Los cortes de luz volvieron a multiplicarse en los últimos días en medio de las temperaturas extremas que se registraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una vez más, los usuarios de Edesur vienen siendo los más afectados con interrupciones del servicio que en muchos casos se extienden durante varios días. La secretaría de Energía, Flavia Royón aseguró el domingo por la noche que instruyó al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) para que inicie las actuaciones administrativas correspondientes con la intención de solucionar este tipo de situaciones que se repiten todos los años. “No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur”, amenazó.

El interventor del ENRE, Walter Martello, tomó la posta este lunes y fue muy crítico con la distribuidora controlada por la italiana Enel. "Está claro que sus incumplimientos contractuales son crónicos y severos para la gente que los padece", aseguró el funcionario designado por el ministro de Economía Sergio Massa. "Lo que falta es inversión e independientemente del nivel tarifario que han tenido, no han cumplido con las inversiones. En los años en que los incrementos fueron de 2500 por ciento también hubo cortes masivos, en algunos casos llegaron a 800.000 usuarios sin servicios y ahí tenían tarifa plena”, agregó.

De este modo, Martello buscó relativizar el argumento de la distribuidora que pone el foco en el congelamiento tarifario que debió enfrentar entre el segundo semestre de 2019 y comienzos de 2021, período al cual le siguió una etapa de recomposición tarifaria que se ubica muy por debajo de la inflación promedio.

A su vez, Martello informó que desde septiembre hasta la fecha les han aplicado a las distribuidoras más de 2000 millones de pesos en sanciones y casi el 80 por ciento fue a la empresa Edesur. “Ese nivel de sanciones es histórico para el ENRE", detalló el funcionario, aunque luego reconoció que "la gente quiere luz, no quiere sanciones, pero es nuestra obligación hacerlo".

Conflicto con historia

No es la primera vez que Edesur es amenazada con la quita de la concesión debido a sus reiterados incumplimientos en la prestación del servicio. El primer caso grave se registró en febrero de 1999 cuando un incendio en la subestación Azopardo dejó sin servicio a 150 mil viviendas de la Ciudad de Buenos Aires durante 11 días. En ese momento, la empresa no le pudo atribuir la responsabilidad al congelamiento de precios porque las tarifas estaban dolarizadas e indexadas a la inflación de Estados Unidos.

La otra gran crisis se vivió en diciembre de 2013 cuando se produjeron amplios apagones en el área de concesión de la compañía en medio de una inédita ola de calor. En ese momento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intervino la compañía y estuvo a punto de expropiar los activos, aunque finalmente decidió no avanzar. La negociación paralela que se estaba llevando adelante en ese momento con el Club de Paris, que tiene a Italia como uno de sus accionistas, resultó siendo clave al momento de frenar el desembarco estatal.

La última amenaza de estatización fue a comienzos de enero de este año luego del apagón que dejó sin servicio a más de 400 mil usuarios de Edesur en la noche de Año Nuevo. La compañía atribuyó ese masivo corte a un cortocircuito provocado por un globo de pirotecnia que ingresó al patio interno de la subestación Perito Moreno.

Cartel de venta

En esta ocasión, la situación es diferente porque en noviembre del año pasado, Enel anunció un plan de desinversión que incluye su salida de Argentina, Perú y Rumania con el objetivo de reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias. Además de Edesur, la firma italiana puso a la venta todos sus activos en la Argentina, que incluyen las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón y las líneas de transmisión CTM y TESA, que conectan los sistemas de energía eléctrica entre Brasil y el noreste argentino, y Yacylec, que transporta la energía de Yacyretá.

El mes pasado le preguntaron al CEO de Enel, Francesco Starace, por qué tienen previsto salir de Argentina y su respuesta fue contundente. “Tienen la regulación más bizarra del mundo”, aseguró durante un panel sobre cuestiones energéticas que se llevó adelante en la escuela de negocios de la Universidad de Harvard. “Vemos que a futuro eso va a funcionar con inversores locales”, agregó, aunque desde la firma luego aclararon que no hay restricciones para que participe nadie del exterior. “La puesta en venta será un proceso competitivo que se iniciará a través de un banco. Buscamos la mejor propuesta tanto para los accionistas como para los clientes”, remarcaron.

Con la compañía negociando su salida, cuesta creer que el gobierno vaya a quitarle la concesión para terminar con una demanda en contra en el CIADI que podría derivar en la pérdida de un juicio millonario, como ya ocurrió con otras empresas. No obstante, la presión puede servir para tratar de forzar una salida al conflicto, tal vez acelerando su venta a algún accionista local o incluso al Estado.

El propio Martello aseguró a comienzos de enero, luego del apagón de Año Nuevo, que “es posible que la mayoría de las acciones de Edesur las compre el Estado. “Es algo que yo personalmente he planteado en mi rol anterior como Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, planteé la estatización de la empresa. La política deberá discutir después el tema de los recursos”, agregó el mes pasado.