Patricio Finnen fue durante buena parte de la democracia uno de los hombres más influyentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Creador de la lúgubre Sala Patria para recapturar a Enrique Gorriarán Merlo y gestor del pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la AMIA, hasta ahora había salido indemne del juicio por el encubrimiento del ataque terrorista. Pero no hay impunidad que dure mil años, y la Justicia le tocó la puerta a Finnen por su rol durante los años de la dictadura. El juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención y las de otros cinco exintegrantes de la SIDE por su actuación en Automotores Orletti, en la base de la calle Bacacay y en un tercer lugar, ubicado en Pomar y Chiclana, que fue identificado por el magistrado como otro centro clandestino de detención.

Rafecas también dispuso la detención de Luis Nelson González, conocido en la SIDE como “Pinocho”. González era la mano derecha de Finnen y en los años 90 fue uno de los enlaces entre los servicios y el Poder Judicial, particularmente fue uno de los interlocutores de Juan José Galeano en el caso AMIA.

Los otros represores detenidos son Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín y Hugo Ángel Carlet. La orden también incluía a Daniel Oscar Cherutti, pero, al no poder hallarlo porque viviría en Italia, Rafecas dictó su captura internacional. Todos ellos habrían sido parte de la banda de Aníbal Gordon, que estuvo a cargo de tres lugares distintos que funcionaron como centros de detención, tortura y exterminio.

Según pudo saber Página/12, los represores ya fueron indagados pero no abrieron la boca. Trascendió que podrían hacer un descargo a posteriori. Finnen, Pinocho González, Escobar y Carlet están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Patricio Finnen, de bigotes, en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Un hombre de La Casa

Finnen entró en la SIDE en 1974, cuando tenía 22 años. Desde hace muchísimos años circulaba la versión de que había actuado en Orletti. Enemigo histórico de Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, Finnen dejó la SIDE en 2002. Fue juzgado como parte del desvío de la investigación del atentado a la AMIA y absuelto en 2019 por el Tribunal Oral Federal 2. Su situación debe resolverla la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

En el juicio del encubrimiento, Finnen dio algunos detalles sobre su paso por la SIDE. En 1992, cuando ocurrió el atentado a la embajada de Israel, él era el único agente de la Secretaría en Medio Oriente. Después, volvió y ocupó una dirección en el área de Reunión Exterior. Por esos años, la SIDE estaba especialmente interesada en capturar a Gorrirán por el ataque al cuartel de La Tablada. Esa tarea quedó en manos de un grupo de hombres que conformó Finnen, conocido como Sala Patria, que tenía su base en el Palacio Barolo. La captura de Gorriarán se produjo en México en 1995 y el entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, se pavoneaba ante las cámaras contando su hazaña.

Tras la detención de Gorriarán, Sala Patria empezó a tener un rol protagónico en la causa AMIA –entonces en manos del juez Galeano–. Según Finnen contó en el juicio, con Galeano solían encontrarse para conversar. En una reunión en el restorán El Aljibe del Hotel Sheraton, el juez le pidió supuestamente 400 mil dólares para pagarle a Carlos Telleldín.

De acuerdo con la versión de Finnen, a los pocos días, Anzorreguy lo llamó a su despacho y le extendió un sobre marrón: “Esto es para Galeano”. Finnen convocó a Alejandro Brousson, su número dos en Sala Patria, para que hiciera la entrega. Lo que no dijo Finnen en su declaración es que los dólares se usaron para desviar la investigación y para que Telleldín involucrara a un grupo de policías bonaerenses en el atentado.

Pese a ese rol como nodo, para el TOF 2 –el tribunal que acaba de condenar a Cristina Fernández de Kirchner–, Finnen no fue más que un pasamanos entre Anzorreguy y Galeano.

El rol de la SIDE

La SIDE ocupó un lugar "preponderante" en la estructura represiva, sostuvo el Tribunal Oral Federal I que juzgó en cinco oportunidades su rol tanto en el manejo de Automotores Orletti como su papel coordinador en el Plan Cóndor --la articulación entre las distintas dictaduras de la región--.

