Beinusz Smuckler fue retratado el 17 de noviembre de 1992 durante una conferencia de prensa que ofreció en Salta capital. Arribó para brindar apoyo internacional a una protesta que protagonizaban un puñado de ciudadanos argentinos originarios de Santa Victoria Este (departamento Rivadavia).
Lideraba las reivindicaciones una mujer, Octorina Zamora, la histórica referente wichí que murió el año pasado. Cuando Smuckler llegó a Salta capital, Octorina y los comuneros que la acompañaban llevaban varias semanas en huelga de hambre. No estaban dispuestos a abandonar la lucha que habían emprendido. La prensa local los trataba de indios, aborígenes en el mejor de los casos, aunque siempre con un dejo de Micky Vainilla. Eran los desclasados que habían osado ocupar el suelo de la plaza principal de Salta, damero colonial de la fundación en 1582, y el atrio de la Catedral, símbolo de la Iglesia que brindó sus herramientas para la conquista de la conciencia y el alma.
Octorina Zamora visibilizó ese mes la permanente violación a derechos fundamentales de las comunidades indígenas: querían trabajar pero el gobierno salteño no les facilitaba los medios que solicitaban, tampoco contaban con la propiedad comunitaria de sus territorios ancestrales. Hacía pocos días, se habían cumplido quinientos años de la conquista y colonización de América Latina encabezada por España, aunque financiada por otras potencias marítimas, como el reino de Flandes. Por 1992, Octorina representaba a la cooperativa “Wichí Ka Puche Hi” e insistía, hacía ya un tiempo, en que el gobierno salteño habilitara guías forestales o permisos para la extracción de madera en los lotes fiscales 55 y 14, ubicados en el norte del extenso departamento Rivadavia. Contaban con un crédito otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la compra de maquinarias y con ese proyecto esperaban dar trabajo a unas cuarenta personas.
El reclamo por el territorio era una espina difícil, un trago amargo para el gobierno salteño. Octorina solicitaba definiciones en la entrega de esos dos lotes fiscales colindantes con Bolivia y Paraguay a favor de las comunidades originarias, mayoritariamente del Pueblo Wichí. Su titularización había sido prometida en gestiones anteriores, pero la decisión final era siempre esquiva. Smuckler tenía en claro que toda la legislación vigente en Salta hasta ese momento –para la reforma constitucional de 1994 faltaba poco– proporcionaba las condiciones necesarias y suficientes para realizar la transferencia del territorio a las comunidades. Sin embargo, los gobiernos resistían y el de Roberto Augusto Ulloa aún más. En 1992, gobernaba el ex capitán de navío que, como marino, había gobernado la provincia en tiempos de dictadura (1977 – 1983). Desde el regreso de la democracia, lo habían precedido Roberto Romero (1983 – 1987) y Hernán Cornejo (1987-1991).
“Ese tema todavía hoy sigue dando vueltas (por la entrega de los territorios comunitarios). Incluso el Estado argentino tuvo un juicio internacional”. El que menciona el veredicto final de febrero de 2020 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Llaka Honhat es el antropólogo Héctor Hugo Trinchero, de la UBA. Por las décadas del ochenta y noventa del pasado siglo, realizaba su tesis doctoral en el norte del departamento Rivadavia. “Trabajé en el 55 y 14 con el tema del reclamo territorial y armamos varias bibliotecas populares con la Universidad Nacional de Buenos Aires. Nos pusimos en contacto con (Beinusz) Smuckler, y por él, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) por la cuestión de los derechos indígenas”, rememoró. “Se comprometió muchísimo. Viajó y realizó conferencias, todo a partir de haberse encontrado con Octorina Zamora en Salta aquel 1992. Esa foto representa el encuentro entre Beinusz Smuckler y Octorina Zamora. Muchos abogados comenzaron a trabajar en la cuestión indígena en profundidad por el giro que hizo Smuckler ese año”.
