La presidencia de Michel Temer se pondrá hoy en juego, en la Cámara de Diputados que debe votar la aceptación o el rechazo de la denuncia penal por corrupción que le hizo el fiscal general, Rodrigo Janot. El gobernante está acusado de recibir y avalar sobornos por parte del grupo frigorífico JBS. Este pleito parlamentario puede derivar en una suspensión de seis meses.

Tras un receso de dos semanas, la Cámara de Diputados retomó sus sesiones y reinició el trámite previo a la votación. En la primera jornada, fue leído en la Cámara baja un informe aprobado por una comisión que rechaza las acusaciones de corrupción pasiva formuladas por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, que dijeron que sobornaron a Temer desde el 2010 y que ello se mantuvo una vez que llegó al poder. La lectura de ese informe en el pleno era un requisito necesario para proceder a la votación prevista para hoy, que definirá si se autoriza que la Corte Suprema instaure un juicio penal contra Temer, quien en ese extremo sería suspendido del cargo durante 180 días y destituido si al cabo del proceso fuera declarado culpable. 

Esa votación, como admitió el propio Supremo, tendrá un carácter netamente político, un terreno favorable a Temer y a su mayoritaria base parlamentaria, que precisa el apoyo de al menos 172 de los 513 diputados para que la denuncia sea archivada. Según los cálculos del gobierno, el oficialismo cuenta con por lo menos 250 votos, lo que haría inviable el esfuerzo de la minoritaria oposición, que deberá reunir una mayoría calificada de dos tercios (342 diputados) para dar curso a la denuncia. Defender a Temer, según las encuestas, tiene un alto costo político para quienes buscan la reelección en el 2018, pero también forma parte de mantener la estabilidad de una gestión que está tropezando en la macroeconomía que promete, si sobrevive, y realizar la reforma previsional, una de las fases del ajuste del gasto público que se aplica desde el año pasado.  

Por su parte, el gobierno usó todos los mecanismos constitucionales y legales para intentar convencer a los diputados: liberó cerca de 900 millones de dólares en partidas presupuestarias extras para parlamentarios en los últimos 45 días e intentó agrupar a los partidos aliados que forman parte de la coalición de gobierno. La liberación de enmiendas parlamentarias de presupuesto extra, que son legales, fueron denunciadas ante la fiscalía por la oposición, que las consideró una compra de voto. Además, según cálculos del propio gobierno, durante las dos semanas que duró el receso Temer se entrevistó personalmente con unos 160 diputados, que le garantizaron su apoyo en la votación de hoy. Esos contactos personales fueron reforzados incluso ayer, cuando el mandatario participó en un almuerzo ofrecido por 52 diputados de partidos de la coalición gobernante.

La minoritaria oposición, que en su totalidad votará por darle curso al proceso, admitió la superioridad de la base oficialista pero aún así se dispone a obstaculizar la sesión de hoy, a fin de que la votación sea postergada. La intención sería dar tiempo a que la Fiscalía pueda presentar alguna otra denuncia contra Temer, quien también es investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, lo cual se prevé que complicaría su situación política. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, dijo ayer que toda maniobra destinada a impedir la votación no prosperará. “Vamos a votar porque es una obligación. Brasil no puede tener a un presidente denunciado sin que el Parlamento delibere sobre el asunto”, declaró.

La denuncia indica que Temer avaló y recibió sobornos por parte de la empresa frigorífica JBS. Como se trata del jefe del Estado, la cuestión la define la Cámara de Diputados. Y, en caso de aceptar la denuncia, la Cámara baja suspenderá por seis meses al presidente, lapso en el cual el Supremo Tribunal Federal deberá emitir veredicto. Caso contrario, la denuncia será archivada. 

La denuncia que será tratada por Diputados está basada en la delación premiada de la empresa JBS, cuyo dueño, Joesley Batista, grabó en forma secreta a Temer durante una reunión en la residencia oficial del gobernante el 7 de marzo pasado. Batista y su hermano Wesley, que hicieron un imperio económico a partir de la ayuda del banco de fomento Bndes, se agarraron a la delación premiada a cambio de entregar la red de sobornos que abastecieron. En la grabación del escándalo que fue revelada en mayo por el diario OGlobo, Temer supuestamente avaló sobornos y le indicó a Batista a su asesor Rodrigo Rocha Loures como destinatario de posibles ventajas. Después de esa reunión, la policía federal filmó a Rocha Loures cuando recibía una valija con 500 mil reales (150 mil dólares) en la ciudad de San Pablo, que el fiscal general entiende que eran parte de las coimas destinadas a Temer.

Según una encuesta divulgada por Ibope Inteligencia, el 79 por ciento de los electores cree que los diputados que voten contra la denuncia de Temer son “cómplices de corrupción” y 73 por ciento afirma que estos parlamentarios no deberían ser reelegidos en el 2018. La denuncia ocurre en momentos de escasa movilización popular y con las meta del déficit fiscal amenazada, lo que abrió un nuevo frente en la crisis política y económica del país.