Historias de adictos y miserables en año electoral
Hasta que la muerte los reúna
Si todo sucede como de costumbre, el Polaquito volverá a la escena pública cuando una bala de origen policial o desconocido acabe con su vida. Tal vez otro periodista gane algún premio internacional contando su historia, como ya ocurrió en un caso similar hace dos años. De continuar todo como de costumbre, la policía será el único rostro estatal que conozcan los millones de pibes víctimas de la emergencia social, y el clamor por castigarlos se reactivará en año y campaña electoral.
Secretario de Seguridad de Lanús Kravetz y el Hada Buena: entre la brutalidad y la hipocresía.Secretario de Seguridad de Lanús Kravetz y el Hada Buena: entre la brutalidad y la hipocresía.Secretario de Seguridad de Lanús Kravetz y el Hada Buena: entre la brutalidad y la hipocresía.Secretario de Seguridad de Lanús Kravetz y el Hada Buena: entre la brutalidad y la hipocresía.Secretario de Seguridad de Lanús Kravetz y el Hada Buena: entre la brutalidad y la hipocresía.
Secretario de Seguridad de Lanús Kravetz y el Hada Buena: entre la brutalidad y la hipocresía. 

La presentación de un pibe de 11 años como el azote de un barrio de trabajadores del Gran Buenos Aires distorsiona un problema grave que afecta en forma directa o indirecta a millones de personas. No es la drogodependencia ni la inseguridad, sino la reducción del Estado a su rostro policial frente a los varones jóvenes de los barrios privados, según la esquemática definición de Diego Maradona: privados de agua potable, privados de luz, privados de asfalto, y podrían sumarse carencias. En el caso de Lanús, a la pérdida de ingresos por caída de las changas de oficios y disminución de salarios, asignaciones y jubilaciones en relación con la inflación, se suman el incremento de tarifas de luz, agua y gas y la duplicación de la tasa municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza. La baja de tensión del suministro impide conectar en forma simultánea el televisor y otro electrodoméstico, como el lavarropas.

En torno de la entrevista emitida en el canal del Grupo Clarín el domingo pasado hay una discusión que no puede dirimirse a gritos e insultos, sino con las pruebas que la actuación judicial debería obtener. La familia del chico denunció que dos días antes fue secuestrado y golpeado para obligarlo a que se autoincriminara en cámara de delitos que no cometió. Los productores y periodistas lo niegan. Mientras no se conozcan las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde habría ocurrido el secuestro ni los testimonios de quienes habrían presenciado parte de lo ocurrido, lo más prudente es no pronunciarse. El video del programa emitido contiene elementos suficientes para el análisis:

  • El programa realiza una nota sobre un hurto a un jardín de infantes del que sindican como autor a un pibe del barrio a quien “absolutamente de casualidad pero fue buenísimo verlo, lo encontramos libre”.
  • El conductor se pregunta qué hacer con el pibe, porque al ser menor si lo detienen queda en libertad.
  • El cronista reitera que  “la policía asegura que el robo al jardín lo cometió un nene de solo 12 años al que todos conocen como el Polaquito”. 
  • Sin explicación, el presunto autor aparece en la calle frente al jardín.
  • A pocos pasos se observa un patrullero policial (carece de interés determinar de cuál de sus ramas).
  • La identificación es inmediata pese al pixelado incompleto del rostro.
  • El chico afirma haber cometido un homicidio, de lo cual no hay otro indicio que su palabra, desmentida por su entorno.
  • Un video captado por una cámara de seguridad del Municipio de Lanús muestra su detención en Puente Alsina con una moto robada.
  • Otro video lo exhibe tratando de robar una camioneta.
  • En otro video se lo expone consumiendo drogas en una esquina. En estos últimos ni siquiera se intentó ocultar sus facciones, de modo que es plenamente reconocible.

En una entrevista con la radio “Diez”, el Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, dijo que acompañó al periodista del Grupo Clarín a realizar una nota en un jardín de infantes de Villa Caraza que había sufrido varios robos (en realidad fueron hurtos, es decir sin fuerza en las cosas ni violencia en las personas). Según el dirigente político de la Alianza Cambiemos, al salir del jardín escuchó que le decían:

–Acá estás regalado. Si quiero te pego un tiro en la cabeza.

Agregó que se quedó charlando con el pibe, que “luego empezó a hablar con el periodista”. En un programa del canal América, Kravetz mencionó el nombre completo del chico.

Blando y duro

Ya se ha señalado en abundancia que esta secuencia es violatoria de convenciones internacionales de rango constitucional y de leyes que protegen a la infancia. Lo que no se ha explicitado es la generalidad de estas prácticas por parte de la dirigencia política y las fuerzas de seguridad, cosa que señalé bajo cinco sucesivos gobiernos bonaerenses. Otra costumbre que la reiteración naturaliza es la de los proyectos de ley que endurecen penas y ablandan garantías procesales en los meses previos a las elecciones en año impar, o de episodios conmovedores cuando ocurren en año par, como el secuestro y asesinato del hijo del ex ingeniero Blumberg. La principal diferencia es el aporte de lo que Jorge Asís llama un periodismo patrullero. El escritor lo aplica a las denuncias contra dirigentes políticos, pero la especialidad comenzó señalando a los mal llamados “pibes chorros” y ahora completa el círculo, en horario central y con infotainers políticos dedicados sin motivo aparente a señalar rateros de jardines de infantes. La confesión del falso homicidio realza el dramatismo del caso y avala la idea de una puesta en escena.

