Tal como el Gobierno nacional lo había anticipado hace dos semanas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) inicio el proceso administrativo a través del cual le aplicará a la distribuidora Edesur sanciones por los cortes registrados durante este mes, que son producto de los reiterados incumplimientos de esa empresa a la prestación en su área de concesión.
Si bien no se habló formalmente de montos, lo que había anticipado el Ministerio de Economía es la aplicación de una multa de al menos mil millones de pesos.
También se había anticipado que el Gobierno obligará a la empresa a que devuelva a los usuarios perjudicados la totalidad de la factura del último mes, así como también el costo de los electrodomésticos dañados por los cortes.
Esos fueron los puntos anunciados a mediados de este mes, cuando en medio de la ola de calor miles de usuarios quedaron sin servicio durante varios días y sin respuesta inmediata de la compañía.
Auditoría técnica
Lo que hoy se inició es la auditoría técnica que determinará la dimensión del perjuicio que causaron los extensos cortes del servicio, así como también el monto que deberá pagar la empresa.
El puntapié inicial de este proceso fue firmado
por el interventor del organismo controlador, Walter Martello, a través de dos
resoluciones. A través de la 236/2023 se determinó “el inicio del proceso de
aplicación de un conjunto de sanciones a la empresa Edesur por las afectaciones
en el servicio eléctrico durante febrero".
El texto explica que "estas sanciones se suman a los más de 3.772 millones de pesos aplicados a la
distribuidora Edesur desde septiembre de 2022".
En la primera instancia sancionatoria, prosigue la resolución, la distribuidora
"deberá abonar resarcimientos a los usuarios afectados por cortes de suministro
cuya duración haya sido igual o mayor a las 10 horas”. Así lo establece la
normativa vigente, que aclara que esa condición es “sin perjuicio de las
sanciones que se encuentran en desarrollo".
La segunda resolución, la 237/2023, dispuso la realización de una auditoría
técnica integral. El objetivo es determinar la capacidad y confiabilidad del
servicio público de distribución de electricidad y fiscalizar la calidad de
servicio establecida en el contrato de concesión.
Las auditorías estarán a cargo de un equipo interdisciplinario y de fiscalización,
que verificarán los procesos de atención primaria de reclamos, operación y
gestión, mantenimiento correctivo y preventivo, planificación de inversiones,
gestión de pérdidas, y auditorías internas de costos.
En relación a los montos de las sanciones, los mismos deberán ser acreditados
por la empresa en las facturas de servicio de los usuarios dentro de los 20
días hábiles administrativos, a partir de la notificación de las resoluciones
publicadas hoy.