Durante los años del terrorismo de Estado, la SIDE integraba en forma permanente la mesa en la que se tomaban las decisiones. Además, a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), se ocupaba de la formación de los espías de todas las fuerzas. Era también la responsable de la Junta de Acción Sicológica (JUAS) y tenía una silla en la comunidad informativa. Uno de los grupos que funcionaban bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 601 era comandado por la SIDE y su interés se centraba en la persecución de la militancia de los países vecinos. Por lo que se sabe hasta ahora, entre 1976 y 1977 habría regenteado tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

Los campos de concentración de la SIDE

Al momento del golpe, la SIDE estaba dividida en tres subsecretarías. En la "A" --que comandaba Roberto Oscar Terrile-- había una Dirección de Operaciones Informativas. Bajo esa dirección, funcionaba el Departamento de Operaciones Tácticas (OT) que comandó primero Néstor Guillamondegui y luego Rubén Visuara. La OT 18 se correspondía con la estructura de Orletti. Hasta hace unos meses se entendió que la OT 18 se había creado en mayo de 1976, cuando empezó a funcionar ese centro clandestino. Pero un sumario que encontró la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) permitió entender que su conformación es anterior y se remontaría a marzo, el mes del golpe de Estado.

Aníbal Gordon era un matón que se sumó a la SIDE. Cierta destreza para el crimen hizo que manejara, en gran parte, los centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita de este organismo. Entre marzo y mayo de 1976, Gordon controló la base de Bacacay 3570 (actual 3558) –que fue identificada en 2020 gracias a un aporte del Programa Verdad y Justicia–. 

A mediados de mayo de 1976, el grupo que comandaba Gordon se trasladó el taller ubicado en Venancio Flores 3519 –que se conoce como Automotores Orletti–. El propio Gordon –con uno de los alias que usaba: Felipe Salvador Silva– firmó el contrato de locación. Como quedó probado por la Justicia, Orletti funcionó como base del Plan Cóndor –en la que operaban represores de otros países, particularmente uruguayos–. En noviembre de ese año, una pareja logró fugarse, lo que obligó a los represores a levantar el lugar.

Al tiempo, los hombres de Gordon se mudaron de barrio y pasaron al galpón ubicado en la esquina de Pomar y Chiclana. Ese lugar quedó abandonado después de que en junio de 1977 secuestraran al empresario Pedro León Zavalía, a quien acusaban de ser parte de la “subversión económica”. A Zavalía lo mantuvieron cautivo unas horas en Pomar y luego lo trasladaron hacia Córdoba. Mientras intentaban cobrar un millón de dólares como rescate del empresario, los muchachos de Gordon terminaron cayendo en una redada de la Policía Bonaerense.

Como en el rapto había intervenido un integrante del Ejército, esa fuerza terminó confeccionando una investigación interna que muchos años después sirvió para identificar a los miembros de la banda de Gordon.

La historia de la base de Pomar 4171/3 terminó tras las detenciones del grupo de Gordon. Un camión del Ejército fue días después a vaciar lo que había quedado en ese lugar, según declaró ante el juzgado uno de los hijos de los dueños de la propiedad –que habían alquilado el lugar supuestamente para ser usado como depósito de frutas–. 

La base Pomar

Rafecas dictó una prohibición de innovar en el local de la calle Pomar y le comunicó a la Dirección de Sitios, a cargo de Lorena Battistiol, la reconstrucción que hizo sobre la tercera base operativa de la SIDE.

Para el juzgado, está claro que Zavalía estuvo privado de su libertad en ese taller. Pero, además, hay declaraciones de exagentes de la SIDE que dan cuenta de que participaron de los secuestros de un grupo de militantes a la salida del local del Partido Comunista de la avenida Callao. El operativo fue en mayo de 1977. El exdiputado Juan Carlos Comínguez, sobreviviente de esa redada, declaró ante Rafecas y la secretaria Albertina Caron. Contó que él y sus compañeros fueron llevados a un lugar al que se ingresaba por una puerta metálica, en el que existía una escalera recta y que tenía la sala de torturas en el piso superior. Falta hacer un reconocimiento ocular, pero los indicios son muchos –sostienen en el juzgado– para establecer que ése habría sido su lugar de cautiverio.