En su meteórica carrera política, Nayib Armando Bukele Ortiz pronto se hizo notar como uno de los cuadros juveniles más destacados del histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla marxista devenida en partido político en 1992 y convertida en uno de los principales ejes del poder en El Salvador.

El paso por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y luego de San Salvador, la capital del país, entre 2015 y 2018, proyectaron la imagen de Nayib Bukele como un joven cuidadosamente rebelde y transgresor, capaz de aunar la tradición de una organización con significativo peso histórico con las inquietudes y motivaciones propias de la generación millennial.

Pero las tensiones internas se volvieron insostenibles. En octubre de 2017, el FMLN resolvió la expulsión del alcalde capitalino, quien se llevaría con él una porción importante de dirigentes y de votos. Con su propia organización, Nuevas Ideas, triunfó en la contienda electoral de 2019 con una mayoría absoluta superior al 53%. Tenía, en ese momento, 37 años.

Desde un inicio existió la propuesta de convertir al político transgresor en un presidente innovador. Nayib Bukele se rodeó de jóvenes tecnócratas que, como él, proponían un gobierno efectivo, sin ataduras ideológicas, y comprometido con la gestión y los resultados concretos. Pero más allá de los discursos modernizantes, el joven mandatario ubicó a sus amigos y familiares directos (entre ellos, dos de sus hermanos) como miembros permanentes de su entorno más íntimo.

Consciente de su impacto internacional, Bukele y su círculo apostó a la construcción de una nueva impronta para los gobernantes centroamericanos. Para ello puso en marcha un conjunto de iniciativas novedosas y, algunas de ellas, totalmente controversiales, aunque efectivas a la hora de exportar su propia imagen a otras geografías. 

La pandemia del covid-19 le proporcionó una primera oportunidad para hacer pesar su creciente influencia en el contexto centroamericano. Con poco más de 4 mil muertes por contagios, según datos oficiales, en mayo de 2021 el gobierno salvadoreño donó 34 mil vacunas a Honduras, y luego envió ayuda médica y alimentaria a este país y a Guatemala. Era lo que se esperaba de un gobernante sensible a la salud pública y, sobre todo, solidario con la difícil situación atravesada por naciones hermanas.

Una segunda propuesta se centró en el eje económico y privilegió a un importante grupo de “empresarios amigos”. En junio de 2021 se aprobó la llamada “Ley Bitcoin”, que permite el curso legal de esta criptomoneda, sin regulación alguna y sin impuestos sobre las ganancias de capital. Así, El Salvador se convirtió en el primer gobierno en todo el mundo en reconocer al bitcoin como una moneda legal de intercambio.

Sin embargo, la propuesta más audaz y original de Bukele se desarrolló en el terreno de la seguridad interior, al llevar adelante la guerra a las maras, las peligrosas y violentas organizaciones criminales creadas luego del conflicto civil de los años ’80 y que luego se expandirían a través de multitudinarias redes por otros países centroamericanos, así como también, en México y, sobre todo, en Estados Unidos.

El enfrentamiento contra las maras y, especialmente, contra la principal, la Mara Salvatrucha (MS-13) fue asumida y publicitada como una guerra contra el delito, el narcotráfico, la trata de personas y, en general, contra las muertes violentas. Para ello, en abril de 2022 Bukele instauró un régimen de excepción que le ha otorgado poder absoluto a soldados y policías, y que ha provocado la suspensión de libertades y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

Al día de hoy, se cuentan más de 60 mil personas detenidas, y existen miles de denuncias por arrestos ilegales, torturas, desplazamiento forzado y asesinatos dentro de las prisiones.

Las críticas y acusaciones de organismos de derechos humanos salvadoreños e internacionales, así como también del Comité contra la Tortura de la ONU, no han amedrentado al gobierno que, por el contrario, celebra la liberación de territorios enteros que estaban controlados por las maras bajo prácticas violentas y extorsivas, y la baja notoria de distintos indicadores vinculados al crimen organizado.

Más allá de los cuestionamientos, hoy el modelo de Bukele apunta a transformarse en todo un paradigma para las estrategias de seguridad en buena parte de la región.

Así, desde mediados de 2022, el gobierno salvadoreño intenta asumir la coordinación de las políticas de seguridad interior en Centroamérica, gracias a su influencia en Guatemala y Honduras, que también han limitado la capacidad de circulación en sus fronteras. Los mismos lineamientos han comenzado a ser discutidos en naciones como México, Colombia, República Dominicana e, incluso, Haití.

La cruzada contra la violencia de las maras, difundida por todo tipo de marketing, han contribuido a otorgarle una creciente popularidad a Bukele no sólo en El Salvador, donde según la consultora mexicana Mitofsky cuenta con más del 80% de aprobación, sino también en distintos países latinoamericanos, en los que se aprecian niveles elevados de inseguridad.

Así, las visitas del mandatario salvadoreño fueron saludadas por verdaderas multitudes en Guatemala y Honduras, donde su liderazgo es reconocido incluso por la presidenta Xiomara Castro. Dirigentes de derecha, como el ministro de seguridad de Costa Rica, Jorge Torres, el ex candidato presidencial de Colombia, Rodolfo Hernández, y el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, han dado validez a la estrategia punitiva de Bukele, incluso con intentos de adaptación a los distintos contextos nacionales. En Ecuador, según la encuestadora Click Research, el mandatario salvadoreño (que nunca realizó una visita oficial a ese país) es el político con mejor imagen, por encima incluso de Rafael Correa.

Sin embargo, la suerte de Nayib Bukele podría comenzar a cambiar en las próximas semanas a partir de acusación proveniente desde Estados Unidos, cuyo gobierno siempre sospechó del carácter real y frontal de la lucha contra las maras.

En este sentido, y según una acusación presentada ante el tribunal del Estado de Nueva York el 22 de agosto de 2022, existirían amplias pruebas de que Bukele habría negociado con los líderes de las pandillas una reducción del número de homicidios para mejorar su desempeño en las elecciones de 2021. A cambio, se habrían concedido beneficios carcelarios, reducciones en las condenas y, principalmente, la garantía de no-extradición a los 13 líderes principales a Estados Unidos, requerida por la Secretaría de Estado.

En este contexto, no resulta casual que justo en estos días, Bukele haya presentado a la nueva “megacárcel”, la prisión más grande de América Latina, destinada a albergar más de 40 mil detenidos, y cuyos primeros 2 mil prisioneros, todos ellos maras, ya comenzaron a ser trasladados.

La pregunta es si desde ahora, y nuevamente desde el marketing político, Bukele podrá mantener intacta su legitimidad y su influencia más allá de los límites de El Salvador.