Mientras Nadia Lizet Rojas aparecía este martes 11 a la noche en Parque Patricios para reencontrarse con su madre, otras dos chicas de 13 y 14 años habían desaparecido de sus barrios en el Bajo Flores y la Villa 31. Ambos hechos, sumados al regreso de Nadia, una adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante 33 días desde el 9 de junio, camino a la escuela en Villa Lugano, lejos de tranquilizar a su madre, Elena, y a quienes acompañaron y visibilizaron su búsqueda, les confirmó la existencia de un entramado de captación sistemática que opera en las barriadas populares y con mayor énfasis en las trazas sur y oeste de la Ciudad, los territorios más olvidados por el Gobierno porteño. Al cierre de esta nota se encontraban en estado de alerta máxima. A Nadia y a las demás, aún a aquellas que tras ser rescatadas sostienen con pesar que se fueron por propia voluntad, les imponen un recorrido perverso que la Justicia y la policía se encargan de calificar con descaro como “paradero desconocido”, cuando hasta la última baldosa conoce los tejes de connivencia y por quiénes, cómo y dónde son secuestradas o captadas las niñas. Ya no se habla de la combi blanca que las arrebata sino de una modalidad que se complejiza, señalan docentes y referentes de organizaciones que trabajan la temática. Y que se manifiesta a través del acoso en las redes y sobre aquellas que sufren mayores vulneraciones intrafamiliares. “A las de 14 las toman para prostituirlas y a las de 30 para los femicidios”, lamentó Celeste, de la organización popular Hagamos Lo Imposible, que acompaña la búsqueda y visibilización de las chicas desaparecidas.
Durante la noche del martes Nadia se comunicó con su madre y combinó un lugar donde encontrarse. Apareció acompañada por otras dos, una sería la hermana de uno de los posibles captores, que fue citado a declarar. A la mañana Elena fue a buscar a su hija a La Salada, uno de los lugares que rumores y mensajes anónimos le marcaron como posibles paraderos. Allá le salieron al cruce unos tipos que le llenaron de golpes el cuerpo y el rostro, y la amenazaron con un arma para que desistiera de la denuncia penal. Se lo repitió Nadia a la noche en medio del abrazo partido por el ruego. “Levantá la denuncia porque si no no me vas a volver a ver.” Elena observó cómo las otras chicas miraban con atención. “Estaba muy asustada y una de ellas, la hermana del que pudo haber captado a mi hija, se mantenía cerca. Nadia me dijo que decidió salir porque estaba amenazada. Sabemos que a otra niña captada por la misma banda la amenazaban mostrándole fotos de sus familiares para que no volviera a la casa.”
La Red de Docentes, Familias y Organizaciones de Lugano formada a partir de la desaparición de Nadia, y que articula con la Red que actúa en el Bajo Flores desde 2015, reveló en un comunicado “que estamos en presencia de una red que seduce y capta chicas vulnerables de Lugano. Este es el modus operandi real de las redes de trata con fines de explotación de menores para la venta de drogas y para la explotación sexual”.
Así lo entendieron la Procuraduría de Trata de Personas a cargo del fiscal Marcelo Colombo, la Fiscalía N° 57 de la Ciudad, Acceso a la Justicia (ATAJO) y el fiscal Federal Federico Delgado. Lo constata la dirección de la Escuela N° 1 René Favaloro, a la que asiste Nadia, donde las niñas desaparecen y vuelven a aparecer en el día a día. Y lo demuestran los sucesivos allanamientos, en especial a uno de los boliches sospechados, El Basilón, en Liniers, donde podría haber estado cautiva Nadia y que cuenta con quince habitaciones para prostitución.
