“Es una realidad que en la mayoría de los casos de violencia de género las mujeres no cuentan con recursos para abandonar la casa en común, eso lleva a que los casos se repitan. Las mujeres tenemos que tener recursos para alejarnos de la pareja o el familiar que nos maltrata y debe ser una política de Estado. Si la mujer que sufre esta problemática no tiene recursos para irse, la estamos condenando a seguir viviendo en la violencia”. Julia Saenz (FpV-PJ), impulsora de la ordenanza de cupo de viviendas para mujeres víctimas de violencia que se aprobó en mayo en Concordia, Entre Ríos, sintetizó así el nudo del problema. En la ciudad de Buenos Aires hay varios proyectos de ley que proponen políticas públicas para que las mujeres puedan construir una vida autónoma, partiendo de contar con un lugar donde vivir. 

La ordenanza aprobada en Concordia el 18 de mayo dispone la reserva de un cupo de viviendas de hasta el 5 por ciento para mujeres víctimas de situaciones de violencia de género. Aporta una opción concreta y material para ayudar a las mujeres a salir de su situación. Según la concejala, la norma es pionera en la provincia de Entre Ríos y tiene muy pocos ejemplos a nivel nacional. El organismo local encargado de llevar a cabo esta tarea es el Instituto de Tierras y Viviendas Municipal, que realizará una evaluación de la situación socioambiental de los casos derivados por la justicia y asignará la vivienda en un marco de total confidencialidad. “La aprobación de esta ordenanza no va a solucionar todos los problemas que las mujeres tenemos, quizás no va a detener las muertes de las mujeres pero no es un hecho menor que la mujer tenga donde refugiarse y no tenga que convivir con su agresor”, dijo Saenz.

En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay varios proyectos de ley que abordan la problemática de la falta de vivienda de las mujeres víctimas de violencia. A comienzos de julio, se pusieron en tratamiento en la reunión de asesores/as de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, tres proyectos. Dos presentados por la diputada Andrea Conde (Frente para la Victoria) y otro de la diputada Laura Marrone (Izquierda Socialista).

Conde presentó dos proyectos de ley: “Alternativas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género” y “Políticas de asistencia, fortalecimiento e inserción social y laboral en casos de violencia de género”.

Ambos proponen la creación de un fondo. El primero, como adelantó este diario en abril, crea un “Fondo de alternativas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género”, que cuente con los recursos necesarios para solventar los gastos de acceso a un contrato de locación de vivienda urbana en la ciudad. El fondo tendrá un mínimo de 7,5 millones de pesos y las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado– haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género. El segundo habla en cambio de crear un fondo para la asistencia en casos de violencia de género, garantizando el derecho a la alimentación y a la vivienda.

El proyecto de Marrone, “Solución Integral de vivienda para mujeres en situación de violencia de género”, por su parte, tiene algunos puntos en común con la experiencia española. Propone, en primer lugar, la creación de una “casa de acogida o refugio” por comuna. Luego, la creación de “residencias transitorias”, para que, una vez superada la situación de emergencia de las mujeres y sus hijas e hijos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice “un alojamiento transitorio, hasta concebir la solución habitacional definitiva”. “El alojamiento transitorio –puntualiza el proyecto– cumple el fin de permitir una reinserción social de las mujeres víctima de violencia. Para tal fin, el GCBA contará a disposición con las propiedades de herencias vacantes”. 

La solución definitiva viene en este proyecto de la mano de un “Plan de vivienda” específico para mujeres víctimas de violencia que debería instrumentar el Instituto de la Vivienda. Dice que el Poder Ejecutivo “instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de las mujeres víctimas de violencia de género en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”. Y que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires “otorgará créditos a tasa 0 por ciento de interés, sin piso de ingreso. La cuota nunca podrá exceder el 20 por ciento del ingreso de las beneficiarias”.