La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio para trece personas a las que acusa de "explotación y organización de juegos de azar" en la provincia de Salta.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, en conjunto con el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), permitió detectar una "compleja red dedicada a la captación de apuestas" para un sitio web no autorizado, vinculado a la plataforma bet365. Esta actividad, desarrollada sin la licencia para operar en la jurisdicción provincial, se dirigía a residentes en Salta, con lo que se vulneró la normativa vigente sobre juegos de azar, afirmó la fiscalía.

En la investigación se determinó que la organización operaba mediante una estructura jerárquica que incluía a “respaldos” encargados de administrar los fondos y pagar los premios; “administradores”, responsables de reclutar a los operadores directos, y “cajeros” que captaban apostadores y gestionaban las cargas de dinero a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Los “cajeros” recibían accesos a plataformas que simulaban ser sitios de apuestas oficiales, pero que en realidad operaban a través de dominios suplantados, lo que dificultaba su detección y control. En este esquema, los principales responsables de la gestión de fondos y la distribución de créditos virtuales eran personas ligadas a la firma AXON SAS, empresa que declara actividades distintas a los juegos de azar y se encuentra radicada en Buenos Aires.

Durante la investigación se utilizó la figura del “agente encubierto digital” en medios de comunicación informáticos y juegos en línea, con el fin de simular interés en los “casinos online”. Esta estrategia brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que permitieron conocer con mayor certeza la operatoria desplegada por los sospechosos tanto en nuestra ciudad como en el interior del país.

A través de entrecruzamiento de datos, la intervención de líneas y el empleo de este agente encubierto, personal del grupo investigativo de la UDEC identificó a las personas que ahora están imputadas, quienes se encontraban a cargo de distintas áreas dentro de una red ilegal denominada “Las Únicas”. Entre ellos, la fiscalía identificó a Roberto San Martín y a su hijo Tomás Nahuel San Martín, sobre quienes afirmó que habrían ejercido roles de administradores generales, supervisando y coordinando las actividades, incluyendo la recepción y transferencia de fondos.

Asimismo, se detectó la participación de otros integrantes, como Mariela Andrea Mollo, a quien se atribuye que cumplía funciones administrativas y de promoción; Facundo Villalba, implicado en la facilitación de transferencias y en la adquisición de vehículos con fondos provenientes de la red; y operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, quienes se habrían encargado de la gestión de cajeros, capacitación y estrategias de captación, según la descripción del MPF. 

La fiscalía también señaló que en paralelo, la pareja integrada por Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco habría administrado redes internas de cajeros y utilizado vehículos adquiridos con recursos de la organización. Por su parte, Constanza María Di Leandro, vinculada sentimentalmente con Galván, sería responsable de los movimientos financieros entre los integrantes de la red.

Para la fiscal Salinas Odorisio, el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y ENREJA, basado en análisis contables, registros telefónicos, allanamientos y seguimientos virtuales, permitió recolectar pruebas que indican la operatividad de la red sin las autorizaciones legales pertinentes, generando un perjuicio económico para la provincia y comprometiendo la integridad del sistema regulatorio.