Nueve organizaciones humanitarias internacionales y de Honduras anunciaron que van a trabajar para asegurar que se realicen investigaciones independientes por la muerte de los ambientalistas Aly Domínguez y Jairo Bonilla, asesinados el pasado 12 de enero en la región del Aguán, al noreste del país.
Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otros organismos, integrantes del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol, manifestaron su profunda preocupación por la nueva ola de violencia que registran en el Aguán.
A través de un comunicado, las organizaciones precisaron que van a ampliar sus labores “para asegurar investigaciones independientes y medidas de protección eficaces amplias para la comunidad de Guapinol” y el comité ambientalista del municipio de Tocoa, ubicado en el departamento de Colón.
Asesinato de ambientalistas hondureños
Aly Magdaleno Domíguez, de 34 años, y Jairo Bonilla, de 28, fueron asesinados con arma de fuego cuando se transportaban en una motocicleta. La policía aseguró que se trató de un intento de robo. Sin embargo, Domínguez y Bonilla eran ambientalistas reconocidos en la zona por oponerse a un proyecto minero en el Río Guapinol.“En la escena del crimen fueron encontrados los teléfonos, la motocicleta y el dinero que ellos llevaban ... se cae la hipótesis de la policía", denunció Juan López, miembro del comité ambientalista por la defensa de Guapinol.
En el comunicado, las organizaciones denuncian que el asesinato de los defensores del agua y el medioambiente “es el resultado de las repetidas negligencias del Estado hondureño en su deber de proteger las vidas de quienes defienden el Parque Nacional Montaña de Botaderos 'Carlos Escaleras'”.
Criminalización de los defensores
El Observatorio por la Justicia de los Defensores de Guapinol fue creado en 2021 para monitorear el juicio contra ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), que fueron criminalizados por el Estado hondureño.Las organizaciones comunitarias de la región como la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, denunciaron que la concesión de la explotación minera en el Guapinol fue ilegal.
Los defensores fueron acusados de usurpación, incendio agravado y otros delitos por una empresa que explota un mineral de óxido de hierro en ese parque. Salieron en libertad en febrero del 2022.