El encuentro y los diálogos entre Smuckler y la mujer wichí cambiaron la manera de comprender las necesidades de los pueblos originarios, no solamente entre juristas, sino también entre antropólogos. Hugo Trinchero señaló que actualmente, las comunidades indígenas y criollas de los hoy ex fiscales 55 y 14, han establecido consensos para compartir ese territorio que deberá ser comunitario antes de 2026. “Podemos o no estar de acuerdo, pero son sus acuerdos y hay que respetarlos”, dijo. Por otro lado, recordó que después de aquel encuentro en Salta cambiaron de perspectiva “para trabajar sobre los derechos indígenas a partir de un proyecto de investigación que se inició en ese territorio de Salta y que luego se extendió al resto del país. Participaron otros antropólogos salteños como Juan Martín Leguizamón o Catalina Buliubasich, de la Universidad Nacional de Salta".
“En 1984 hubo una primera acta de caciques de las comunidades del Pilcomayo pidiendo la tierra, con una fundamentación muy buena de tipo cultural aunque hecha sin cuestiones técnicas”, contó Buliubasich. “Otro camino alternativo que eligieron las comunidades, también en 1992, fue crear la Asociación Lhaka Honhat. Por eso fue muy importante la protesta de Octorina en la plaza en Salta, porque visibilizó el tema. Para el resto de la Argentina no existía el Pilcomayo ni los indígenas”. Después de la visita de Smuckler a Salta, el diario El Tribuno publicó un extenso informe con el título “Los aborígenes buscan su lugar” en el que se destacaba que tenían más vínculos con la Iglesia Anglicana que con la ciudadanía local ('Mataco no, inglés sí', reza un subtítulo).
El 5 de noviembre de 1992 Octorina llevaba ocho días en huelga de hambre en el centro simbólico de Salta. Todo había comenzado después del 12 de octubre de 1992, aproximadamente por el 28 de ese mes. Acompañaban a Octorina en la huelga, Justiniano Pérez y Julio Díaz, entre otros referentes indígenas. En plena huelga de hambre, los tres enviaron una carta al legislador salteño Eduardo Barrionuevo, en ese momento presidente de la Cámara de Diputados. Reclamaban la falta de compromiso del Estado salteño en la cuestión indígena, hasta el momento solo conformada por una serie de leyes con muy buenas intenciones. Barrionuevo respondió con la adhesión de la provincia de Salta a la Ley 23.302 Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, de 1985, que incluía la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La adhesión fue sancionada el 17 de noviembre de 1992, el mismo día que llegó Beinusz Smuckler a Salta capital, el día de la foto.
1992 y la entrega de tierras fiscales
Las privatizaciones, es decir, la venta de fragmentos diversos del estado argentino a distintas empresas, incluyó el traspaso de tierras fiscales a privados. El día de su visita Smuckler apoyó a Octorina en el reclamo por la entrega de tierras fiscales en el municipio de Ballivián, en el departamento General San Martín, vecino a Rivadavia. Como presidente continental de la Asociación Americana de Juristas, Smuckler brindó le dio un alcance internacional a sus reclamos en una conferencia de prensa, la que recuerda la foto.
La mujer wichí visibilizó la apatía de la Cámara Baja, al no haber tratado dos proyectos que contaban con la aprobación de las comisiones que los habían analizado. Uno era por la entrega de veinte mil hectáreas de tierras fiscales a privados. Otro un pedido de información sobre el destino que tuvieron tierras fiscales ubicadas en una zona que se conocía por “El Triángulo de Ballivián”. El reclamo tenía su origen en un pastajero que había pagado por el pastaje de sus animales por quince años, y cuando fue a la Dirección General de Inmuebles de Salta a reclamar la posesión veinteñal de una porción de ese territorio, le informaron que esos catastros ya tenían dueño. “Tenemos miedo que con la irresponsabilidad de la Dirección General de Inmuebles se sigan perdiendo tierras fiscales”, dijo ese día Smuckler.
Antes de la visita de Smuckler, Octorina había atravesado dos desalojos violentos por parte de la policía de la provincia. Incluyó el secuestro de todas sus pertenencias y un póster de la recientemente ganadora del premio Nobel de la Paz: la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum. En ese intervalo de desalojos violentos, los legisladores conformaron una comisión especial de asuntos indígenas. Algunos representantes intentaron negociar con el gobierno de Ulloa para que cedieran las tierras que reclamaban los originarios de Santa Victoria Este. Pablo Nieto, Basilio Soria y Aníbal Cerezo le plantearon al ministro de Gobierno, Alfredo Puig, dar una respuesta concreta a las reivindicaciones. Pero además, ratificaron su apoyo a la huelga de hambre de Octorina en la Catedral. No fue del agrado de los funcionarios.
El ministro de Bienestar Social, Aldo Juncosa, les respondió con un viaje hasta Santa Victoria Este para que “las comunidades de allá le informen si realmente apoyaban a Octorina en su reclamo”, relató la prensa escrita. La idea era respaldada por Puig. El diputado Soria le contestó que no hacía falta un viaje: todas las comunidades apoyaban a Octorina. En el ida y vuelta en los medios gráficos de entonces (El Tribuno y Eco del Norte), el diputado Cerezo le respondió a Puig que existían elementos suficientes como para entregarles las tierras a las comunidades. “Si no se cumplió es por falta de decisión política de los gobiernos de turno”, reprochó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le daría la razón recién en 2020. Pero para Cerezo, en 1992 era justo pagar con tierras la indemnización histórica que implicaba aceptar la culpa por el genocidio de los indígenas. Una deuda de quinientos años. La huelga de hambre siguió, aunque Octorina fue reemplazada por otros comuneros. A los días, llegó Beninusz Smuckler. Sobre la visita, al día siguiente el diario de mayor tirada en Salta se valió de palabras de Smuckler para titular “La política del ajuste y la violación de los pactos”.
Días antes de la llegada del presidente de la Asociación Americana de Juristas, el ministro Juncosa no tuvo mejor idea que vincular a Zamora con la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú. Lo hizo en declaraciones que fueron publicadas por un semanario local. Juncosa sostenía que las acciones de Zamora formaban parte de un plan más vasto que se originaba en ese país donde hoy los pueblos originarios luchan por sus derechos. Octorina y su marido (síndico de la cooperativa) dijeron que lo denunciarían penalmente por calumnias e injurias.
1992 no fue cualquier año. Para noviembre de ese año, el festival de privatizaciones era tal que la Confederación Empresaria Salteña (CES) reclamaban al ministro de Economía de Carlos Menem, Roberto Guzmán, “una mayor participación en el proceso de privatización de empresas públicas”. Es más, en el proyecto de reforma del Código Fiscal veían con buenos ojos la “desregulación asistida” del servicio de transporte urbano de pasajeros, una codiciada perla entre empresarios salteños. El reclamo también tenía un fin específico: el festival del BOCON, un bono de consolidación de deuda pública que los empresarios evaluaban como la herramienta ideal para la compra de los activos de empresas públicas, entre ellas, YPF. El secretario de Industria, Comercio, Minería y Turismo de la Salta administrada por Ulloa, era Alberto Enrique Lemos, años más tarde procesado junto a Carlos Blaquier por al menos 20 casos de privación ilegal de la libertad cometidas en julio de 1976 en Ledesma, Jujuy.
La foto digitalizada llegó a Beinusz en abril del año pasado. Fue posible gracias a las redes sociales y a su amabilidad por leer el mensaje y responder luego. “Estimada Analía: muchas gracias por el recuerdo y la foto. En cuanto pueda me encantaría conversar sobre la situación actual de las comunidades de los lotes 55 y 14”, respondió y compartió su contacto telefónico. La noche del 8 de febrero llegó otro mensaje: “La familia de Beinusz comunica a todos los que lo conocieron que nos dejó en el día de hoy”. Solo resta decir: “¡Hasta la victoria, siempre!”.