El 21 de mayo de 2013 el defensor oficial penal de jóvenes de La Plata, Julián Axat denunció a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que desde el 1º de agosto de 2012 hasta el 19 de mayo de 2013 habían sido asesinados seis chicos de entre 11 y 17 años, cuyos datos y detalles expone.

Axat señaló que debido al fracaso de las medidas de protección pautadas por la propia justicia penal o civil o de familia estas son “historias de muerte anunciada”. En todos los casos habían sido detenidos en alguna seccional policial de La Plata, de donde fueron trasladados a los Servicios de Protección de Derechos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, donde la atención fue precaria o nula. La mayoría de esos chicos habían denunciado persecuciones u hostigamientos policiales, en causas impulsadas por la defensoría, que no avanzaron. La propia policía actuó como instructora pese a que la Procuración General lo había prohibido y los policías imputados quedaron en libertad en cuanto formularon su descargo. En 2011, el fiscal Rubén Sarlo había denunciado la existencia de grupos de vecinos o parapoliciales preparados para “eliminar elementos indeseables por mano propia”. La causa no tuvo el menor movimiento. Según Axat deberían investigarse los aspectos de relevancia institucional comunes a cada caso: 

Antes de los crímenes, la ausencia de protección debida por parte de los organismos encargados de Niñez y Adolescencia, que tienen obligaciones como garantes hacia los niños. Si esas omisiones fueran imputables configurarían el delito de abandono de persona, que en ningún caso se reclamó a los funcionarios respectivos. En el caso del Polaquito son desgarradores los relatos de la madre sobre las gestiones fallidas ante distintos organismos de los poderes ejecutivo y judicial para que el nene recibiera asistencia por sus trastornos de conducta y sus adicciones y el reiterado esquive dependencia por dependencia, donde nadie se hizo cargo del problema.

Después de los crímenes, el bajo estándar investigativo, judicial y policial genera un efecto de impunidad. La investigación se delega en la propia policía sospechada de hostigamientos previos a esos chicos y el ministerio público y la justicia no realizan imputaciones y dan por válida la hipótesis policial, sin el menor criterio. Tampoco impulsan las denuncias por abandono de personas respecto del personal de minoridad encargado de las políticas sociales que no se realizaron en tales casos. “De acuerdo a estas pautas de responsabilidad la seguidilla de homicidios de niños y adolescentes ocurridos en La Plata durante el breve lapso 2012-2013, demuestran una trama sospechosa; pues todos ellos ocurrieron en situaciones violentas, extrañas y confusas; con posterior tratamiento policial-judicial de nulo o bajo estándar investigativo; lo que dejaría clima propicio para la ‘eliminación social’. Pues al tratarse de homicidios de niños-adolescentes con frondosos prontuarios, y pertenecientes a los estratos más marginales, su impunidad posterior se convierte en un mensaje social que no evita su repetición”, dice Axat, quien peticionó a la Suprema Corte que requiriera informes detallados al Ministerio Público. La Procuradora General María Falbo remitió el pedido al fiscal de La Plata, Marcelo Paolini, quien lo guardó en un cajón. El único que se interesó en la denuncia de Axat fue el periodista Javier Sinay, quien tomó uno de los seis casos para escribir una crónica titulada “Rápido. Furioso. Muerto: una crónica bonaerense”, publicada por La Nación en su revista Rolling Stone, con la que obtuvo el premio Gabriel García Márquez de 2015. Comienza así: “Arriba de una Honda CG Titán negra, el lunes 25 de febrero de 2013, poco antes de las nueve de la noche, Axel Lucero y un amigo dejaron atrás el barrio El Carmen, en La Plata. Habían salido en una sola moto, pero estaban dispuestos a volver en dos: la otra, la que todavía no tenían, la iba a conseguir Lucero con el arma que llevaba en el bolsillo de su campera”. No es necesario reproducir el resto. El periodismo negro posterior a la muerte suele ser más decente que el amarillo previo y Sinay no es un canalla. Sinay entrevista a Axat y reproduce las estadísticas del CELS sobre la cantidad de muertes producidas por policías que portan su arma fuera de servicio. Según la base de datos del CELS, el promedio de uso de la fuerza fuera de servicio en los últimos diez años (2007/2016) es del 53 por ciento del total de casos.  Para enero-abril de este año es del 79,5 por ciento. Pero no sería metodológicamente correcto anualizar ese dato para compararlo con el de los años anteriores. Lo único que puede afirmarse es que se observa un aumento del uso de la fuerza letal por policías fuera de servicio. Vale la pena observar cómo evoluciona.

