El conflicto entre el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y la empresa provincial Aubasa no parece tener solución y ahora escaló un peldaño más. El gremio refuerza su protesta luego de que la empresa pidiera ante el Ministerio de Trabajo de la Nación que multe y le cancele la personería a la organización gremial al no acatar la conciliación obligatoria tras la medida de fuerza que comenzó con el levantamiento de las barreras en la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas de la costa Atlántica desde las primeras horas de este año. Como respuesta, SUTPA afirmó que sostendrá la medida “por tiempo indefinido” hasta “que resuelvan nuestras demandas”, mientras que su referente gremial Facundo Moyano cuestionó al gobernador Axel Kicillof en una disputa que también tiene ribetes políticos.

“Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato. Ni (Mauricio) Macri se animó a tanto. Hay que remitirse a la dictadura militar para encontrar algo semejante”, dijo Moyano en declaraciones periodísticas luego de la audiencia realizada ayer por la tarde en el Ministerio de Trabajo y en el que Aubasa hizo el pedido de sanciones al gremio ante la cartera que encabeza Kelly Olmos.

Desde la gobernación bonaerense prefieren no responderle a Moyano y se remiten al comunicado de Aubasa sobre el conflicto. Aunque por lo bajo, en La Plata tampoco escapan a la trastienda política del conflicto: “Es un problema del gremio con la empresa. Si Moyano lo quiere usar de plataforma para recuperar lugar en la escena política es un tema de él. Nosotros no lo vamos a ayudar”, dijeron a PáginaI12. 

El SUTPA comenzó la medida de fuerza sorpresiva en la madrugada del lunes pasado en las estaciones de peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la Costa Atlántica (2, 11, 63, 56 y 74) en demanda de solución a varios reclamos que vienen de larga data: desde el despido de un gerente defendido por el sindicato hasta “la falta de un plan de reconversión que contemple y contenga a los trabajadores”, pasando por la no efectivización de casi 100 empleados.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el mismo lunes, luego de que la empresa denunció que el paro había comenzado sin aviso y que impidió tanto el “cobro manual como el cobro automático del peaje”, en una momento del año “crucial para el trabajo operativo al 100 por ciento de nuestros colaboradores, atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.

Pero el gremio que conduce Florencia Cañabate no acató la conciliación. “La conciliación obligatoria no anula el derecho constitucional a huelga y quien incumplió esta instancia fue la empresa despidiendo a un trabajador que el Ministerio (de Trabajo) intimó a reincorporar”, expresó el SUTPA a través de u comunicado. “No la acatamos porque es sobre el mismo conflicto que ya tuvimos. Por eso pedimos la nulidad de la conciliación”, agregó Moyano.

Aubasa había salido al cruce del paro también a través de un comunicado. “Esta medida resulta totalmente injustificada. En primer lugar, desconocemos sus razones, pues se encuentra vigente el acuerdo paritario”, dice el texto que difundió la empresa. Por otra parte, advierte que “los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente, incluso al mes de diciembre lo hemos abonado con un incremento del 14% adicional, a cuenta de futuros aumentos para mitigar la situación económica actual. Este aumento tuvo que ser decidido de modo unilateral por la Empresa debido a que el Sindicato no respondió las dos notificaciones”. “Consideramos que el accionar del Sindicato es injustificado y perjudicial tanto para la empresa como para el Gobierno Provincial y los propios trabajadores de Aubasa que poseen el 7% del paquete accionario”, sostiene otros de los párrafos.

Tras bambalinas, el conflicto esconde ribetes políticos que comienza con los enfrentamientos del gremio con el presidente de Aubasa, Ricardo Lissalde, a quien exigen su renuncia desde hace cuatro meses. Y que la postura política de Moyano contra La Cámpora lo llevó a escalar hasta con el propio gobernador.

“El vicepresidente de Aubasa, Felipe Vismara, es el mejor amigo de Carlos Blanco, que es el mejor amigo de Kicillof; por eso Lissalde pasó a un lugar secundario”, se justificó Moyano, que no dudó en cargar contra Kicillof: “Estamos hablando de una empresa de una provincia gobernada por un progresista y peronista que pide que desaparezca un sindicato. Tanto que amenazan con que viene la derecha, ¿para qué va a venir si ya están haciendo todo esto?”, disparó.