Salvo el juez Rodolfo Canicoba Corral. Rechazó la causa -recusada por Delgado- por considerar que no existían elementos suficientes para acreditar la existencia de trata, lo que derivó en un recurso de amparo del abogado de la familia, Facundo Vicente, ante la Cámara de Apelaciones. La desidia judicial que tan bien manejan algunos tribunales no sólo hizo que se perdiera un tiempo precioso en la búsqueda de la adolescente, también habla de la nula preparación de funcionarios y funcionarias frente a temas de sentido común urgente. Las vidas de niñas, niños, adolescentes y mujeres están en jaque y el recrudecimiento de las violencias es inversamente proporcional a la desprotección de los poderes del Estado. A la falta de insumos básicos y el desmantelamiento de organismos y direcciones, se suman la persecución policial y la inacción de una Justicia cada vez más racista y patriarcal. “Resulta un hecho grave de denegación de justicia y de interpretación maliciosa de hechos -concluye el comunicado-, cuyo resultado termina siendo el encubrimiento de una banda que acecha a nuestras niñas en los barrios más pobres de la Ciudad con participación directa de policías de la zona.” Se sospecha que la comisaría 52ª, a cargo de las investigaciones por las desapariciones de chicas en Lugano, estaría vinculada a episodios relacionados con los casos y que mantiene lazos con los dueños de algunos boliches, en especial de El Basilón, donde se realizaron los últimos allanamientos.
Los bancos vacíos
“No es la primera vez que desaparece una chica y nadie mueve un pelo. Es agobiante la conciencia que falta y también se juzga mucho, dicen ´debe estar con el novio´. Y si así fuera también sería un problema porque si ella quiere escapar de la casa implica que no está viviendo una situación favorable. Nadie escapa porque sí, siempre hay una situación violenta detrás.” Zoe Carbonell es la presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo N° 2, de Caballito, una de las escuelas que reclaman por estudiantes desaparecidas. “El Estado no mueve un dedo, debería cuidarnos y no nos cuida. En nuestro colegio desapareció una chica y apareció una semana después en Villa Celina: ni la policía intervino en el rescate. Nadie busca a las que nos faltan, son bancos vacíos en los colegios.”
Marilina Arias, del consejo directivo del sindicato Ademys y de la organización Pan y Rosas, docente en la Escuela Media N° 1 de Lugano a la que asiste Nadia, asegura que los casos se repiten sistemáticamente. “Estamos saliendo a buscar a nuestras alumnas que desaparecen y no pueden subsistir por sus propios medios; logramos recuperar a muchas de las redes de trata. Pero las denuncias que radicamos en la comisaría 52ª no tienen respuesta y ni siquiera informan a las familias sobre el curso de las investigaciones.” Asegura que las adolescentes no se encuentran bien y que deben volver a la escuela con sus compañerxs y familias. “Muchas de estas niñas son víctimas de trata para explotación sexual. Un negocio de tal magnitud no puede funcionar sin la complicidad política de las instituciones del Estado, por eso lo hacemos el principal responsable.”
Son chicas de barrios más pobres y parece que no merecen ser buscadas, advierte Alicia Navarro, de la Escuela de Educación Primaria N° 13, de Lugano, otra de las maestras presentes en cada movilización. “Familias, alumnos, organizaciones y docentes sabemos que no hay que parar hasta encontrarlas, por eso tomamos las calles, pero siempre somos nosotros quienes salimos mientras vemos cómo el Gobierno destina presupuestos millonarios para otras cosas y no para encontrar a las chicas.”
Las ausencias van adosadas a otros conflictos, remarca Ivana Otero, maestra de la Escuela de Educación Primaria N° 19, lindera con la escuela de Nadia. “El sur de la Ciudad es una de las zonas que más denuncias registra por violencias de género y tiene que declararse la emergencia en violencia. En Lugano hay un solo Centro Integral de la Mujer (CIM), donde faltan personal y recursos. En cada desaparición vemos más obstáculos que demuestran la ligazón con el negocio de la trata y los cuerpos de las niñas. La única manera de revertir la situación es no victimizarse y salir a pelear por que las pibas vuelvan a su comunidad.”
Hoy, las chicas no están en sus hogares porque las seducen, porque las acosan y amenazan con hacer daño a sus familiares; porque viven en hogares pobres cruzados por violencias insostenibles, porque son cuidadoras de otros o ayudan contra su voluntad en la economía cotidiana. “Lo que deviene es mayor captación pero en escenarios más complejizados porque ya no se trata de los secuestros según el imaginario popular”, agrega Otero. “Debemos afinar la mirada en ese sentido y comenzar a debatir no sólo por qué se van chicas y chicos, sino cómo logran anular sus voluntades. Y reclamar las herramientas de contención que se les deben acercar y que hoy no existen.” Para al mismo tiempo interpelar a las instituciones de un sistema patriarcal y capitalista “donde todas las dudas están puestas en la víctima, en que se fue de la casa con alguien. Las comisarías no toman las denuncias porque son familias de barrios populares y persiste una mirada discriminatoria”.
