El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta condenó ayer a Delfín Reynaldo Castedo a 16 años de prisión tras declararlo "jefe y organizador" de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de esa actividad.

Además fue condenado como partícipe necesario del delito de "falsificación material de documento público" y coautor de "falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos", por el documento nacional de identidad y la licencia de conducir falsos que llevaba cuando fue detenido, en julio de 2016. Precisamente, en relación al uso de estos documentos, el Tribunal lo absolvió por el beneficio de la duda.

La fiscalía y la querella de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que habían pedido 20 años de prisión para Castedo, se manifestaron satisfechas con el fallo, que llegó a la conclusión sostenida en la acusación, que el ahora condenado lideraba una organización ilícita en connivencia con funcionarios judiciales, que se dedicaba al narcotráfico y lavó activos provenientes de esta actividad. 

Los jueces Federico Díaz y Mario Juárez Almaraz y la jueza Marta Liliana Snopek también condenaron a Raúl Amadeo ´"Ula" Castedo, hermano del declarado jefe de la organización, y al martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión en calidad de miembros de la asociación ilícita. A ambos les impuso además una multa de $90 mil. Raúl está detenido en la cárcel federal de Ezeiza, junto con su hermano, y continuará en ese lugar. Torino está con prisión preventiva en modalidad domiciliaria, y seguirá así hasta que esta sentencia quede firme. 

Delfín y "Ula" Castedo están además en prisión preventiva acusados de haber mandado a matar a una mujer que denunciaba actividades de narcotráfico en la frontera con Bolivia. Liliana Ledesma fue asesinada el 21 de septiembre de 2006 y en 2010 fueron condenados los autores materiales de este hecho, los hermanos no fueron juzgados entonces porque estaban prófugos y luego, una vez detenidos, el juicio oral (en la Justicia provincial) viene demorándose con diversas excusas. 

En el fallo de ayer el Tribunal Federal 1 de Salta también condenó a los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento y recibieron una pena de 7 años de prisión. Además, el primero deberá abonar una multa de $1.200.000, y su hermano Luis deberá pagar $90 mil. Los dos seguirán en prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. 

La ex esposa de Delfín Castedo, Melba del Carmen Araujo, fue condenada a 5 años de prisión, también como integrante de la organización criminal, y le impusieron una multa de $640 mil. 

Mario Alberto Yudi, hijo de Alberto, fue condenado a tres años de prisión condicional por lavado de activos, pero fue absuelto por el beneficio de la duda respecto a la imputación como miembro de la organización. En su caso también deberá afrontar una multa de $1.200.000.

El Tribunal también dispuso el decomiso de algunos de los bienes de propiedad de miembros de la organización. El más destacado es un inmueble, la finca El Aybal, de 19.954 hectáreas, que era de propiedad de Delfín Castedo y que había sido objeto de distintas operaciones que la acusación interpretó como maniobras tendientes a lavar activos. 

El decomiso se hizo a favor del Estado nacional. El Aybal se encuentra en el departamento General San Martín, abarca los lotes conocidos como Caricate, Nupiau y Quebracho Ladeao, y limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia. 

También se decomisó un automóvil VW Cross Fox, que usaba Araujo y había sido adquirido por Delfín Castedo. El vehículo quedó a disposición del gobierno de Salta, para ser destinado a necesidades en los ministerios de Salud o de Educación. Y se ordenó además el decomiso de teléfonos celulares y de maquinaria agrícola. 

Sobre otros bienes, entre ellos la finca El Pajeal (de 4.737 hectáreas, vecina de El Aybal y también colidante con Bolivia) y una camioneta Toyota Hillux, el Tribunal decidió diferir el tratamiento del pedido de decomiso realizado por la fiscalía por entender que es posible que presenten reclamos por parte de otros familiares e interesados. 

"Nunca probaron nada"

Antes de que el Tribunal pasara a deliberar se cumplió ayer con el rito de consultar si los acusados querían expresar alguna reflexión sobre el proceso. Todos hablaron, para rechazar las acusaciones. 

El primero fue Delfín Castedo: "Nunca probaron nada", afirmó. Reiteró que es víctima de una persecución, recordó que nunca le encontraron droga en su poder y dijo que esperaba la absolución. Raúl Castedo se declaró inocente y criticó a los fiscales Carlos Amad y Jorge Viltes Monier, "el fiscal se atrevió hasta a insultarnos", se quejó. También criticó a la prensa.

Melba Araujo se presentó como una "mujer sencilla", creyente, dijo que se casó "muy joven" y enseguida tuvo a sus hijas, no terminó de estudiar, eso la hizo "más vulnerable" y siempre dependió de su marido. "Soy inocente", aseguró, añadió que ni siquiera sabía que su marido le era infiel. 

Los Yudi se reivindicaron como personas trabajadoras, que tienen un buen pasar económico producto de ese trabajo. Y Torino insistió en que no tuvo "nada que ver con los cargos que se me imputan" y la compraventa de la finca El Aybal solo fue un “mal negocio”. 

Este debate comenzó el 3 de noviembre del año pasado y fue el corolario de un proceso de investigación en la que participó la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA y colaboró la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los dos representantes del Ministerio Público Fiscal federal que actuaron en el juicio oral, el fiscal general Carlos Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, se manifestaron satisfechos con la sentencia, y ambos recordaron a Liliana Ledesma, una deuda de la Justicia de Salta

Amad destacó el trabajo que llevaron adelante. "Espero que la justicia provincial los juzgue por el homicidio de la señora Ledesma. A la salud de ella este triunfo porque sin sus denuncias nunca hubiésemos podido llegar hasta acá", agradeció. 

"Es un gran paso esta instancia por haber obtenido la declaración de responsabilidad y que la teoría del caso del Ministerio Público se probó", sostuvo Viltes Monier, si bien aclaró que resta conocer los fundamentos de la sentencia, que se darán recién el 9 de marzo de 2023. Sobre Ledesma, recordó que en este debate la fiscalía reprodujo los audios que dan cuenta de su crimen, incluso lo planteó como "parte de las actividades que realizaba esta asociación". "Ahora será el turno de la justicia provincial de poder definir la responsabilidad de los señores Castedo que esperan ser juzgados por ese hecho", sostuvo. 

En el juicio la fiscalía sostuvo que esta organización operó entre 1999 y julio de 2016, cuando se detuvo a su líder, tras permanecer 10 años prófugo en el marco de la investigación por el asesinato de Ledesma. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano.

El Clan Castedo tenía vínculos con otras organizaciones del narcotráfico, como la liderada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, condenado por el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como Carbón Blanco. El Clan Castedo tenía también vínculos con organizaciones criminales de Bolivia y Colombia.

La fiscalía sostuvo que esta fue una de las organizaciones más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción que logró, dado que Castedo era informado de las órdenes de intervención telefónica y allanamientos, además de que logró cobertura legal del ex juez federal Raúl Reynoso.