Una estadística siniestra

Durante la semana que hoy termina esa estadística se incrementó con dos nuevos casos: 

  • Rodrigo Alejandro Correa, de 14 años, murió de un balazo en la nuca efectuado por el subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fuera de servicio Hugo Daniel Pos, en Billinghurst, partido de San Martín. La versión policial es que se defendió de un intento de robo. Pero sólo se secuestró el arma del policía, con el cargador vaciado y 16 casquillos. 
  • Cristian Toledo Medina, de 25 años, murió por un disparo del bombero de la Policía de la Ciudad Adrián Otero, quien dijo que Toledo Medina junto con otros dos jóvenes intentaron asaltarlo golpeando con una piedra la ventana de su auto. Como respuesta, Otero los persiguió cinco cuadras disparándoles. La bala letal ingresó por el pecho. Tampoco en este caso los jóvenes estaban armados. 

La tolerancia social ante estas ejecuciones extrajudiciales crece con cada Polaquito expuesto por algún medio sensacionalista y con cada absolución de los policías que abren fuego, por una justicia indiferente. El caso más reciente se produjo el mes pasado, cuando el Tribunal Oral en lo Correccional Nº16 compuesto por los jueces María Cristina Bértola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani, absolvió al ex Policía Federal Santiago Veyga, por el asesinato de Jonathan Kiki Lezcano (que el 8 de julio del 2009 tenía 17 años), y Ezequiel Blanco, de 25, quienes aparecieron enterrados como NN en el Cementerio de Chacarita dos meses después de su muerte. La agonía fue filmada igual que las torturas que sufrieron. Los familiares denunciaron que el juicio “estuvo cargado de provocaciones. Despreciaron a la familia, quisieron impedir las concentraciones en la puerta, se le impidió a la prensa la entrada a la sala, se valló el edificio; se confirmó que los disparos que mataron a los pibes fueron una ejecución, y a pesar de esto, los jueces dictaminaron la absolución de Santiago Veyga. Ayer se realizó un acto de repudio en Fonrouge y Chilavert.

 Ni Falbo ni el actual Procurador Julio Conte Grand permitieron que el Sistema Informático del Ministerio Público Bonaerense informe sobre la cantidad de pibes ejecutados extrajudicialmente. Un enigma semejante es la cantidad de adolescentes encerrados en todo el país. Los últimos datos disponibles son de 2014 (<http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/estadisticas-de-politica-criminal/ninos,-ninas-y-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-penal.aspx>).  Como se aprecia en el cuadro, entre 2012 y 2014 hubo un aumento del 27 por ciento de infracciones juveniles a la ley penal, de 873 a 1.116 y en menos de la mitad de los casos se usaron armas. Tanto el número total como el incremento es minúsculo entre los adolescentes de 14 y 15 años, a quienes se intenta atrapar con la reforma propuesta por el gobierno nacional. En 2014 sólo entraron 96 veces en conflicto con la ley penal. Más de la mitad de los casos se registran en la provincia de Buenos Aires.

Según una reconstrucción extraoficial de la agencia Télam, a fines de 2016 el número de chicos encerrados en todo el país había crecido hasta 1300 (http://www.telam.com.ar/notas/201609/163371-al-menos-1300-chicos-estan-privados-de-libertad-en-todo-el-pais.html). La información del Sistema penal Juvenil bonaerense sólo llega hasta 2015. El último informe de Investigaciones Penales Preparatorias indica que el número de homicidios cometidos por menores es insignificante, apenas 124 en toda la provincia: https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FRPJ%20por%20Dto%20y%20Bien%20Juridico%202015.pdf

Mientras el Frente Renovador enarbola la demagogia punitiva como bandera electoral, la Alianza Cambiemos muestra algo más de prudencia, sin exagerar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anunció que se postergaría para el año próximo el tratamiento de la ley de responsabilidad penal juvenil que baja a 14 años la edad de imputabilidad y el Hada Buena, de campaña junto con la heroína cívica libertadora Elisa Carrió, hizo declaraciones razonables: ambas acentuaron la necesidad de medidas de protección a los chicos, “para no tener que ver después que hacemos cuando están imputados en un homicidio”, según Vidal.

Pero el gobierno no puede hablar con la ligereza de un observador. La legislación vigente en la provincia contempla tanto el régimen penal juvenil como la asistencia a través del sistema de Niñez, Adolescencia y Familia. El problema es que nada de eso ocurre porque requiere inversiones que ningún gobierno está dispuesto a hacer. Es mucho más barato escribir nuevas leyes a sabiendas de que no se cumplirán, como lo muestra la odisea que relató la mamá del Polaquito, ella misma una piba de apenas 30 años, en el clima de odio y desprecio social promovido por funcionarios y medios irresponsables, que al mismo tiempo fomentan el uso del perverso sistema del juicio abreviado, que incrementa la estadística de condenas sin juicio. Y al que no le guste, puede irse bien a la mierda, argumento con el que cierra sus debates el rey del amarillismo televisado.



Niños, niñas y adolescentes privados de libertad (2012-2014)