Los principales alfiles del gobierno se mostraron satisfechos con los primeros pasos del proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. “Venimos consolidando el camino propuesto por la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard”, se esperanzó el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez. “Hay motivos para iniciar” el proceso, consideró Gaillard, quien precisó que el próximo jueves la comisión “va a resolver” si avanza o no a la siguiente etapa. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, opinó que los testimonios de los denunciantes, que incluyen a legisladores de la Coalición Cívica, pusieron de manifiesto “siete años de decadencia institucional” en el Poder Judicial.

El jueves, en la segunda reunión de la comisión, legisladores oficialistas y opositores, juristas, abogados y dirigentes de derechos humanos ratificaron sus denuncias contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones. El próximo paso podría darse el jueves 9, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para el cual el oficialismo podría imponer su mayoría de 16 sobre 31 integrantes en esa comisión.

“Hay motivos para iniciar el juicio político”, evaluó Gaillard. “Ayer (por el jueves) se escuchó a los autores de los proyectos, que ratificaron sus denuncias. Hay 14 proyectos y 60 hechos que se atribuyen a los cuatro jueces”, puntualizó. La diputada destacó la intervención de Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, quien “expresó y ratificó todos los términos de su denuncia contra el juez Lorenzetti” que Elisa Carrió había presentado en 2017. También “Juan Manuel López –del mismo espacio– hizo lo suyo. Hubo organizaciones de juristas prestigiosos acompañados por organizaciones de derechos humanos y también muchos particulares que han expuesto distintas denuncias”, agregó. Recordó que “hay causales y hechos que se atribuye a uno o dos de los jueces”, por lo que es necesario “discriminar en cada caso la admisibilidad”. “Rosenkrantz y Rosatti son acusados por el 2x1 y el resto no, mientras que Lorenzetti no firmó el fallo sobre el Consejo de la Magistratura y el resto sí”, ejemplificó.

Sobre el cronograma de trabajo, Gaillard anticipó que “una vez analizado el informe de admisibilidad” y si se “considera que hay sustento suficiente en las denuncias” se pasa a la etapa de prueba para “esclarecer los hechos”. “Luego se cita a los jueces de la Corte y se expone la prueba producida para que puedan hacer un descargo presencial o por escrito. Si no vinieran y decidieran no ejercer su derecho a la defensa, eso no impide continuar con el procedimiento y la comisión deberá proceder a dictaminar si acusa o no”, detalló.

Esta semana “no solamente se puso en marcha la comisión sino que se definió inicialmente los 14 expedientes que van a ser tenidos en cuenta”, destacó por su parte Martínez. “La semana que viene nos vamos a dedicar a lo que se denomina el informe de admisibilidad, que es el momento en el que se abre la puerta para empezar la etapa probatoria”, señaló a Télam Radio. “El objetivo se cumplió” porque “estuvieron presentes en la comisión 11 de los 14 autores de los proyectos, y los escuchamos con muchísima atención”, opinó. Remarcó que “todos los autores de proyectos ratificaron sus denuncias” y destacó los casos de López y Oliveto, aunque ambos aclararon que sus motivos diferían de los del Frente de Todos. “Se decía que nosotros queríamos operar por capricho del oficialismo y una supuesta avanzada contra la Corte” pero “quedó en claro, con las palabras de la diputada Oliveto, que estamos haciendo uso de una herramienta prevista dentro de la Constitución Nacional”. Martínez consideró que se confirma su pronóstico de que “el consenso iba a ir creciendo” con el paso del tiempo.

“Estamos frente a un juicio político que no es coyuntural, se están juzgando siete años de decadencia institucional”, afirmó el ministro Soria. La fecha remite a 2016, cuando el macrismo incorporó a Rosatti y Rosenkrantz. “Hay múltiples causas presentadas por mal desempeño y hay diversos sectores de la sociedad afectados por el mal funcionamiento de los magistrados de la Corte Suprema”, indicó en El Destape Radio. Soria consideró que en las exposiciones quedó demostrado que “no es el Gobierno atacando a la Corte”. “En Brasil fueron los propios jueces de la Corte los que anularon la investigación de Sergio Moro, acá es la propia Corte la que está generando esta degradación institucional”, advirtió.

Por otro lado, Soria repudió la decisión del camarista Eduardo Farah de ordenar que la investigación del viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios macristas, ex agentes de inteligencia y directivos de Clarín se tramite en Comodoro Py y no en la justicia federal de Bariloche. “Comodoro Py está aplicando su típica doctrina autodefensiva absolutamente ilegal, en donde cualquier delito federal cometido por un juez debe ser investigado por sus propios colegas de Comodoro Py. Una locura”, sostuvo.