Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se sentará este martes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para recordarles a sus integrantes que el fallo del 2x1 que firmaron los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz junto con la exjueza Elena Highton de Nolasco representó un golpe demoledor para quienes llevan más de 45 años buscando verdad y justicia. La referente del movimiento de derechos humanos fue convocada a declarar en la misma sesión en la que deberá presentarse Germán Garavano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri, ya que la Comisión trabaja con la hipótesis de que la sentencia que favoreció al represor Luis Muiña se cocinó con el impulso del gobierno de Cambiemos.

La Comisión que preside la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos) se prepara para cerrar el capítulo dedicado al fallo del 2x1. Antes, escuchará a un grupo de periodistas que siguieron el tema y al exministro Garavano, a quien le preguntarán si el gobierno de Macri accedió a que Highton de Nolasco permaneciera en la Corte más allá de los 75 años –límite que establece la ley– a cambio de que aportara un voto clave para abrirles la puerta a los genocidas de una liberación temprana.

La declaración más fuerte de la jornada será la de la presidenta de Abuelas, que ya confirmó que asistirá. Es probable que Estela vaya acompañada por el abogado Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de la institución. En 2017, ella fue una de las caras del reclamo contra la Corte Suprema por haber aplicado la ley 24.390 a los criminales de lesa humanidad. De hecho, la primera reacción contra el fallo salió desde Abuelas de Plaza de Mayo: en la tarde del 3 de mayo de 2017, se improvisó desde la sede del organismo una conferencia de prensa para denunciar que se estaba gestando un proceso de impunidad a favor de los genocidas. Todo sucedía mientras la Iglesia llevaba adelante un cónclave en el que se hablaba de “reconciliación” y después de que la administración macrista hubiera intentado gestionar un encuentro entre defensores de los represores y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estaban por visitar el país.

Vínculos rotos

Desde entonces, la relación entre los organismos de derechos humanos y la Corte Suprema se tornó prácticamente inexistente. En 2016, se dejó de convocar a la Comisión Interpoderes –que había sido creada bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti para resolver las trabas en los procesos de lesa humanidad–. Después de que se firmara el fallo Muiña no había particular interés en revivir el tema: no solo era una cuestión sensible con el movimiento de derechos humanos, sino también hacia el interior del Poder Judicial. Solo entre mayo y agosto de 2017, 118 represores pidieron que les aplicaran el mismo beneficio que había recibido Muiña. El 95 por ciento de esas peticiones fueron rechazadas porque los jueces no querían seguir la doctrina de la Corte. El porcentaje abrumador lo aportó el 21 de marzo en su declaración la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

Durante cuatro años, la Interpoderes no se reunió pese a que existieron reclamos tanto de la PCCH como de los organismos de derechos humanos. Rosenkrantz se acordó de convocarla en octubre de 2020. Lo hizo después de que la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) presentara un pedido de juicio político en su contra por su postura frente a las causas de lesa humanidad. Entonces era una versión que Rosenkrantz había sido el impulsor del fallo Muiña; después de la declaración de su secretario letrado Federico Morgenstern, terminó siendo una certeza.

La Interpoderes volvió a reunirse pero el gobierno decidió no asistir. Lo mismo resolvió la mayoría de los organismos. Entendían que era una jugada de Rosenkrantz para lavarse la cara ante la acusación de Siley. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó con propuestas concretas sobre cómo la Corte podría colaborar con el avance de las causas y cómo podría transparentar su propia demora, pero –más allá de los elogios de Morgenstern ante la Comisión de Juicio Político– esas sugerencias no fueron puestas en marcha. Incluían, por ejemplo, darle mayor visibilidad a los recursos de lesa que están pendientes en el máximo tribunal para que los tiempos no se vuelvan eternos –como sucedió con el caso de Floreal Avellaneda --el “Negrito” que fue secuestrado con su mamá, torturado y arrojado en un vuelo de la muerte-- que estuvo ocho años en la Corte. El alto tribunal también le aplicó cronoterapia durante seis años al expediente sobre la responsabilidad de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño de la agroalimentaria Ledesma, en secuestros y desapariciones en Jujuy. Cuando finalmente lo resolvió, el Cuerpo Médico Forense (CMF) dijo que Blaquier no estaba en condiciones de sentarse en el banquillo y, al poco tiempo, murió impune.

A Rosenkrantz no le duró mucho el empuje con la Interpoderes. Según informó la titular de la PCCH ante la Comisión de Juicio Político, la Interpoderes solo se convocó en cuatro oportunidades desde que la desempolvaron: el 8 de octubre de 2020, el 17 de diciembre de 2020, el 10 de marzo de 2021 y el 15 de julio de 2021. Desde que Rosatti asumió al frente de la Corte, ese espacio no volvió a sesionar.

Las demoras

En junio de 2021, organismos de derechos humanos hicieron una presentación ante Naciones Unidas por las demoras de la Corte a la hora de revisar las causas de lesa humanidad. La presentación derivó en un pronunciamiento de cuatro relatores especiales sobre la gravedad de la situación. Cuando el ministro de Justicia, Martín Soria, fue a presentarse ante los cortesanos les enrostró que Argentina podía ser sancionada en foros internacionales por su culpa.

La Corte ya no publicita cuando resuelve algún caso de lesa humanidad –pese a que antes sus miembros solían decir que los juicios eran parte del contrato social de los argentinos–. Tiene en su poder, en estos momentos, causas sensibles como la de la responsabilidad de gerentes de la Ford en los secuestros de 24 trabajadores – que apunta directo al rol que jugaron las empresas, en este caso multinacionales, en la implementación del terrorismo de Estado– o la de las torturas a los conscriptos en Malvinas. En ese caso que involucra a 95 militares, Abuelas pidió intervenir como Amicus Curiae (amigo del tribunal) y que se convoque a una audiencia pública.

Tampoco están firmes casos emblemáticos como el Circuito Camps –que involucra a civiles influyentes como el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart– o lo sucedido en La Cacha, el centro clandestino donde estuvo cautiva Laura Carlotto hasta que dio a luz. Después fue sacada de allí y asesinada en la calle.