A comienzos de la semana que viene, la Provincia de Buenos Aires reglamentará la Ley de Generación Distribuída, orientada a la reflexión sobre los criterios para el consumo y producción a partir de la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables producida por los propios usuarios de la red de distribución en el mismo punto donde se encuentra la demanda. Es decir, producir electricidad donde se la consume. Por ejemplo, el hogar.

La provincia de Buenos Aires es pionera en la materia. A principios de este milenio, se declaró de interés provincial la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, y se creó el Programa provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED). Con la nueva medida, la provincia adhiere a los beneficios promocionales, impositivos, fiscales y de financiamiento presentes en la ley nacional. 

La norma apela a incentivar un mecanismo que aliviane la carga de la red eléctrica, posibilite un ahorro económico en los consumidores y también en el Estado, además de consolidar la marcha de la educación ambiental integral. Así, el Gobierno apunta a un aumento de usuarios generadores de energía que nutra a la red bonaerense.

“Existe una calidad del servicio heterogénea y dispar, y eso tiene un impacto en el desigual desarrollo regional de la provincia”, resume Gastón Ghioni, subsecretario de Energía provincial, en diálogo con Buenos Aires/12.

“Lo que se pretende es que cada usuario pueda tener en su casa una fuente de generación propia renovable, donde lo más lógico sea la colocación de paneles solares”, señaló el funcionario. Asimismo, sintetizó el espíritu de la reglamentación de la ley: “además de generar para sí mismo, el usuario vuelca el excedente de lo producido al sistema y se lo retribuye, lo cual balancea el consumo con la producción de energía”. 

La ecuación que sostienen en la subsecretaría se visualiza en que “una casa tipo donde hay paneles solares pero la mayor parte del día sus inquilinos están afuera trabajando, esos paneles están generando y, para no perder esa energía, se la inyecta a la red”. “Por la noche, cuando son los momentos de mayor consumo, tomas energía de la red, y así se compensa”, agregó Ghioni.

Quienes realicen el trámite correspondiente y cumplan los requisitos exigidos, pueden convertirse en lo que la ley define como “usuario generador”. Los beneficios amparados por la norma es la exención en el pago de ingresos brutos e impuestos al sello en lo que remite a la comercialización de la energía vendida. “El beneficio se extiende por doce años, prorrogables por el mismo tiempo”, anticipó  Guillermina Cinti, directora provincial de Regulación.

El trayecto de la electricidad puede resumirse en tres etapas: generación, transporte y distribución. La primera es, básicamente, de neto origen nacional. El transporte ya no cuenta con margen: está totalmente bajo administración nacional. La distribución tiene matices e incongruencias. En el conurbano bonaerense, las empresas Edesur y Edenor se rigen por la normativa nacional, mientras que, en el resto del territorio provincial, las empresas distribuidoras y cooperativas se encuentran bajo la legislación de la provincia de Buenos Aires. 

En el interior el suministro de electricidad se vuelve más complejo y costoso en lo que refiere al transporte, y he aquí el valor de esta nueva medida. Diego Rozengardt, vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica SA, la empresa estatal de la provincia que genera energía, explicó que “cuando el transporte es muy largo, a quien vive lejos le llega menos voltaje”. Ante ese inconveniente surgen los “despachos forzados” explica, los cuales son “pequeñas centrales a base de gasoil que sirven para levantar el sistema cuando tenes perdidas en redes de transporte muy largas”.

La Ley de Generación Distribuida apunta a “reducir el costo sistémico de la producción y el transporte de energía”, relató el funcionario, dado que “desplazas la generación más cara y reducís el uso de divisas porque mucha de esa generación cara suele importarse”, afirmó. Evitando el despacho forzado también existe “un aporte medioambiental”. “Es un ´todos ganamos´, donde el usuario se capitaliza, recupera el costo de lo invertido vía tarifas, paga menos porque usa menos energía de la red, recibe el pago por el excedente que inyecta, y a nivel sistémico es más eficiente por la descentralización de la producción”, celebró Rozengardt. El fortalecimiento de esta política pública “también beneficia al Estado porque le da la posibilidad de reducir subsidios”, agregó el subsecretario Ghioni.

Rozengardt conclusionó que “si no haya energía la gente se va, los pibes se van a los centros urbanos, las empresas no se instalan porque no hay energía, y tampoco los privados llevan energía cuando no hay una demanda suficiente". Por tanto,"es un círculo vicioso que si no lo resuelve el Estado no lo resuelve nadie", sentenció.