Más de 53 mil firmas ciudadanas no alcanzaron para conmover a los y las legisladoras del oficialismo porteño. La primera Iniciativa Popular de la historia en llegar a la Legislatura fue rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio que dejó así en pie la ley que habilita la construcción de edificios en parte de los terrenos ribereños de Costa Salguero. La iniciativa, que buscaba derogar esa norma y destinar todo el predio a un gran parque público, quedó archivada al filo del plazo establecido por ley y sin debate en comisiones. La privatización, mientras tanto, sigue frenada por la Justicia a la espera de la decisión del Tribunal Superior (TSJ): “Esperemos que el TSJ no esté esperando esto para sacarse de encima este tema”, advirtieron desde el Frente de Todos (FdT), mientras que las organizaciones aseguraron que los argumentos del oficialismo en la sesión "fueron pobrísimos". 

"Con 37 votos negativos y 20 afirmativos, se archiva el asunto", anunció pasadas las 15.30 del jueves el vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario. Desde las gradas ocupadas por referentes de las organizaciones que impulsaron la iniciativa bajaba al mismo tiempo una bandera sostenida también por los y las legisladoras de la oposición. La bandera pedía que "no vendan la costanera". Ni ese reclamo, ni los 53.864 firmas que apoyaron la primera Iniciativa Popular que llega al recinto, lograron que ningún diputado o diputada del oficialismo modificara su posición.

"Los argumentos no me conmovieron", se sinceró durante su discurso Martín Ocampo, legislador de la UCR, bloque sobre el que las organizaciones depositaban alguna esperanza para poder quebrar la rígida mayoría oficialista. "Los vecinos nos están diciendo que quieren que el cien por cien sea espacio público, nosotros decimos que sea casi el ochenta por ciento; es una cuestión de grado, pero el objetivo de que haya más espacio público es compartido", argumentó el legislador, quien finalmente sostuvo que el proyecto oficial "es mejor porque conjuga los espacios públicos con la idea de una ciudad habitable".

La ley de rezonificación del predio, aprobada en segunda lectura en diciembre del año pasado pese al mayoritario rechazo expresado en la audiencia pública más masiva de la historia de la Legislatura, establece que un 22,5 por ciento de Costa Salguero puede ser destinado a la construcción de edificios privados de hasta 15 y 24 metros según el sector. Esa ley se erige sobre otra norma, la aprobada en diciembre de 2019, que habilita al GCBA a vender terrenos del predio y que desde 2020 está frenada por la Justicia, que en dos instancias la declaró inconstitucional. La iniciativa que se trató este jueves, en tanto, buscaba derogar precisamente esa ley y establecer que la totalidad del predio de Costa Salguero, y también de Punta Carrasco, unas 32 hectáreas, fuera destinado a un parque público de acceso gratuito. 

La postura del PRO, sin embargo, quedó clara desde un primer momento. Al tomar la palabra Daniel del Sol, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, aseguró que el plan oficial es “acertado y una gran oportunidad para que los vecinos recuperen la accesibilidad al río”. “Nuestro bloque respalda la creación del espacio verde”, dijo, generando gritos de rechazo por parte del público, por lo que aclaró que es "más adecuado" que el espacio verde “esté acompañado con mixtura de usos con infraestructura”. 

"¿Cómo van a decir que tenemos que tener cemento en la costanera, con edificios que además van a estar vacíos y van a ir a Airbnb?", repreguntó a ese argumento el diputado Matías Barroetaveña, del FdT, bloque que junto al Frente de Izquierda votó a favor de la iniciativa. "No se va a generar ciudad a partir de eso", agregó el legislador de la oposición. "Estamos hablando de para quién será y de la democratización del acceso al río. Todos sabemos que, cuando quieran cruzar a la costanera, a los pibes de la 31 los va a parar un seguridad privado que les va a decir que no pueden entrar porque son morochitos, porque tienen gorrita o son peligrosos", añadió. 

"No tenemos ganas de ir a tomar mate al jardín trasero de los pocos ciudadanos que puedan comprarse viviendas ahí", lo acompañó Lucía Cámpora. La diputada recordó, además, que la concesión original del predio venció en 2021 y que entonces los terrenos "podían pasar a ser públicos de verdad". "Tuvieron la oportunidad de que vuelva a ser público y decidieron renovar una concesión mientras apuraban el trámite de venta de esas tierras", señaló sobre la decisión del GCBA de renovar la concesión a la empresa Telemetrix. Cámpora sostuvo que "esto no termina acá" y recordó que la ley de venta tiene fallo de Cámara en contra: "Esperemos que el TSJ no esté esperando esto para sacarse de encima este tema", advirtió. 

Junto al interbloque oficialista también votaron los legisladores y legisladoras de La Libertad Avanza referenciados en Javier Milei, que no anduvieron con vueltas y dejaron en claro su posición: “Venimos a hablar en nombre del sector privado”, dijo Ramiro Marra, legislador que hace unos días reconoció públicamente ser accionista del Grupo IRSA, dueño de las 72 hectáreas de Costanera Sur en las que construirá torres de hasta 145 metros. “Estamos a favor y fomentamos la inversión privada”, siguió Marra y subrayó que “a mí me gusta una ciudad con mucho, mucho cemento, para mí se quedaron cortos, había que hacer más altura”. El legislador sostuvo que en el recinto no estaba representado el sector privado. 

"Están recontrarepresentados los sectores privados", contestó a esto el diputado Javier Andrade, quien se refirió específicamente a Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño, uno de los principales funcionarios a cargo de la política urbanística de la Ciudad. Andrade reprodujo un audio de una entrevista en la que un desarrollador inmobiliario elogia al funcionario como "impulsor de los convenios urbanísticos" y asegura que su trabajo "para nosotros es música". “Ese se encarga de planificar el desarrollo urbano de la ciudad”, concluyó el legislador. 

Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, respondió a Marra y al oficialismo sobre los argumentos de que el plan oficial va a "llevar ciudad" a la costa: "Lo que menos hace falta son los edificios que se van a construir, ¿el 35 por ciento de la población que es inquilina o las 400 mil personas que viven en villas van a poder pagar un metro cuadrado a 5 mil dólares? Claramente no", sostuvo. "¿Cuál es el interés de que haya más viviendas de lujo que van a quedar vacías porque son para sectores que sólo invierten en ladrillos?", se preguntó por su parte la legisladora Claudia Neira. 

Al finalizar la sesión, María José Leveratto, del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, una de las organizaciones que impulsó la iniciativa, sostuvo a este diario que "los argumentos del oficialismo fueron pobrísimos y es importante resaltar que no dieron ningún espacio de diálogo con la ciudadanía, esto llegó directamente al recinto, donde no podemos hablar más que quejándonos desde la tribuna". El tratamiento en el recinto se dio a pocos días de cumplirse el plazo de un año establecido por la Ley 40, que regula el funcionamiento de las iniciativas populares, y sin haber debatido el proyecto en comisiones. 

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización que presentó el amparo que derivó en el fallo que mantiene frenada la venta, alertaron que la ausencia del debate previo es inconstitucional "porque no se cumplió con la convocatoria a audiencia pública obligatoria prevista en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad".