En 2022, 91 personas en toda América Latina acumulaban una riqueza de 398.200 millones de dólares, lo que equivale a una suma superior al PBI de Colombia o de Chile. Uno de cada tres de estos milmillonarios nacieron de la pandemia y sumados tienen una riqueza de 66.100 millones de dólares, más que el PBI de Uruguay. Estos datos surgen del informe de Oxfam "La ley del más rico", en donde se presenta un enfoque diferente al que venimos enfrentando: en vez de debatir cuán pobre tiene que ser una persona para merecer el apoyo del Estado, empezar a mirar hacia arriba en la pirámide social.

Para contener los efectos de la pandemia, los países tuvieron que poner en marcha paquetes de ayuda para asistir a personas, familias, empresas, comprar vacunas, entre otras, en medio de pérdidas inéditas en salud, educación, trabajo e ingresos. Todo en simultáneo. Esto generó que muchas economías se endeuden más aún y junto al aumento de los precios de los alimentos y la energía, hoy tengan que decidir si comen y producen, invierten en servicios públicos o pagan deuda. 

El sendero fiscal es estrecho y la austeridad (ajuste) en el gasto es el camino que impulsan organismos multilaterales como el FMI. Esto no solo es injusto y regresivo, sino que además mina las posibilidades de recomponer un sendero de crecimiento y amplía brechas de desigualdad en la sociedad y también entre países. Ante un escenario en el cual se avizora una recesión para 2023, Oxfam propone romper con la tradición de "crecer para luego distribuir" con la dinámica inversa: redistribuir para crecer.

De este modo, en el Foro de Davos, Oxfam presenta la propuesta de avanzar en impuestos a los ricos, las grandes fortunas, a las empresas multinacionales que se han enriquecido a costa del hambre, la salud y el dolor de pueblos enteros, en un momento en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años. Esto es, ni más ni menos, que paguen lo que corresponde. Porque lo cierto es que a lo largo del tiempo, la cuota que aportan quienes más tienen han ido disminuyendo.

En Latinoamérica, la mayor parte de la recaudación surge de impuestos como el IVA, que afecta de manera regresiva a quienes menos tienen; o impuestos a las pymes o pequeños/as emprendedores. ¿Tendrá un buen recibimiento una propuesta así en Davos, el espacio de trabajo de las élites del mundo? Un lugar en donde los grandes líderes debaten la crisis climática y la pobreza mientras llegan en jets privados.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres ¿facturan?

De los 91 milmillonarios latinoamericanos, tan solo 10 son mujeres. Esto no sorprende a nadie. Las Shakira con posibilidades de Ferraris y Rolex son muy pocas. En 2021, solo el 26 por ciento de quienes pagaron el aporte solidario (o impuesto a las grandes fortunas) de Argentina fueron mujeres. Las desigualdades se profundizan cuando abrimos los datos y ponemos la lupa entre varones y mujeres. 

Entre 2020 y 2021, por la pandemia, las mujeres latinoamericanas retrocedieron 20 años en sus conquistas en el mercado laboral. Perdieron empleo, ingresos, oportunidades. Especialmente las mujeres madres. La recuperación, que todavía no llega a los niveles pre pandemia, es con empleo informal, salarios reales más bajos por la creciente inflación en todo el continente y con la crisis de los cuidados sin resolverse.

El feminismo está avanzando en estrategias económicas aunque todavía hay mucho que hacer en políticas fiscales que cierren brechas de desigualdad y ahí está, quizás, una de las herramientas más poderosas para un nuevo pacto fiscal. Al fin de cuentas, impulsar una tributación progresiva, que cobre más a quienes más tienen es también una forma de combatir las desigualdades de género. ¿Se debatirá en Davos el impacto de la crisis en las mujeres? ¿Se incorporará la agenda feminista más allá de discursos edulcorados? Un impuesto al patriarcado ricachón podría servir para financiar un sistema integral de cuidados, con mayor oferta de jardines, licencias igualitarias, reconocimientos en salario a las trabajadoras de la salud y la educación.

La justicia económica no es solo justicia redistributiva sino también utilizar las herramientas de política fiscal para moldear a las economías de manera tal que puedan dar respuesta a las demandas productivas y sociales, garantizando el acceso a derechos y la igualdad de género. En una época signada por la concentración de la riqueza en pocas manos tenemos que fortalecer la economía feminista y popular. Facturar, si. Tributar, también. Y sobre todo REDISTRIBUIR. Ese es el desafío que tenemos por delante. Quizás el próximo hit del verano nos haga corear "Te fe-li-ci-to qué bien tributas". 

* Ex Directora de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía.