“Dormir en la calle es un infierno”. Así define Silvia Gómez, mate en mano y sentada en el mismo colchón donde intenta descansar desde hace diez noches a la intemperie, lo que está viviendo en el barrio Padre Carlos Mugica (exvilla 31). El pasado 18 de enero la empresa Villarex, contratada por el gobierno de la Ciudad como parte del proceso de urbanización llevado a cabo por la UPE (Unidad de Proyectos Especiales), del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, provocó un derrumbe y un incendio que afectó las viviendas de 25 familias.
Después de una semana sin respuestas concretas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, las personas damnificadas consiguieron una medida cautelar del juez Andrés Gallardo que le ordena a la administración porteña la reconstrucción de las casas, un plan de emergencia habitacional para el período de transición (y que no sean subsidios o paradores nocturnos), que ponga consigna policial las 24 horas donde la gente todavía tiene sus pertenencias y teme que se las roben, que retire los escombros y residuos y que garantice las necesidades de higiene, salubridad y alimentación.
A la intemperie
La calle donde se produjo el derrumbe se llama Alpaca. Hay un vallado en la zona y un cartel que parece colocado a destiempo: “Precaución. Hombres trabajando”. Una mujer policía camina y observa cómo la mayoría de las familias desayunan. Un tacho de pintura vacío sirve como mesita para apoyar el termo y el mate. La consigna policial, denuncian los vecinos, no está las 24 horas. Después de la una de la madrugada no hay ningún uniformado a la vista, justo cuando mujeres, hombres, bebas y niños más lo necesitan para poder dormir tranquilos.
A metros de las casas afectadas, debajo de la Autopista Arturo Illia, las familias esperan una solución que se demora demasiado en llegar. Desde uno de los tres colchones desplegados en el piso, Lorenzo Galeano, que tiene 38 años y trabaja como albañil y electricista, cuenta que él vive arriba de la casa que se incendió, confirma que las llamas llegaron a su vivienda y dañaron “algunas cosas”. No quiere saber nada con ir a un hotel o un parador, como les propuso inicialmente el gobierno de la Ciudad, quiere cuidar sus pertenencias. Como la mayoría de las víctimas del derrumbe teme que además de la pérdida del techo propio o alquilado le roben lo que tiene en su hogar. “Si me voy a un hotel después no encuentro nada”, sentencia.
Lorenzo habla poco, sin descuidar la dulzura de su tonada paraguaya. En el rostro de este hombre que nació en Alto Paraná se percibe un gesto que combina el cansancio y la incertidumbre. Tiene una hija de cinco años, que también está durmiendo bajo la autopista. “Los vecinos nos ayudan”, destaca y advierte que en los últimos días, a partir de la medida cautelar de Gallardo, el gobierno de la Ciudad se acercó a traerles agua y comida.
Mirna Agüero vive justo al lado de la vivienda que se desplomó. Tiene un bebé de un mes, Luciano, su primer hijo. “No nos dieron ninguna solución, estamos todos acá”, expresa y mira a su alrededor buscando a los demás que, como ella, no pueden volver a sus hogares. El viernes, por la lluvia, Mirna se fue a refugiar a la casa de una amiga. Hace diez noches que duerme en la calle. “Es complicado dormir debajo de la autopista con un bebé. Yo estoy muy preocupada porque no sé qué va a pasar”, insiste esta joven que llegó desde San Pedro (Paraguay) en 2016 y tiene 26 años. Cuenta que es inquilina y que está pagando 20 mil pesos por mes.
La propietaria de la vivienda, que vive también en el Barrio 31, le plantea que se tiene que hacer cargo Mirna de los arreglos. Antes tenía ingresos como empleada doméstica, pero ahora con el bebé no puede trabajar. Su pareja, que es pintor, tampoco está trabajando. “Tenemos que cuidar nuestras cosas”, afirma. Le ofrecieron ir a un paradero, pero lo rechazaron. “¿Quién va a cuidar nuestras cosas?”, pregunta mientras Luciano, en el cochecito, mira a su mamá intensamente. “La vida acá es re complicada. Yo estoy re preocupada porque no sé qué va a pasar con nosotros. Queremos soluciones”, reclama Mirna. Nunca antes había dormido a la intemperie y reconoce que se “re asustó”, especialmente por su bebé.
El derrumbe y el incendio en el Barrio 31
“Escuché un ruido muy fuerte, pero la casa que alquilo no se movió. Igual bajé y salí”, recuerda Clemencia Carballo del Valle lo que sucedió el 18 de enero, cuando la empresa Villarex estaba trabajando en la demolición de una casa deshabitada como parte del proceso de urbanización implementado para reubicar a las familias que viven bajo la autopista. La vivienda en demolición estaba conectada con otras a través de un pasillo, cuando cayó el primer edificio repercutió en los que estaban detrás y generó un derrumbe.
Tuvo “suerte” Clemencia porque otras vecinas y vecinos quedaron atrapados entre los escombros y la empresa tuvo que abrir un boquete para que pudieran salir. La pesadilla se prolongó con un cortocircuito que originó un incendio y quemó una vivienda. Desde ese día, mujeres, hombres, bebas y bebés, niños y niñas duermen debajo de la autopista, frente al área de la demolición, por temor a que les roben las pertenencias que quedaron en sus casas.
La tonada de Clemencia suena como un susurro en guaraní. A pesar del drama y las complicaciones cotidianas sonríe. Nació en Ciudad del Este (Paraguay) hace 50 años. Vive en Argentina desde hace 16 años y lleva 8 años en el Barrio 31. “La hija de una señora para la que trabajaba me decía: ‘Ustedes son iguales a los chinos cuando hablan guaraní’”. La comparación dispara en ella una risa suave. Clemencia toma mate con dos vecinas, también paraguayas, que apoyaron las sillas sobre una de las columnas de la autopista, pintada de rosa y verde. Arriba de ellas hay un cartel del gobierno de la ciudad, fondo amarillo y letras negras, que anuncia: “Acá se viene un espacio público para todo el barrio”.
Clemencia no duerme en la calle porque tiene “problemas de columna” y le tuvieron que dar corticoides. “No aguanto el dolor”, se sincera. Por esa casa a la que no puede volver todavía paga un alquiler de 25 mil pesos por mes. Ahora está durmiendo en la casa de una amiga. Como la mayoría de los damnificados, Clemencia no está trabajando en el cuidado de dos abuelos. “Todas somos trabajadoras y no podemos ir a laburar porque tenemos problemas acá. Lo único que quiero es entrar a mi casa, sacar mis cositas, ir a laburar y estar tranquila”.
Una joven que trabaja para el gobierno de la Ciudad en la asistencia a las familias no quiere decir su nombre y apellido. Ella informa que el desmembramiento de una losa afectó la casa de 25 familias: 10 ya pudieron volver a sus viviendas y el gobierno de la Ciudad se hará cargo de los arreglos y reparaciones que sean necesarios, “sin costo alguno para los propietarios o inquilinos”. En cuanto a la casa que se incendió, detalla la joven, les dieron una vivienda de manera transitoria en uno de los edificios nuevos en el Sector YPF, que está enfrente de la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, en el mismo Barrio 31.
Desde el gobierno de la Ciudad explican que están trabajando en el apuntalamiento de las estructuras de las viviendas, bajo orden y fiscalización de la Guardia de Auxilio y Emergencias (el 103), que establece si hay riesgos o si está en condiciones de habitabilidad. Y que están acompañando a las familias con desayuno, almuerzo, merienda y cena, y un kit de higiene personal.
Perder el trabajo
Emilse Barrios está con Elías, su hijo de 8 años, tomando mate con los vecinos que se acercan a conversar. Hasta hace diez días trabajaba como cajera en un supermercado chino de San Isidro. “Los chinos no te perdonan si faltás; yo les dije que no puedo ir, que no puedo dejar solo a mi hijo. Me esperaron hasta el sábado pasado, pero tampoco pueden estar sin cajera. Ya tengo un reemplazo, así que no voy más”, cuenta con tristeza y preocupación. Su sueldo como cajera era de 35 mil pesos por mes por cuatro horas diarias. Sus ingresos se complementan con la Asignación Universal por Hijo que cobra por Elías (12.500 pesos).
Emilse, que tiene 27 años y se hace cargo ella sola de su hijo, nació en San Joaquín (Paraguay) y llegó en 2013 al Barrio 31. Al principio trabajó en casas de familia, “con cama adentro”. Paga 20 mil pesos de alquiler. “La verdad es que no sé qué voy a hacer. Mi hijo me dice todos los días: “Mamá, vamos a la casa, quiero ir a la casa, estoy aburrido”. Los primeros días durmió debajo de la autopista con su hijo, después se fue a la casa de una amiga.
Los ojos de Daysi Belén González Franco son como dos almendras que brillan. Esta paraguaya nacida en Tobatí hace 20 años está con su beba de un año y seis meses: Luz Aitana, que tiene el chupete en la boca, y observa con curiosidad a esta cronista. “Cuando estaba trabajando, me avisaron que no se podía entrar”, recuerda el momento en que estaba en un pequeño local donde vende shawarma, en el mismo barrio, y llegó a ver cómo se desplomaba todo justo al lado de su casa.
Solo les permitieron ingresar para sacar algo de ropa. Paga un alquiler de 10 mil pesos por una pieza con baño en la que vive con su hermano. El papá de la beba está en Paraguay. Desde el gobierno de la Ciudad están consiguiendo alquileres que “ellos van a pagar”, comenta. No está durmiendo en la calle "por la criatura", prefirió ir a dormir a la casa de una amiga.
La cuna bajo la autopista
El lunes 23 se formó una mesa de trabajo con representantes de organizaciones sociales, iglesias, legisladores, el Gobierno de la Ciudad a través de la UPE Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica, la Asesoría Tutelar del Ministerio Público Tutelar, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Ciudad, del Centro de Acceso a la Justicia, la Dirección de Acceso a la Justicia, entre otros.
La primera propuesta del gobierno de la Ciudad fue ubicar a las familias en paradores y hoteles, pero se negaron por la falta de garantías sobre la seguridad de sus pertenencias y también por desconfianza: desplazarse del Barrio 31 podría perjudicarlos en la relocalización, según como estaba pautado en el proyecto de reurbanización. Desde entonces se realizaron reuniones cada dos días con los damnificados. La última fue el viernes pasado. Juan Encizo, formoseño que tiene 25 años y una hija de un año y medio, participó de la reunión. “De palabra nos prometieron un alquiler provisorio hasta que nos arreglen las casas”, dice y agrega que hasta que no se concrete la propuesta él y otros continuarán durmiendo en la calle.
A Antonela, una beba de un año y un mes, le armaron la cunita debajo de la autopista para protegerla de la lluvia. Su padre, Oscar Marmori, de 23 años, trabaja haciendo refacciones. No duerme en la calle porque una prima que está de vacaciones le prestó por unos días su casa. Paga 20 mil pesos por mes por dos ambientes con baño. El gobierno de la Ciudad le ofreció alquilar un monoambiente con baño compartido. “Es imposible un baño compartido por mi beba”, se queja Oscar. Como muchos otros no está trabajando porque no quiere dejar la casa sola, y además tiene que cuidar a su hija.
Silvia Gómez tiene 32 años, es paraguaya y llegó a Buenos Aires a los 10 años. Está un poco más aliviada porque le consiguieron un alquiler hasta que se pueda arreglar la vivienda en la que vive con su hija de 14 años. Silvia paga 15 mil pesos mensuales por una pieza con baño. Trabaja en la cooperativa M y M, que se encarga de la recolección de residuos, de 6.30 a 11 horas. Por ese trabajo recibe 25 mil pesos mensuales y además vende ropa usada en la feria del barrio.
“Dormir en la calle es un infierno porque hay peleas y se rompen botellas; es de terror estar acá”, resume. Llega una vecina y revela que está sorprendida porque Silvia durmió diez días en la calle. “¿Por qué no me avisaste y te venías a casa? Ella es mi compañera, mi vecina, acá caminamos todos por el mismo barro y pasamos mil cosas. Yo estoy apoyándola a ella”, se presenta Graciela Herrera. “Acá tenemos que estar unidos y ayudarnos entre nosotros”.
