En vísperas del fin de semana largo por el feriado de Carnaval, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta envió ayer a Orán centenares de efectivos de la policía provincial. Lo hizo para aplicar el recientemente reglamentado Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas.
Los efectivos de la fuerza permanecerán apostados a los costados de la ruta nacional 50. Su objetivo: hacer cumplir el protocolo anti piquetes reglamentado recientemente por decreto del Ejecutivo salteño. Una parte de los efectivos enviados fueron destinados a custodiar de la empresa de energía eléctrica. Sin embargo, los vecinos que permanecen acampando desde enero sobre la vía pública en la puerta de acceso a esa oficina en ningún momento violentaron esa sede de Edesa.
“Llegaron por la noche y calculamos que son alrededor de 400 efectivos”, relató Rubén Tolay, uno de los referentes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra el tarifazo de Edesa de Orán. “Nos enteramos por parientes y vecinos que nos fueron alertando de la situación mientras regresábamos de una reunión con funcionarios del gobierno en el Centro Cívico Grand Bourg en la ciudad de Salta”, contó. Ese encuentro fue convocado por autoridades del gobierno de Salta la tarde del jueves 16, según mencionaron los referentes consultados tanto del acampe de Orán como de Embarcación, ambas ciudades del departamento Orán.
“Cuando llegamos (a la reunión con el gobierno), nos dimos con que el gobierno ya tenía un acta acuerdo escrita, lista para que nosotros firmemos. Nosotros debíamos aceptar los términos de la resolución 192 que reglamentó la tarifa para zona cálida, y además nos comprometíamos a finalizar el acampe”, relató Tolay. “La reunión se suspendió porque nosotros viajamos para negociar, no para firmar un acta que fue escrita de manera unilateral, igual que la resolución que reglamentó la bonificación del 30 y 50 por ciento”, explicó el referente oranense. “Al regresar desde Salta, nos dimos cuenta que al mismo tiempo que estábamos en la reunión, había comenzado el operativo policial”. Sin información oficial sobre ese encuentro, los referentes solamente identificaron en la reunión del jueves al gerente de Usuarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), Pedro de los Ríos.
“El funcionario del Ente Regulador nos explicó que el organismo no está facultado para modificar nada. Nos dijo que podríamos dialogar sobre la cuestión de agregar meses a la bonificación pero en el futuro, cuando termine la auditoría que están haciendo a la empresa”, comentó Luis González, de la Asamblea de Autoconvocados de Embarcación, otro de los participantes del encuentro del jueves.
“Nos pareció una burla, porque ellos manejan los tiempos. El tarifazo sigue plenamente vigente”, dijo. “Nos reunimos con una persona que no tiene capacidad de decisión en el tema. Si él representa a los usuarios, debería estar de nuestro lado, pero estuvo hablando como accionista de la empresa”, prosiguió. “Está claro que fue una reunión ultimátum y una pantomima para los vecinos para decirnos 'nosotros los llamamos a dialogar y ustedes no quieren arreglar entonces le mandamos la represión'”, razonó González. “¿Por qué seguimos pagando la energía más cara del país?”, reclamó. “Ellos niegan todo y son muy burdos. No se entiende por qué este gobierno no atiende el reclamo de los vecinos con seriedad”.
Hasta anoche, cuando se desarrollaba una nueva asamblea en Orán, los vecinos mantenían latente la posibilidad que la policía intente desarmar el acampe. “Esperamos provocaciones, pero sabemos que los vecinos van a responder. Se tomó la decisión de mantener el acampe”, precisó Josefa Cardozo, otra referente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra el tarifazo de Edesa. “Durante la mañana de ayer, decidimos no ir a la ruta porque los policías estaban listos para aplicar el protocolo”, relató. “El gobierno se mantiene en una posición dura", expresó. Durante la asamblea de anoche, los vecinos decidieron mantener el acampe en rechazo a la imposición del gobierno salteño de la bonificacion del 30 y el 50% solo por 4 meses en la tarifa por zona cálida y negarse a la posibilidad de una mesa de negociación.
