El PRO de Catamarca comenzó una campaña en contra del Plan de Obras Públicas de la Provincia. La receta es la vieja fórmula neoliberal: el desprestigio de la gestión estatal y la corrupción.

En los '90, la demonización del Estado fue a través de la presunta ineficiencia de las empresas estatales. El mito del déficit de las empresas de bandera subsiste. Aquella década demostró que las privatizaciones no solo sirvieron para enriquecer a los grandes grupos económicos en detrimento de un desarrollo económico equilibrado que culminó en la crisis del 2001; sino, además, no fueron más eficientes en su gestión, basta con mencionar el Correo Argentino del Grupo Macri.

En la segunda década de este siglo, en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, la demonización neoliberal encontró otra estrategia: la corrupción de la obra pública, que alcanzó su expresión mayor con la condena a la Vicepresidenta en la llamada causa Vialidad; y sobre la cual el PRO monta su campaña local de miedo a la obra pública: “Se repite la matriz de corrupción diseñada por el Kirchnerismo en el sur del país”, concluye uno de los spot de la campaña que encabeza su presidente Carlos Molina, quien presenta una especie de inspección por el interior catamarqueño donde se están construyendo diferentes obras.

El mito de que la corrupción se da solo en la gestión del Estado y de la mano de los gobiernos populares es otra invención del neoliberalismo. Aquí también el Correo Argentino del Grupo Macri sirve como comodín para demostrar que la corrupción no tiene una “matriz kirchnerista”. Pero también el reciente caso Vicentín, y el mismo gobierno de Macri, quien “reconoció que los 45 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestó a Argentina durante su mandato no fue para ´pagar deudas´ anteriores, como declaró el exministro de Economía, Hernán Lacunza, sino que ese dinero se destinó a ‘pagarle a los bancos comerciales que se querían ir’ del país”.

Pero si aún existieran dudas con los ejemplos anteriores, el escándalo del vuelo y los chats de Lago Escondido vuelve a desarmar el mito de que la “matriz de corrupción” sería una cualidad inherente a la obra pública y a los gobiernos populares. 

El poder judicial aparece como aliado del poder económico real no solo para proscribir la figura de Cristina, sino para ejecutar una cruzada contra lo que constituye un modelo estructural de entender la gestión del Estado y su función social: la inversión en la obra pública. Al fin y al cabo las especulaciones financieras del neoliberalismo dejan estragos sociales difíciles de visualizar, aunque su forma visible es la peor de todas: la pobreza. Pero las obras no solo se ven y quedan, sino que para el ideal meritocrático neoliberal es un gasto innecesario, no tiene sentido construir un hospital público o una escuela, ya que el modelo es la privatización y un sistema de servicios para quienes han hecho “mérito” para pagarlos.

La matriz de la corrupción en Argentina tiene diferentes variables que merecerían un análisis y una discusión tanto política como cultural y sociológica. Pero esa discusión de fondo no es algo que a esta derecha le interese. El fallo exprés del juez Fraga en 2017, desvinculando a Macri de las off shore a su nombre que revelaron los Panamá Papers, es otro ejemplo de la doble vara de la moral neoliberal y del PRO.

Si al sector neoliberal solo le interesa la corrupción como un tema de campaña, tampoco los frentes populares han tomado la decisión de llevar la discusión a fondo. Necesaria sobre todo cuando el PRO ha ejercido una práctica de judicializar la política en clara alianza, ya imposible de disimular a la luz de los últimos acontecimientos, con el establishment empresarial y judicial.

La investigación y discusión sobre las contrataciones directas a la empresa Air Total en la obra pública provincial es necesaria. Como es necesario reducir la discrecionalidad y avanzar en mecanismos y relaciones contractuales claras a todo nivel, no solo de forma, sino también en los hechos. A la luz de la alianza del establishment empresarial, judicial y del PRO, y del uso de la figura de la corrupción que desde hace décadas el neoliberalismo viene haciendo para demonizar el Estado, ¿no es hora ya de encarar una política transversal anticorrupción, dar una discusión de fondo desde las bases de la sociedad, que incluya además de leyes y mecanismos de acceso a la información, una educación y una cultura en contra de la corrupción?

Según un informe del Gobierno, el Plan de Obras Públicas Catamarca contiene 700 obras, de las cuales hay 237 finalizadas, 149 en marcha y 314 proyectadas. El Plan ya ha demandado una inversión de más de $100.000 millones, con recursos provinciales, nacionales e internacionales. Entre las principales obras se encuentran 4 colonias productivas, 8 polideportivos, 9 puentes viales, 9 hospitales, 10 rutas, 11 plantas cloacales y el Gasoducto Lavalle, que permitirá que el 65% de la población de la provincia tenga acceso al gas natural en sus hogares.

Catamarca, no es un secreto, está enclavada en una de las zonas más pobres del país e históricamente más desfavorecidas, además de ser una provincia geográficamente compleja. Una discusión seria sobre la corrupción debería estar lejos de atacar a la obra pública, o de demonizar el papel del Estado en la economía. 

Una campaña en contra de estas obras, pone al descubierto que si hay una matriz que el neoliberalismo quiere combatir no es la de la corrupción, sino la matriz de la inclusión y del Estado como regulador de la economía.