Mañana termina el juicio a los jueces en Mendoza. Se trata del juicio oral más importante de la provincia y de un juicio histórico para el resto del país. El debate intentó desnaturalizar una parte central de las prácticas judiciales en dictadura: mostrar como “acciones activas” lo que hasta el comienzo de estas investigaciones se veía de modo pasivo, como el silencio de jueces y fiscales o la acción de no investigar los crímenes o las denuncias presentadas por familiares. Están en juicio Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Roque Romano, nombres emblemáticos por la influencia que mantuvieron hasta hace muy poco en la justicia local. El fiscal Dante Vega pidió prisión perpetua al considerarlos participes primarios de secuestros, tormentos y homicidios. Con ellos se conocerá la sentencia a otros 24 acusados del juicio.

“Los organismos de derechos humanos hemos peleado mucho para llegar a este juicio, que ha sido muy largo y tiene como particularidad tener a muchos de los artífices del genocidio”, dice Ernesto Espeche integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con dos años de edad cuando vio cómo se llevaban a sus padres, Marcela Vega y Carlos Espeche, médicos, militantes del PRT con trabajo en las barriadas populares de Mendoza. “Nosotros llevábamos nuestros reclamos de Justicia a varios jueces, pero los jueces estaban frente a la Cámara de Apelaciones de acá, habían impedido el comienzo de los juicios, intentaban llevar nuestras causas a la provincia de Córdoba y después nos dimos cuenta, hilando fino, que los mismos que impedían los juicios eran los que habían participado del genocidio”. Ernesto que es uno de los familiares que está organizando una acción pública para el cierre del juicio con la trasmisión en la explanada de ingreso a los Tribunales, explica que los ex magistrados no sólo son juzgados como cómplices, “sino como actores centrales, igual a cada uno de los represores, igual a los que torturaron, a los que dieron las órdenes, negando que nuestros familiares pudieran llevar adelante los reclamos de habeas corpus. Participando o siendo reconocidos por las víctimas con testimonios que hoy son claves porque a algunos de ellos los han visto desfilar en la emblemática D2 de Mendoza”. 

“Es muy importante esta sentencia en este momento difícil que vivimos los organismos de derechos humanos del país”, explica en este caso Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), uno de los abogados más activos en la causa. “Este es el juicio más grande en la historia de los juicios de la provincia de Mendoza en el que se ha juzgado a todo el aparato de la justicia federal y donde todos –la parte acusadora con querellas del gobierno nacional, de la provincia, ministerio público fiscal y organismos de derechos humanos– hemos pedido penas de prisión perpetua a los magistrados por participación primaria en el plan criminal del terrorismo de Estado con pruebas que son contundentes. Y por las que esperamos ahora la sentencia”. 

El juicio empezó el 14 de febrero de 2014. Y llega al final aunque los ex magistrados  esperaban la desactivación del debate con el cambio de gobierno. “Creo que los imputados creían que podían obtener algún tipo de beneficio con el cambio de gobierno pero eso no pasó”, dice el abogado Fernando Peñaloza, representante de la querella de la secretaria de derechos humanos de Nación desde el 2007, confirmado luego de diciembre de 2015. “Lo primero que hicieron cuando cambió el gobierno fue cuestionar mi representación, una representación que venía de antes.” 

El nombre técnico de la imputación a los magistrados cambió en el comienzo del juicio. Llegaron acusados por omisión de investigar y omisión de denunciar hechos que conocían por el rol que ejercían como jueces o fiscales. 

“En el inicio del juicio la fiscalía propuso un cambio de calificación –y las querellas acompañamos– para posicionarlos como partícipes primarios en los delitos de desapariciones porque muchos de los hechos que no investigaron devinieron en desapariciones. Eran hábeas corpus que ellos no investigaron. Esas desapariciones se prolongaron en el tiempo. Y nosotros ya entendemos que la desaparición es homicidio, entonces se los califica con esa figura. Es así como están hoy. Por eso pedimos las perpetuas. Si llegaban en el escenario de infracción y el deber solamente, como sucede con el juicio que empieza en Córdoba, quedarían sujetos a penas muy bajas, de multas o inhabilitación. Por eso acá la apuesta fue hacerlos parte de la asociación ilícita junto a las fuerzas de seguridad, y es una apuesta porque eso aparece como una figura residual que queda en pie si el Tribunal no le hace lugar a la calificación primaria en el homicidio.”