Américo Balbuena ingresó al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando la dictadura estaba terminando. Para entonces, la maquinaria de secuestros y muertes estaba en su estadio más avanzado. Con espías que habían actuado en los centros clandestinos, Balbuena aprendió el oficio de la reunión de información e incluso de la infiltración. Su obra cúlmine la llevó a cabo en plena democracia cuando se infiltró en la agencia de noticias Rodolfo Walsh durante más de diez años, como dio por acreditado el juez federal Daniel Rafecas. El juicio que se siguió contra Balbuena y dos de sus superiores, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez, funcionó como una vía de acceso hacia un mundo desconocido como es el Cuerpo de Informaciones que fue la cantera de espías como José Pérez –más conocido como Iosi, el espía que se metió en la comunidad judía–. El Congreso deberá revisar si las leyes secretas que siguen rigiendo la vida de los agentes de inteligencia de la PFA son compatibles con el ordenamiento democrático.
El proceso contra Balbuena duró algo más de dos semanas, pero fue una excursión hacia un mundo que sigue siendo opaco o con una lógica de la Guerra Fría, como dijo Sánchez, uno de los policías que terminó condenado. En las audiencias que presidió Rafecas fueron apareciendo muchas de las cuestiones que rigen el funcionamiento del Cuerpo de Informaciones que Balbuena integró por más de 30 años.
Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se creó el escalafón de auxiliares de inteligencia de Coordinación Federal. Fue después de la conformación de la Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE) – antecesora de la SIDE y de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI)--. Los dos organismos se nutrían de personal civil, a diferencia de las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas. Jorge Osinde estaba entonces a cargo de Coordinación Federal y después, en 1973, fue uno de los ejecutores de la masacre de Ezeiza.
En enero de 1958, cuando aún estaba en el poder la dictadura de la Revolución Libertadora, se dictó el decreto secreto 2075 de creación del Cuerpo y, en 1963, horas antes de que José María Guido dejara la Casa Rosada, se aprobó la Ley Orgánica. Cuatro años más tarde, se reglamentó a través del decreto 2322. Se hizo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ése es el ordenamiento que Rafecas pide que revisen tanto la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados como la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para ver si es compatible con las instituciones democráticas.
Un funcionamiento orgánico
A los espías de la PFA se los conoce como “plumas”. Hay leyendas distintas sobre el apodo. Algunos dicen que Osinde era un apasionado por la cetrería y quería tener agentes que salieran a cazar a sus presas. De esos halcones, solo quedaron plumas. En el juicio apareció otra versión: los efectivos de la PFA los llaman así despectivamente porque son quienes hacen las tareas de seguimiento de la propia fuerza –cuyo emblema es un gallo–. Algo así como que los "plumas" se dedican a la contrainteligencia.
Lo cierto es que los "plumas" de la PFA han tenido durante más de 70 años un régimen propio. No estudian con el resto de los aspirantes a oficiales o suboficiales. Durante largos años, ellos se formaban en la Escuela de Informaciones, que funcionaba en la Comisaría 8ª de la calle Urquiza. Esa comisaría se traspasó a la Ciudad y ahora la formación se completa en el Instituto Universitario de la PFA.
En la Ley Orgánica que todavía rige, hay algunas precisiones más. Al momento en que Balbuena ingresó al Cuerpo, había una serie de requisitos para ser admitido: ser nativo o argentino por opción, tener entre 20 y 30 años, no tener antecedentes, acreditar antecedentes morales –para eso se investigaba al aspirante y a su núcleo familiar–, haber hecho el Servicio Militar Obligatorio (SMO) o haberse presentado siempre a votar, haber completado la secundaria y pasar una serie de exámenes médicos, psicotécnicos y escritos.
En el Cuerpo, no hay nada más preciado que el secreto. Se considera una falta grave la infidencia o el invocar que pertenece al Cuerpo o a la PFA. “El cargo en el cuerpo es secreto”, dice la ley. Eso implica que el agente no puede darse a conocer como tal. Esta condición de agente secreto sigue trayendo problemas hoy por hoy a quienes hacen inteligencia criminal en la PFA. Se da la paradoja de que según la normativa vigente no podría decir que es un agente de inteligencia de esa fuerza, pero termina declarando en expedientes judiciales que muchas veces están accesibles en la web.
Los “plumas” nunca estuvieron bancarizados. Como deben esconder cuál es su verdadero trabajo pueden tener un empleo que funcione como pantalla, incluso en la administración pública.
Lo que no pueden es prestar funciones en otros servicios o agencias informativas. Ésta fue parte de la discusión en el juicio a Balbuena. ¿El espía con su infiltración en la Walsh no sólo estaba violando la Ley de Inteligencia que prohíbe la reunión de información por razones políticas sino también el propio ordenamiento del Cuerpo? El defensor de Balbuena, el exfiscal Jorge Álvarez Berlanda, dijo que, en realidad, la ley decía que no podían trabajar para otros servicios de inteligencia o para servicios privados como Nosis –algo impensado para cuando se dictaron los decretos-leyes–. Rafecas no compartió su visión.
