El bloque del Frente de Todos (FdT) de la Legislatura porteña quiere interpelar al director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), Gabriel Unrein, después de que se conociera que está designada en ese ente de la Ciudad la jueza María Eugenia Capuchetti, la magistrada a cargo de la investigación sobre el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ISSP es el organismo encargado de la formación de la Policía de la Ciudad.

Catorce legisladores del FdT pidieron interpelar a Unrein, quien desde 2019 ejerce como director del ISSP. “Necesitamos que Unrein venga a la Comisión de Seguridad. La comisión puede convocarse”, dijo la legisladora Claudia Neira en una entrevista con Radio 10 después de que se conociera el pedido que había firmado con otros trece compañeros y compañeras de bancada.

La relación entre Capuchetti y el ISSP salió a la luz el viernes pasado después de un tuit del ministro de Justicia Martín Soria, lo que obligó a una serie de explicaciones por parte de las autoridades porteñas. Un comunicado del instituto que dirige Unrein --que fue difundido por voceros del Gobierno de la Ciudad-- confirmó que Capuchetti ejercía como docente allí desde 2014 y que, desde 2017, también lo hacía como investigadora en el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Ciudad –que funciona dentro del ISSP y bajo la órbita directa de Unrein–. Según esa misma fuente, Capuchetti recibiría una remuneración de 73.924,23 pesos por la tarea investigativa.

Desde 1958, existe un decreto que establece que los jueces únicamente pueden dedicarse a la docencia con autorización de quienes ejercen su superintendencia –léase, la Corte Suprema–. Sin embargo, dentro de esa autorización no estarían contempladas las actividades de investigación como las que desarrollaría la jueza Capuchetti, según apuntó Soria. “Es un rol de investigación referido al Ejecutivo porteño", coincidió Neira, que es vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura.

Después de que trascendiera esta información, la querella de CFK pidió nuevamente apartar a la magistrada de la investigación sobre el intento de homicidio. El argumento central de sus abogados es que la magistrada recibe un sueldo de una fuerza de seguridad a la que debería investigar y que está comandada por alguien que se dedica al armado de causas. Hablaban de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, que está en uso de licencia “temporaria” después de que se filtraran chats con jueces federales, el principal asesor del presidente de la Corte Suprema, un fiscal condenado y empresarios que hablaban de sobres con miles de dólares y pesos.

Por si a la saga sobre el ISSP le faltaba poco, también se supo que D’Alessandro fue designado como profesor titular de una materia que deben cursar quienes están haciendo el ingreso a la Policía de la Ciudad. La designación se conoció días después de que él anunciara su licencia –que, según denuncian desde el FdT, aún no pudieron acceder a una copia para leer cuáles son los argumentos que volcó el funcionario para tomarse un tiempo libre de su cargo como ministro–. Públicamente dijo que lo hacía para dedicarse al plano judicial y a su familia.

Lo que pretenden en el FdT es que Unrein –que es fiscal de Cámara en la Ciudad– les explique cómo se hacen las designaciones de los docentes en el ISSP, una institución que se creó en 2008 por impulso de Mauricio Macri y de Guillermo Montenegro, entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, como paso necesario para conformar lo que sería la Policía Metropolitana –hoy, Policía de la Ciudad–. Según las reglamentaciones, los cargos docentes deberían ser concursados, pero se desconoce si efectivamente se siguieron esos pasos antes de efectuar los nombramientos o si se repartieron cargos entre amigos.

Los legisladores del FdT también pidieron explicaciones sobre el rol de Juan Bautista Mahiques, que está designado como vicedirector del ISSP y también como titular de la materia sobre derecho procesal penal. Mahiques, en simultáneo, es el jefe de los fiscales porteños y titular de una asociación internacional de fiscales. Durante el macrismo, fue el enlace del Ministerio de Justicia con los tribunales y ejercía como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Al igual que D’Alessandro, fue uno de los que viajó en octubre a Lago Escondido y fue parte de las maniobras para que no se conociera la travesía –aparentemente financiada por el Grupo Clarín– y para que después no se la investigara.

“Cabe preguntarse, en este sentido, si el director del ISSP, Gabriel Esteban Unrein, consideró esta serie de hechos a la hora de firmar las distintas resoluciones que los designan y, en particular, si realizó una valoración ética acerca de dichas designaciones teniendo en cuenta el rol del Instituto como ‘apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública’”, se preguntaron desde el FdT.