afirmó que aprobar la ordenanza significaba "otorgar la concesión del espacio público a personas que no conocemos" porque "nadie sabe a ciencia cierta quiénes son" los dueños de los locales. 

A partir del asesinato de Vilte, tanto el municipio como ediles (entre ellos Gauffín), empezaron a hablar de mafias presentes en la feria. 

El edil dijo que aprobar la ordenanza también es aceptar la ilegalidad porque muchos rubros que están en la zona no están habilitados. Incluso en la ordenanza se mencionan actividades prohibidas, como la comercialización de alimentos cocinados en el lugar, o de productos de origen no verificable o que violen las normas vigentes.

"No podemos votar esta ordenanza porque no sabemos a quién damos (el lugar) y en el mismo acto, estamos diciendo que al día siguiente se tienen que ir en pleno derecho y de manera irrevocable por no respetar las disposiciones establecidas", expresó. 

En tanto, su compañera de bloque Emilia Orozco, dijo que tampoco acompañaría el proyecto porque "hay muchos derechos y pocas obligaciones". "Pareciera ser que siempre se premia a quienes transgreden las normativas", manifestó. Por su parte, Agustina Álvarez, dijo que de los 270 puesteros, apenas 70 "se encuentran cumpliendo las condiciones necesarias de seguir". 

Mientras que su par Pablo López aseguró que tampoco acompañaría porque estaría "siendo injusto con toda la ciudad que paga sus impuestos, que está al día, que hace las cosas bien". Sostuvo que dar una nueva prórroga por un año más tampoco serviría para encontrar una solución definitiva al conflicto.