“Lo que nos queda claro es que el gobierno parecen querer licuar la bonificación que estableció por decreto para usuarios residenciales. Creemos que el 30 por ciento que fijó en el decreto 192, probablemente se convierta en un 15 por ciento en las boletas, y en poco tiempo, desaparecerá a medida que se retiren los subsidios nacionales”, especuló Rubén Tolay. En el encuentro en Salta con funcionarios provinciales, también participaron representando al acampe de Orán Leandro Alagastino, Pablo Cobos y Elías de los Ríos. En representación de la Asamblea de Embarcación participaron Ricardo Mamaní y Santiago Morillo.
Un acuerdo desconocido
Los vecinos de Orán y Embarcación, se sienten doblemente traicionados en su buena fe por parte del gobierno de Salta. Afirman que desconoció el acuerdo al que habían arribado durante la reunión que mantuvieron a fines de enero en Salta capital. En esa oportunidad del parte del Estado salteño participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, y el gerente del Enresp Pedro de los Ríos.
En ese encuentro se había acordado de palabra (no hubo acta firmada) que en un plazo no superior al 13 de febrero, el gobierno salteño y el Enresp les presentarían una propuesta a vecinos y vecinas por intermedio de sus referentes. El objetivo era estudiar y debatir en asambleas vecinales si la propuesta de tarifa para zonas cálidas se acercaba a los requerimientos que solicitaban los ciudadanos y ciudadanas del norte salteño. De base, los vecinos solicitaron una bonificación del 80% en las tarifas de energía eléctrica. Después de ese encuentro, se sumaron otros departamentos y municipios del sur salteño. El 13 de febrero el gobierno y el Enresp optaron por seguir el procedimiento administrativo y no el debate en asambleas de vecinos.
Las asambleas que permanecen activas en Orán y Embarcación no están solas. Las acompañan vecinos de otras ciudades tanto del departamento Orán, como de San Martín. Tolay comentó que durante el último encuentro con funcionarios provinciales, el gerente del Enresp mencionó que los vecinos de Tartagal y Mosconi ya habían firmado el acuerdo. “Es mentira”, aclaró Héctor Soria, de Somos Barrios de Pie Tartagal. “Todavía estamos esperando que el gobierno nos llame. Nosotros queremos que la tarifa diferencial para zonas cálidas sea una ley, no un decreto que se pueda cambiar”, reclamó.
“No estamos conformes con el 50 por ciento y el 30. Nosotros pedimos mucho más para el departamento San Martín, porque acá la mayoría de las familias que hasta el momento pueden pagar la luz, lo hacen porque se mantienen los subsidios del estado nacional”, agregó Soria. La acción colectiva liderada por este vecino junto a otros referentes en los acampes de Tartagal durante enero fue judicializada. Esa medida fue repudiada anoche en la asamblea de vecinos audoconvocados de Orán.
A la acción colectiva de los vecinos se suman acciones individuales, como la iniciada por el abogado de Orán Ariel Pomares. El letrado se presentó ayer en la asamblea para explicar el trámite que está llevando adelante. “Como vecino, estoy iniciando acciones por la resolución 192 que emitió el Ente Regulador de los Servicios Públicos. Es un recurso de revocatoria, porque considero que la bonificación de las tarifas es ilegítima. Se impone una reducción o bonificación de las tarifas”, explicó a Salta/12.
“Lo que busco es que no quede firme la resolución 192. Edesa ya factura con los descuentos pertinentes, cuando la resolución no está firme. No puede proceder a emitir facturas nuevas cuando un acto administrativo no está firme", repitió, "y no se discute el fondo del asunto. Muy probablemente no le hagan lugar”, continuó Pomares, “pero tienen algunas cuestiones graves. No dieron vista a la Secretaría de Energía y Minería de la provincia. Llegaron los decretos y facultaron al Ente directamente para realizar las bonificaciones, y obviaron a uno de los organismos del Estado”, explicó. “Edesa directamente comenzó a facturar. Uno como ciudadano tiene el derecho a decidir si apela o no a esa resolución”, sostuvo.
“El artículo 5 de la Constitución provincial dice claramente que los y las funcionarios judiciales y políticos tienen responsabilidad civil y penal por sus actos de gobierno, y el desconocimiento de la ley es penada”, detalló Pomares. “No pueden ellos mismos ser funcionarios y desconocer la ley, tienen que seguir el procedimiento. La gente de Edesa que está facturando sin que la resolución firme, es responsable penal y civil. No nos pueden imponer la bonificación que ellos quieren”.