Otra red es posible
La Red de docentes, familias y organizaciones de Lugano toma experiencia y articulación de la Red del Bajo Flores, que asiste la problemática desde 2015 y comprende la necesidad de generar espacios con adolescentes frente a la ausencia de alternativas. En los acompañamientos se advierte que las chicas quedan encerradas a cargo de hermanos pequeños y de adultos mayores, y de la limpieza de sus casas, producto de una economía familiar pauperizada. “Entonces, el único medio de comunicación con otros son las redes sociales, precisamente la vía de enlace con ese aparato que capta a niñas y adolescentes de las barriadas”, explica Mafalda Sánchez, referente del Movimiento Popular La Dignidad (MPD).
Es un laberinto por donde salen unas y entran otras, reflexiona Vanina Biasi, dirigente de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras, que conforma la Red de Lugano. “Todas las mafias que se mueven alrededor de los colegios de la zona sur y oeste de la ciudad están regenteadas por sectores policiales: la comisaría 52ª tendría que dar muchas explicaciones sobre denuncias de desapariciones que se producen y no se investigan. La Justicia es otra de las instituciones responsables, y la tercera son el Gobierno porteño y su Dirección de la Niñez, que brillan por la ausencia.”
Para Biasi, vaciamientos y achiques presupuestarios como el de la Dirección de la Mujer, “que acaba de sufrir el recorte de otros diez millones de pesos y donde les dieron la espalda a todas las trabajadoras”, forman parte de una política a la que no le interesa la desaparición de niñxs y adolescentes. “Esto se relaciona con el impulso a la baja de la edad de imputabilidad. Si a las chicas se las están llevando desde los 13 años es también porque narcos, proxenetas y diferentes mafias que acechan los colegios de la Ciudad están interesados en aquella franja que en definitiva puede eludir la punición. Cuanto más baja sea la edad de imputabilidad van a buscar a chicos de menor edad. La solución entonces es terminar con las redes narco y de prostitución, y no con meterles más punibilidad a los adolescentes.”
En el último año, las desapariciones se extendieron hacia barrios más impensados como Caballito, donde grupos docentes trabajan en un estado de alerta preventivo. Al Liceo N° 2 y Normal N° 4, que comparten edificio, asiste una población “recontravulnerable” expresa uno de los profesores, Braulio Domínguez. “Son chicos y familias llenos de problemas. Por lo tanto si hay una red de trata son víctimas en un segundo y si no la hay también porque tienen un montón de derechos vulnerados, sufren violencias, abusos, carencias de alimentos y de salud.”
Repite, como sus pares, que sobran los ejemplos de ausencia del Estado. “Un alumno era golpeado en la casa y no quería volver. Estuvimos con él hasta la hora de cierre de la escuela esperando que llegara la guardia de abogados, un organismo del Gobierno de la Ciudad que se encarga de garantizar algunas situaciones. No pasaron nunca. Terminó con un llamado de ellos a las 7 de la tarde diciendo que regresara a su casa, que se fuera ´tranquilito´ así evitaba episodios. Hay mucho abandono. En una escuela de 600 alumnos tenemos un psicólogo y ningún trabajador social.”
Mientras las chicas desaparecen, las respuestas se deshacen como fruta podrida y lxs que comprometen sus días en estas búsquedas se preguntan qué clase de gobierno podría anhelar la destrucción masiva de jóvenes. Valeria Levyn, docente del Liceo N° 2, se encuentra “haciendo lo que puede”. “Y promoviendo que chicas y chicos recurran a las líneas existentes y traten de obtener lo que les corresponde aunque los servicios estén desmantelados, porque es su derecho recibir asesoramiento. Cuando llegan con situaciones de violencia consumada, las respuestas son represivas. Y si las instituciones sólo van a representar una amenaza para ellos, nosotros tenemos que estar aquí para cuidarlos.”
