A casi tres meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti, cercada por su recusación y durísimos cuestionamientos de la querella, decidió delegar la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo. La jugada de la magistrada buscó anticiparse a la decisión que debe tomar el camarista Leopoldo Bruglia —uno de los nombrados a dedo por Mauricio Macri—: si la aparta o la confirma en el caso. Ella lo presenta como un “remedio procesal” ante los reclamos de CFK que ponen en duda su imparcialidad, y para evitar futuras nulidades. Lo llamativo es que en el mismo escrito da señales de que no haría lugar al pedido de los abogados de la vicepresidenta de cambiar la imputación contra Nicolás Carrizo y agregar el delito de asociación ilícita en función de chats que están hace un mes en la causa y el juzgado no había analizado. Ante Bruglia, los abogados de CFK insistieron en que la jueza sea apartada de la causas por haber frenado distintas líneas de investigación.
La magistrada tomó la decisión luego que se realizara la audiencia en la Cámara Federal, en la que los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, expusieron las razones del planteo de la vicepresidenta ante el juez Bruglia. "La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo", afirmó Ubeira.
Aldazabal se ocupó de desarrollar punto por punto los motivos para desplazar a Capuchetti. Por caso, dijo que no dio explicaciones sobre la ruptura de la cadena de custodia del celular de Fernando Sabag Montiel, del que se perdió información, y argumentó que avanzaría sobre las responsabilidades penales de la Policía Federal una vez que la fuerza termine el sumario interno. También le criticaron la falta de explicación de la jueza respecto a la demora en la detención de Brenda Uliarte y en especial que mandó a la Federal a hacer escuchas directas sobre ella y los agentes tardaron tres horas en llegar al locutorio para hacerlas. Es más, Uliarte casi se escapa: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) avisó que se estaba moviendo pese a que debía haber efectivos de la Federal donde estaba ella.
Los abogados subrayaron que Capuchetti rechazó la mayoría de las medidas pedidas por la querella y no agotó las líneas de investigación que aparecieron. Por caso, citó a Hernán Carrol, referente de Nueva Centro Derecha, con un mes de demora. Le retuvo uno de sus dos celulares por insistencia de Aldazabal y resulta que estaba todo borrado. El nombre de Carrol había aparecido en el expediente cuando Sabag Montiel le mandó un manuscrito a la jueza diciendo que él era la persona que debía designarle una abogado particular y pagárselo. El dirigente, con lazos con Patricia Bullrich y Javier Milei, tenía contacto con Uliarte.
Capuchetti tampoco quiso investigar la pista que lleva a Gerardo Milman, quien parecía conocer que podía haber un ataque a CFK, tal como lo puso en un proyecto de resolución donde dijo que sería un auto atentado. Un testigo lo escuchó decir, dos días antes del ataque, “cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Pero Capuchetti se puso del lado de Milman y denunció, a pedido suyo, al testigo. No quiso secuestrar los celulares de las colaboradoras que estaban con él, que llegaron a mentir al testificar y hasta contradecirse. Una de ellas es Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina 2012 que estuvo a cargo de la Escuela de Inteligencia del ministerio de Seguridad de Bullrich cuando Milman era su vice.
Frente a Bruglia, los abogados de la querella también aludieron a los chats de Carrizo que aparecieron en un análisis de su celular que hizo un órgano del Ministerio Público Fiscal y que el juzgado no investigó. En uno de ellos, Carrizo escribió apenas unas horas después del intento de magnicidio contra CFK: "Recién intentamos matar a Cristina”. A raíz de estos datos, la querella pidió que Carrizo fuera indagado como “coautor” del intento de magnicidio (está procesado como partícipe) y que se incorpore la figura de asociación ilícita y se amplíe por esto la indagatoria de todos, ya que las conversaciones mostraban que querían alterar el orden público y forzar la renuncia de Alberto Fernández.
Lo sorprendente fue que la jueza se refirió a este tema en su presentación al delegar la investigación. Sobre el nuevo material y el pedido de imputar a Carrizo junto a Sabag y Uliarte por asociación ilícita dijo que se plantea "la necesidad de realizar modificaciones a imputaciones o calificaciones legales que han sido consolidadas ya por los correspondientes autos de mérito que han adquirido firmeza, y debe señalarse, no fueron en su oportunidad impugnados por los presentantes”.
"Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo", dijeron los querellantes ante el juez Bruglia.