El defensor de Ustares, Hernán Carluccio, llegó a decir que los espías y los periodistas se manejan con el mismo insumo: la información. “Lo que está terminantemente prohibido es que trabajen en servicios informativos. No es para proteger la actividad periodística sino porque el agente no puede utilizar la información privilegiada a la que accede para desempeñarse como periodista”, remarca un exfuncionario que debió lidiar con los “plumas”.
Un punto de inflexión
En 2013, la Agencia Walsh denunció que había estado infiltrada desde 2002 por Balbuena. La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, separó a Balbuena y a sus jefes. Balbuena terminó fuera de la fuerza. Cuando asumió como diputada, Garré presentó un proyecto de ley para disolver el Cuerpo.
El escándalo que se originó alrededor de Balbuena fue un punto de quiebre para los “plumas” de la PFA. Algo similar sucedió cuando se conoció que “Iosi” estuvo infiltrado en la comunidad judía durante catorce años. Él mismo pidió declarar, pero la justicia no investigó si alguna de las informaciones que le proveyó a la PFA se usó para los atentados contra la embajada de Israel o contra la AMIA ni por qué la PFA consideraba que debía infiltrar las instituciones judías.
“Iosi” arrancó para siempre a los plumas del anonimato. Su historia, plasmada en el libro de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky, se convirtió en una serie taquillera en la plataforma Amazon Prime. En las próximas semanas se estrenará la segunda temporada.
En la Ley Orgánica del Cuerpo dice que los “plumas” no pueden participar de partidos políticos, salvo que estén en misión. En eso estaba Mónica Amoroso cuando la descubrieron que llevaba años infiltrada en el partido que lideraba Gustavo Béliz. Hubo otros espías, como cuentan Lewin y Lutzky, que incluso estuvieron infiltrados en el Movimiento Todos por la Patria (MTP).
En el Cuerpo, solían reclutar mujeres. Eso lo contó en 1981 el exagente Luis Alberto Martínez. El “Japonés” Martínez incluso había mencionado a “Isabelita” como una de las infiltradas en Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. Durante la gestión Garré se encontró el legajo de Isabel Correa. Su historia fue revelada el año pasado por Página/12. Hasta entonces seguía formando a otros cuadros de la PFA.
Hubo otros “plumas” que dejaron su impronta en la institución como Pedro Santiago Godoy, “Calculín” en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo. Godoy, que terminó condenado como torturador, fue el primer responsable del Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC), creado en 1983 para darle una supuesta impronta democrática a la institución. El POC intervino en la investigación del atentado a la AMIA en la que la PFA "perdió", entre otras cosas, casetes con grabaciones.
“Lo que hacían los ‘plumas’ no es nuestra tarea actual. Tenemos áreas de inteligencia criminal en las cuatro fuerzas federales y actúan conforme lo autoriza la Ley de Inteligencia”, respondió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ante una consulta de Página/12. La PFA actualmente tiene una Superintendencia de Inteligencia Criminal que está a cargo del comisario Daniel Palasi.
El fin del espionaje político
Tanto Balbuena como sus dos exjefes en la División Análisis, Ustares y Sánchez, recibieron la pena máxima que estaba prevista para el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos: dos años de prisión en suspenso. Si bien salieron de Comodoro Py como llegaron, su condena tiene un impacto fundamental en el mundo del espionaje que suele salir indemne --como lo muestran las causas sobre la inteligencia ilegal durante el macrismo que naufragan en la instrucción--.
“Es una sentencia muy importante porque comprueba judicialmente lo que hace tiempo se planteaba: que la PFA tuvo y sigue teniendo la posibilidad de infiltrar personas sin dar explicaciones y sin control alguno”, le dice a este diario Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La dinámica institucional del Cuerpo no es algo desconocido por el sistema político, pero cuenta con una valoración positiva. Eso es lo que hay que poner en discusión. Celebramos la decisión de enviar al Congreso el fallo para que se evalúe la compatibilidad de este organismo –que se rige por el secreto– con la ley de Inteligencia y con el ordenamiento constitucional, porque es algo que hace tiempo reclamamos”.
Myriam Bregman salió de la Sala B de Comodoro Py diciendo que ella era diez años más joven cuando denunciaron la infiltración de Balbuena. La diputada del FIT-U fue parte de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que consiguió la condena junto con Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski.
"En el juicio, por las pruebas y por los dichos de los propios imputados, quedó claro que el Cuerpo sigue en funcionamiento. Como lo mostró el caso de la espía 'Isabelita', la clandestinidad profunda en la que actúan estos cuerpos de inteligencia les permite una continuidad prácticamente absoluta entre gobiernos dictatoriales y gobierno constitucionales", afirma la diputada que el año pasado presentó un proyecto para disolver el Cuerpo de Informaciones.
“Es necesario que rápidamente se tomen cartas en el asunto. La sentencia del juez Rafecas así lo ordena”, reclama Bregman. “Es importante que desde el Congreso podamos votar la disolución inmediata del Cuerpo y que el Presidente entregue todos los nombres de quienes han integrado este organismo que estuvo siempre al servicio del espionaje político".
